Lejìa, estropajo, y jabón

Mes tras mes los barómetros del CIS señalan que la corrupción y el fraude suponen, después del paro, el principal problema que padece España. En torno al 40% de los encuestados consideran que es el problema más grave.

Los ciudadanos se debaten entre la indignación por el elevado número de casos de corrupción que van apareciendo, y la resignación ante un estado de cosas que parece consustancial con las prácticas políticas. Parece que las conductas fraudulentas se han convertido en España en algo endémico. Un mal que todo el mundo condena, pero que nadie sabe cómo erradicar.

Todo el mundo parece creer que la corrupción es cosa de otros. Sin embargo, es cosa de todos. Porque todos podemos estar practicando pequeñas corruptelas en nuestra vida cotidiana, y porque todos tenemos la obligación de combatirlas. Las nuestras y las de las personas de nuestro entorno.

Hemos llegado a esta situación por la combinación de tres versiones diferentes de corrupción: personas potencialmente corruptas, que se mueven en una sociedad corrupta que lo tolera, y con un sistema político-institucional que lo facilita.

España necesita lejía, estropajo y jabón. Lejía para desinfectar partidos, sindicatos e instituciones. Jabón para limpiar la suciedad que existe en las conductas individuales: la picaresca general y los pequeños fraudes. Y estropajo para arrancar los nidos de paràsitos que prosperan a costa de lo público.

La gamonalita

Los investigadores sociales de la universidad de La Barricada han descubierto una nueva sustancia. Se trata de la gamonalita, un compuesto cuyos efectos inmediatos más visibles son la capacidad de anular las decisiones tomadas por ayuntamientos que han sido elegidos libremente por los ciudadanos.

Para su fabricación se necesita un cabreo latente en una parte de la población, el apoyo interesado de los partidos que aspiran a sustituir a los que ahora gobiernan, y la actuación decidida de una minoría violenta, todo ello sazonado con fuertes dosis de populismo y demagogia.

Una vez se dispone de esos materiales, sólo se necesita un desencadenante que haga saltar la chispa en ese compuesto altamente inflamable. Puede ser la urbanización de una calle, la construcción de una línea de tranvía, o el cierre de un hospital. Eso es lo de menos.

Seguramente, los vecinos del barrio burgalés de Gamonal tienen razones de peso para no querer las obras que había decidido su ayuntamiento. Probablemente no es una remodelación lo que más necesita Burgos en estos momentos. Pero el proyecto estaba en el programa de todos los partidos –excepto en el de UPyD-, y una abrumadora mayoría de burgaleses habían votado a esos partido.

Pero la principal característica de la gamonalita es su capacidad destructiva de los principios democráticos. Cuando una sociedad admite que unos contenedores ardiendo representan mejor al pueblo que unas urnas selladas, está admitiendo también la inutilidad de las urnas. Una docena de contenedores de basura cuestan mucho menos dinero que unas elecciones libres. Sustituir la voluntad democrática por la dictadura del más fuerte, del que más grita, o del que más escaparates destroza es una opción política. Pero resulta paradójico que prefieran esa opción aquellos que día sí y día también se declaran enemigos irreconciliables de una dictadura que terminó hace casi 40 años.

Programa, conciencia y pesebre

El pasado martes la diputada del PP, Celia Villalobos, pidió, en la Comisión Ejecutiva de su partido, libertad de voto en la reforma de la ley del aborto. Una petición que nos hace reflexionar sobre otra de las perversiones que aquejan al sistema político, y que lo convierte en partitocrático en lugar de democrático.

La Constitución establece que los diputados no estarán sometidos a mandato imperativo, con la intención de que puedan ejercer la representación directa de los ciudadanos que les han elegido.  Por otra parte, los candidatos a diputado se presentan en una lista avalada por un partido determinado, lo que implica que asumen como propias las propuestas del programa electoral de ese partido. En consecuencia, cada diputado se debe en primer lugar al programa, y en segundo lugar a su conciencia, en todo aquello que no esté especificado en el programa.

Sin embargo, en la práctica, los diputados se limitan a votar lo que en cada caso les indica su jefe de grupo, en aplicación del principio aconstitucional de "disciplina de voto". Saben que nadie podría impedirles votar de manera diferente, pero también saben que si lo hicieran su partido no volvería a incluirles en la siguiente candidatura, ni serían designados para cargo alguno.

Con el sistema actual de listas cerradas y bloqueadas los aparatos de los partidos secuestran la democracia, apropiándose de la lealtad que los legisladores deben al programa, a sus electores y a su conciencia. Por su parte, muchos diputados venden su dignidad al partido a cambio de la expectativa de disfrutar de un buen pesebre durante muchos años.

Y los electores regalan su soberanía cuando entregan ciegamente su voto a unas siglas, sin preocuparse mucho de conocer los programas, ni la integridad de los candidatos que figuran en la lista.