Sangre, sudor y lágrimas

Esto sólo acaba de empezar. No sabemos cuánto se tardará en detener la pandemia, pero cabe esperar decenas de miles de infectados y muchos miles de fallecidos, sólo en España. Serán dos, cuatro o seis meses de angustia sanitaria, y otros tantos de parálisis en la industria, el comercio y los servicios. El miedo de los ciudadanos se puede resumir en dos tarjetas: la sanitaria y la de crédito.

Porque si el golpe que va a recibir la sociedad en el plano de la salud va a ser muy doloroso, el hachazo que nos espera desde el lado de la economía puede ser aún mucho peor. Ante la situación de cierre de comercios y de empresas, todo el mundo espera del gobierno medidas compensatorias. Los trabajadores que no pueden trabajar esperan que alguien pague  sus sueldos, y las empresas que no pueden vender esperan que el Estado les conceda ayudas especiales.

¿Y qué va a poder hacer papá Estado? Dejará de recaudar el IVA de todos los productos que no se van a vender, de todos los bienes que no se van a fabricar, de todos los turistas que no van a venir. Dejará de recaudar el IRPF de todos los trabajadores que no van a poder trabajar y el impuesto de sociedades de todas las empresas que no van a tener beneficios o que tendrán que cerrar. Simultáneamente tendrá que multiplicar el gasto en una Sanidad sobrecargada, en unas prestaciones sociales desbordadas. Todo esto con una deuda del 96% del PIB, y con escasas posibilidades de obtener préstamos en los mercados mundiales fuertemente golpeados.

Tengo razones para dudar de la capacidad del presidente del gobierno para estar a la altura. Pero creo que haría bien en prevenir a esta sociedad tan alegre y confiada hasta anteayer de que nos espera lo que Winston Churchill prometió a los británicos en la Segunda Guerra Mundial: Sangre, sudor y lágrimas.

El festival del sofisma

Un sofisma es una razón o argumento aparentemente consistente, con el que se quiere defender o persuadir de algo que es falso. Entre muchas otras habilidades, nuestros políticos se han especializado en manejar los sofismas con la mayor soltura. Lanzan un mensaje que parece coherente, y millones de ciudadanos lo hacen suyo sin pararse ni un minuto a pensar si les han vendido una burra coja. Los ejemplos son innumerables, y darían para un extenso tratado, pero hoy me quiero referir a uno que está muy de moda estos días, con motivo de las protestas de personal sanitario por la intención de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de algunos hospitales.

El sofisma aireado a bombo y platillo por socialistas y comunistas es el que dice: “quieren hacer negocio con la salud de la gente”. Dicho con tono de escándalo y con gesto de incredulidad, y dando a entender implícitamente que hacer negocio es malo en sí mismo, y que si es a costa de la salud de la gente es aún peor.

Puede entenderse que ciertos líderes políticos carezcan de vergüenza y engañen masivamente a los ciudadanos, con tal de arañar unos miles de votos al adversario político. No es ético, no es leal, no es limpio, pero ya estamos acostumbrados a que la ética, la lealtad y la limpieza no sean las cualidades más destacadas de la mayoría de los partidos políticos. Lo que cuesta más entender –y dice bien poco de la madurez ciudadana de los españoles- es la facilidad con la que aceptan manipulaciones tan groseras.

Porque con la salud vienen haciendo negocio decenas de miles de personas. Desde los que trabajan en un laboratorio farmacéutico hasta los que venden ambulancias, pasando por todo el personal sanitario, las empresas que proveen a los hospitales de toda clase de suministros. El personal administrativo de la Seguridad Social, los farmacéuticos, los veterinarios, y los funcionarios de la OMS. Todos ellos viven a costa de la salud de la gente.

Igual que los panaderos, los carniceros, los fruteros, los agricultores, los ganaderos, y los supermercados viven a costa del hambre de la gente. O tal como los fabricantes e instaladores de cerraduras y sistemas de seguridad viven a costa del miedo de la gente; los jueces, procuradores y abogados viven a costa de los conflictos que tiene la gente; y las funerarias viven a costa de la muerte de la gente.

¿Por qué no se dejan de tonterías? ¿Por qué no dicen que los sanitarios de Madrid protestan porque no quieren perder su estatus de empleados públicos? ¿Por qué no reconocen que la gestión privada introducirá modelos de eficacia que reducirán su calidad laboral? Es legítimo protestar por eso. No hace falta engañar a la gente. Pero hay que deducir que si existen tantos grupos de interés dedicados a engañarnos, debe ser porque somos muy fácilmente engañables.

Como pollos sin cabeza

Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad puede dejar de condolerse con la tragedia de la mujer que se ha suicidado arrojándose al vacío en Baracaldo. Dicho esto, sería bueno que todos –y especialmente los medios de comunicación y los políticos- reflexionáramos unos momentos sobre la cuestión, en vez de lanzarnos a correr como pollos sin cabeza.

El suicidio se ha producido cuando se iba a producir el desahucio de su vivienda, pero sería ingenuo concluir que no había otros factores previos en la situación personal de la víctima. Si los desahucios desencadenaran automáticamente suicidios ya se habrían suicidado varios cientos de miles de personas por ese motivo. El desahucio ha podido ser la gota que ha colmado el vaso de una larga serie de elementos –depresión, soledad, fallos en la red familiar y social-, sin los cuales esa mujer hubiera reaccionado de manera diferente ante el desahucio.

Una vez conocida la noticia, la opinión pública, convenientemente agitada por los medios de comunicación ha reaccionado con espanto, y tras ella prácticamente la totalidad de los políticos, que parecen haber descubierto de pronto que impedir los desahucios será impedir los suicidios.

Pues bien, cada año se producen en España unos 3.500 suicidios, sin que nadie mueva un dedo, ni muestre la menor alarma. Además, por cada suicidio consumado se producen dos intentos de suicidio fallidos, lo que supone que cada año intentan quitarse la vida unas 11.000 personas, Cada una de ellas es el reflejo de un drama. Empresarios arruinados, parados desesperados, novios abandonados, incluso estudiantes suspendidos. Los desencadenantes pueden ser docenas.

¿Qué piensan hacer los políticos ahora? ¿Legislarán para que nadie se arruine, por si acaso se quita la vida? ¿Impedirán que haya parados que puedan suicidarse? ¿Harán un decreto prohibiendo que nadie deje tirado a su novio? ¿Quizá reformarán la Constitución para erradicar la depresión por ley?

Se suele decir que no es bueno “legislar en caliente”. Sin embargo, en este caso parece que todo el mundo está de acuerdo en hacer lo que sea, tenga o no sentido; sea o no injusto con los que son lanzados de su vivienda por no pagar un alquiler. De nuevo una alocada estampida. De nuevo el aleteo insensato de unos pollos sin cabeza.

Es probable que sea conveniente reformar la Ley Hipotecaria, pero mal vamos si la razón principal es porque se ha producido un suicidio.

Recortes o reformas

Ayer defendía la necesidad de reformar el sistema sanitario -y lo mismo ocurre con el educativo, que abordaré otro día-. No se puede seguir manteniendo el espíritu de buffet libre en la prestación de servicios, porque los ciudadanos no son del todo conscientes de lo que les cuestan, y porque fomentan el abuso y la ineficiencia.

Con todo, las medidas anunciadas en Sanidad no me parecen las más convenientes. Dejando aparte el hecho de que todo el alud de medidas del gobierno deja en evidencia la falsedad y la cobardía que desplegó el PP durante la campaña electoral –hecho gravísimo en sí mismo-, en todas ellas se aprecia la imperiosa necesidad de recortar, y una insuficiente elaboración de reformas estructurales imprescindibles.

Las medidas de racionalización en Sanidad podrán ser aplicadas o no en las CC.AA., con lo que pueden aumentarse la diferencia en los derechos de los españoles en función de la región en que habitan. Si no todas las CC.AA. las aplican, el efecto esperado en cuanto a recuperar confianza de los mercados internacionales se habrá perdido en buena medida. Como viene proponiendo UPyD, habría sido necesario, primero, devolver al Estado las competencias normativas sobre estos servicios, para que la Sanidad fuera la misma para todos, aunque siguiera estando gestionada por lso gobiernos autonómicos.

Se crea, además, un sistema complejo, ligado a la renta de cada usuario, lo que supondrá un elevado coste, una mayor burocracia, y abrirá una puerta más al fraude y al chanchullo –cosas en las que somos expertos en España-. Nada garantiza que muchos médicos vayan a dejar de recetar alegremente todo lo que le piden sus pacientes. Nada garantiza que los pensionistas –y ahora también los parados sin prestación- sigan consiguiendo recetas para toda la familia. No se hace nada para evitar el abuso de las urgencias, ni de las consultas de atención primaria.

En definitiva: un parche para ir tirando. Una leve mejora respecto a lo anterior. Pero todavía muy lejos de una reforma que fomente la responsabilidad de los usuarios y del personal sanitario. Aceptamos el recorte. Pero esperamos la reforma.

Sanidad de buffet libre

El gobierno ha anunciado una reforma sanitaria que incluye el pago parcial de los medicamentos por parte de los pensionistas. Pagarán el 10% de su importe, con un máximo mensual entre 8 y 18 euros, según sus ingresos. También pagarán un 10% más los trabajadores en activo, y en cambio no pagarán nada los desempleados sin prestación.

La reacción de una parte de la opinión pública ha sido explosiva: inadmisible; ataque a la sanidad; los jubilados tendrán que escoger entre comer o medicarse; afectará a la salud de los más pobres, etc. Me pregunto por qué en España tenemos tanta dificultad para contemplar con serenidad los asuntos. Aquí no hay términos medios: o las cosas son maravillosas o terroríficas. Ángeles o demonios.

Resulta increíble la ceguera de aquellos que no entienden que el sistema actual es completamente irracional, además de insostenible. No es razonable que España se haya convertido en el primer destino mundial de turismo sanitario, porque aquí se proporciona sanidad gratuita a cualquiera que viene. No tiene sentido que un mileurista con dos hijos pague el 40% de los medicamentos, y un jubilado con pensión de 3.000 euros los obtenga gratis. No es eficiente que las urgencias se utilicen generalizadamente en sustitución de la atención primaria. No puede ser que los botiquines domésticos estén atiborrados de medicamentos. No es legítimo que familias enteras obtengan medicinas gratis a través de la tarjeta sanitaria del abuelo.

Se argumenta, con razón, que ya pagamos la sanidad a través de las cotizaciones y los impuestos. El gran fallo de este método es que existe gran distancia entre el que paga y el que recibe. Todos pagamos la sanidad –la utilicemos o no-, pero al no pagar según su uso, se dispara la tendencia a abusar del sistema. Igual que ocurre en los restaurantes de buffet libre: al mismo precio, la gente tiende a atiborrarse, y al que sólo se come un plato de ensaladilla se le pone cara de idiota.

Con todo, creo que la reforma anunciada no va a terminar con las ineficiencias. Pero eso lo explicaré mañana.

La gripe ¡ah!

La ministra de Sanidad se reúne con los respectivos consejeros de las CC.AA.
La U.E. y la OMS emiten casi a diario comunicados.
Los medios de comunicación nos apalean constantemente con noticias al respecto.
Los padres están preocupados por la salud de sus hijos ante el comienzo del curso.
El ejército custodia los medicamentos correspondientes.
Las vacunas no parecen estar suficientemente contrastadas.
La tasa de mortalidad es de uno por cada dos mil contagiados.

¿Qué está pasando con la gripe A?
¿Es una grave amenaza para la población mundial? ¿Sólo es una más de los cientos de infecciones y enfermedades que nos acechan cada día? ¿Es más grave de lo que nos cuentan? ¿Es menos grave, pero ayuda a vender periódicos y distrae la atención? ¿Se trata de un gigantesco montaje de la industria farmacéutica?
Yo no lo sé. Pero todo este jaleo me parece mucho ruido para pocas nueces.