Los pastos de La Moncloa

Uno de los recursos que le gusta emplear a Pedro Sánchez es el de recuperar antiguos eventos, tratando así de beneficiarse del prestigio que en su momento tuvieron los mismos. Lo ha hecho con su propuesta de un nuevo Plan Marshall, y ahora pretende ser el Adolfo Suárez del siglo XXI con unos nuevos Pactos de La Moncloa.

Considero que es altamente improbable alcanzar ahora un acuerdo equivalente. La maniobra no carece de astucia: si se firman esos pactos, los partidos de derecha aparecerán como corresponsables de la catástrofe económica que nos espera. Y si fracasa el intento los partidos de derecha serán los responsables de esa catástrofe “por no haber arrimado el hombro”.

Las razones de la escasa viabilidad de unos nuevos Pactos de La Moncloa son varias. Por una parte, en 1977 la mitad de la población española conservaba el recuerdo de la Guerra Civil, y estaban dispuestos a renunciar a muchas de sus ideas a cambio de no repetir semejante tragedia. Hoy, aunque son muchos los que se esfuerzan en recordar aquella contienda, son ya muy pocos los que la vivieron en sus carnes.

En segundo lugar, en 1977 lograron alcanzar acuerdos los diferentes partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. En 2020 habrían de añadirse también los representantes de 18 Comunidades Autónomas, entre ellos los que no pierden ocasión para que España como nación unitaria se rompa.

En tercer lugar, el gobierno de Pedro Sánchez es una coalición del PSOE con un partido que se ha distinguido desde su aparición por atacar tres objetivos: la casta, los ricos, y la Transición de 1978. Lo de la casta lo han olvidado desde que entraron a formar parte de ella. Pero su fobia a los ricos y a la Transición permanece inmutable. No resultará fácil formar un equipo de bomberos eficaz habiendo pirómanos entre ellos.

Por último, en la sociedad española de 1977 predominaba el deseo de alcanzar la democracia –algo desconocido entonces, pero que sonaba bien-, y la ilusión de incorporarse a una Europa percibida como más moderna y próspera que nuestro país. En estos momentos son ya bastantes los que se sienten defraudados por la democracia, y los que ven a Europa como una fuente de imposiciones y un club en el que cada uno va a lo suyo. 

Puede que la sociedad considere al Estado como a una vaca a la que sacar el máximo jugo. Pero no es menos cierto que para muchos políticos los ciudadanos no son sino un gran pastizal de votos del que se alimentan y engordan.

Añorado Míster Marshall

Tras la II Guerra Mundial, el Secretario de Estado norteamericano, George Marshall, impulsó un plan para la reconstrucción de los países de Europa Occidental que habían participado en la contienda. Este plan supuso la inyección de miles de millones de dólares que permitieron la reconstrucción de infraestructuras y el relanzamiento de la estructura productiva europea, asegurando de paso la influencia de EE.UU. en el viejo continente. España, sumida en la autarquía fascistoide del general Franco, quedó excluida de ese Plan.

Ante la profunda recesión que se nos viene encima como consecuencia de la expansión del Covid-19, el Presidente Pedro Sánchez aparece en televisión ofreciendo 200.000 millones de euros y asegurando que "nadie se va a quedar atrás". Después pide socorro a las instituciones de la UE reclamando “un nuevo Plan Marshall” que permita a España afrontar la tormenta económico-social que se avecina. Haciendo gala de un talante muy celtibérico, Sánchez se pone a la cabeza del gran anhelo de la sociedad española actual: “que alguien solucione mis problemas”.

Sin embargo, existen algunas diferencias entre la situación de 1950 y la de 2020. En primer lugar que el Plan Marshall original consistió en la aportación de una economía pujante –la de EE.UU.- a unos países fuertemente golpeados por la guerra. En el quimérico Plan Marshall que reclama Sánchez, en cambio, se trataría de un plan de autoayuda, en el que países de Europa central y del norte –que también van a sufrir los efectos del Coronavírus-, se ayuden a sí mismos, y de paso a sus indolentes socios de la Europa del Sur.

Por otra parte, parece bastante ingenuo esperar de la actual Administración norteamericana el menor gesto de solidaridad hacia Europa, más aún teniendo en cuenta que el país de las barras y estrellas tampoco va a salir bien parado de esta pandemia.

Claro que queda la alternativa de que sea China –la nueva gran potencia económica- la que ahora salve a Europa. No lo haría gratis, naturalmente. Pero tampoco nos costaría mucho que pasáramos de comer hamburguesas, beber Coca-Cola, y celebrar Halloween, a hacernos adeptos a los rollitos de primavera, el licor de arroz y a festejar el Gran Dragón.

Todo siempre que el plan chino no se olvidara de Pedro Sánchez como los americanos se olvidaron del alcalde de Villar del Rio.

Sangre, sudor y lágrimas

Esto sólo acaba de empezar. No sabemos cuánto se tardará en detener la pandemia, pero cabe esperar decenas de miles de infectados y muchos miles de fallecidos, sólo en España. Serán dos, cuatro o seis meses de angustia sanitaria, y otros tantos de parálisis en la industria, el comercio y los servicios. El miedo de los ciudadanos se puede resumir en dos tarjetas: la sanitaria y la de crédito.

Porque si el golpe que va a recibir la sociedad en el plano de la salud va a ser muy doloroso, el hachazo que nos espera desde el lado de la economía puede ser aún mucho peor. Ante la situación de cierre de comercios y de empresas, todo el mundo espera del gobierno medidas compensatorias. Los trabajadores que no pueden trabajar esperan que alguien pague  sus sueldos, y las empresas que no pueden vender esperan que el Estado les conceda ayudas especiales.

¿Y qué va a poder hacer papá Estado? Dejará de recaudar el IVA de todos los productos que no se van a vender, de todos los bienes que no se van a fabricar, de todos los turistas que no van a venir. Dejará de recaudar el IRPF de todos los trabajadores que no van a poder trabajar y el impuesto de sociedades de todas las empresas que no van a tener beneficios o que tendrán que cerrar. Simultáneamente tendrá que multiplicar el gasto en una Sanidad sobrecargada, en unas prestaciones sociales desbordadas. Todo esto con una deuda del 96% del PIB, y con escasas posibilidades de obtener préstamos en los mercados mundiales fuertemente golpeados.

Tengo razones para dudar de la capacidad del presidente del gobierno para estar a la altura. Pero creo que haría bien en prevenir a esta sociedad tan alegre y confiada hasta anteayer de que nos espera lo que Winston Churchill prometió a los británicos en la Segunda Guerra Mundial: Sangre, sudor y lágrimas.

Igual no es gratis

Una de las causas de la marea de populismo que se extiende por Europa consiste en el uso deliberadamente torcido del concepto “igualdad”. Sin embargo, aunque lo llaman igualdad, en realidad lo que se predica es un igualitarismo artificialmente impuesto.

Como dice Enrique Santos Discópolo en su tango Cambalache: “Todo es igual. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor”,  y las consecuencias de semejante disparate se pueden apreciar en los resultados de referenda como los de Grecia, el del independentismo catalán, o el más reciente de Gran Bretaña.

En un mundo globalizado todas las decisiones políticas y económicas presentan una altísima complejidad, que desafía la inteligencia y los conocimientos de los más grandes expertos. Sin embargo, políticos de talla menguada como Txipras en Gracias, Artur Mas en Cataluña, Cameron en Gran Bretaña o Iglesias en España se obstinan en cargar sobre las espaldas de ciudadanos corrientes unas decisiones que sobrepasan con mucho su capacidad de contemplar todas las consecuencias.

La otra pata en la que se sustenta el populismo consiste en el enaltecimiento del “gratis”. Y no sólo en cuanto a su dimensión económica: sanidad gratis, educación gratis, vivienda gratis, transporte gratis y fiestas gratis. A este respecto, es evidente que cuando algo es gratis para uno es porque hay otro que lo paga. La trampa del populismo es hacer creer a los ciudadanos que los que van a pagar son otros.

Hay otra dimensión del “gratis”, probablemente aún más dañina para la sociedad. La de que las decisiones no tienen consecuencias, o la de que hay decisiones que únicamente tienen consecuencias positivas. No es necesario explicar que eso nunca es así.

El populismo consiste en decirle a la gente lo que quieren oír, ofreciendo soluciones simples para problemas complejos. Un espejismo atractivo en el que todos seremos iguales y todo nos saldrá gratis. Una oferta interesante para los que creen en los Reyes Magos. Pero igual no es gratis. Antes o después, los errores se pagan siempre.

Chiringuitos para okupas

Durante los últimos 35 años España ha pasado de tener una Administración piramidal de tres pisos –ayuntamientos, diputaciones provinciales, y Estado- a una torre de seis pisos -ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, Estado y Unión Europea-. Además, de cada uno de estos cuelgan racimos de organismos, observatorios, comités, delegaciones, subdelegaciones, consorcios, entes, y empresas públicas y semipúblicas.

Naturalmente, en todos esos organismos anidan cientos de miles de españoles, que han encontrado acomodo a la sombra del poder político en miles de chiringuitos, muchos de los cuales son perfectamente prescindibles.

Los demás españoles –los que no llenan el frigorífico gracias a alguna de estas bicocas, los que se ganan la vida trabajando en cualquier sector productivo, parecen haberse cansado de este estado de cosas, y cada vez son más los que creen que hay demasiados políticos en demasiados sitios. Sin embargo, el problema no está en que haya un exceso de políticos, sino en que hay un exceso de chiringuitos para albergar políticos y amigos y familiares de políticos.

Aplicando la vieja cuestión de qué fue antes, el huevo o la gallina, aquí podemos afirmar que lo primero fue el chiringuito. Exactamente igual que si no hubiera pisos vacíos, no habría okupas. Nadie nace okupa y nadie nace político. Los okupas son una especie eminentemente oportunista que aprovecha en beneficio propio algo que ya existe.

Se precisa una drástica reducción de los niveles de la administración –suprimiendo diputaciones provinciales y comarcas, por ejemplo-, si se quiere reducir la pesada carga de políticos y afines que medran a costa de los impuestos de los ciudadanos que trabajan en algo útil. Si no queremos que haya tantos okupas,- hay que derribar los chiringuitos sobrantes.

Del maletín al Monedero

En España, el “maletín” es la metáfora que mejor representa el fraude económico de altos vuelos. Evoca movimientos fraudulentos de capitales. Potentados que mueven millones de origen dudoso para saltarse las normativas fiscales o directamente el Código Penal.

También está asociado a chanchullos varios de partidos políticos que mientras presumen de honradez, no dudan en eludir las normas que ellos mismos han aprobado . El caso Flick, la familia Pujol, Gurtel, son sólo algunos ejemplos del cinismo de unos golfos que hacen justo lo contrario de lo que dicen.

Afortunadamente, la sociedad parece haber despertado de un estado semicatatónico en el que se dejaba esquilmar por los poderosos con la misma fatalista resignación que los judíos de Varsovia subían a los trenes que les llevarían al exterminio. Los ciudadanos se muestran indignados con la corrupción, y consideran ahora a cualquier político, banquero o empresario como un corrupto potencial. La práctica del “maletín” suscita, por fin, el rechazo unánime de la sociedad.

Sin embargo, esa condena no se ha extendido todavía a la otra corrupción. A la que no mueve muchos millones, sino sólo miles o decenas de miles. La que va desde el autónomo que realiza un trabajo sin emitir factura al que crea una empresa fantasma para eludir el pago del IRPF. Una corrupción menos llamativa, pero infinitamente más extendida. Pero no deja de ser corrupción, igual que un chorizo de barbacoa no deja de ser chorizo.

Paradójicamente, está siendo el partido que se ha proclamado como defensor de los pobres y como azote de corruptos de altos vuelos, el que puede despertar también en los ciudadanos la conciencia de que estas golferías menores tampoco pueden ser toleradas. Parece que el rechazo social no se va a quedar sólo contra el maletín, sino que puede volverse también conta el “monedero”.

Porque tras conocerse las martingalas de Erejón al abrigo de la casta universitaria, el caso de Juan Carlos Monedero, ese exponente de la izquierda  ejemplar, que constituyó una sociedad sin actividad alguna para evitar pagar a Hacienda como hacen todos los trabajadores por los que él dice preocuparse, ha puesto el foco sobre la otra cara de la corrupción. Esa en la que no son unos pocos que se llevan millones en maletines, sino muchísimos que se llevan miles de euros en sencillos monederos.

Pagar o no pagar

Las elecciones generales en Grecia han dado el resultado esperado: Alexis Tsipras ha obtenido una contundente victoria, aunque no ha logrado la mayoría absoluta. Se veía venir. Europa entera tiembla: unos de alegría y otros de terror. Las incógnitas más relevantes permaneces sin despejar. ¿incumplirá el próximo gobierno griego los compromisos de pago con sus acreedores? ¿volverá Grecia al dracma? ¿será expulsada de la zona euro por los demás países? ¿se extenderá el ejemplo a otros países del sur de Europa como desea Pablo Iglesias? ¿qué pasaría si todos los países dejaran de pagar sus deudas? ¿y qué pasaría si todos los ciudadanos dejáramos de pagar las nuestras?

Porque, en definitiva, la elección entre Samaras y Tsipras no era un dilema entre austeridad y alegría en el gasto público. Pagar o no pagar, esa es la cuestión. Y en el fondo de esta alternativa subyace otro dilema más básico: propiedad privada, ¿sí o no?

Los partidarios de Tsipras y de sus equivalentes españoles presentan una situación en la que el sufrido pueblo (el pueblo siempre es sufrido) se ve obligado a padecer la penuria por culpa de la voracidad de los mercados (los mercados siempre son voraces). Visto así, si uno tiene que elegir entre ponerse de parte del pueblo o de parte de los mercados, no hay color: el pueblo es mi padre jubilado; el discapacitado hijo de mi vecina; mi tía Hortensia, que malvive con una ridícula pensión de viudedad; Y mi sobrino Guillermo, que tiene 32 años, dos carreras, y aún no ha encontrado su primer empleo. ¿Cómo no voy a ponerme de su parte?

Con mayor motivo cuando considero a quién se enfrentan. Los mercados no tienen cara ni ojos. Uno no puede llamar por teléfono a los mercados, ni enviarles un whatsapp. Es imposible quedar a tomar un café con los mercados. No podemos saber si les gusta el fútbol o el baloncesto, si salen a bailar los sábados, si tienen acidez de estómago, si llevan el pelo largo o si roncan por la noche. Nadie los ha visto nunca. ¿Cómo vamos a ponernos a favor de una cosa tan rara? Es más: en realidad ¿existen los mercados?

Veamos esta cuestión. Un mercado es el ámbito en el que se encuentran los que ofrecen algo con los que demandan ese algo. En este caso, “algo” es el dinero que unos no necesitan de momento y otros sí. Por lo tanto, cuando se habla de la voracidad de los mercados, en realidad nos estamos refiriendo a la de los que tienen el dinero, ya que los mercados no son otra cosa que el instrumento que utilizan los que tienen dinero y los que lo quieren para gastarlo. Así pues, los voraces, los ambiciosos, los malvados no son tanto los mercados, sino los que tienen un dinero que no necesitan y están dispuestos a prestarlo a los que lo necesitan, a cambio de un determinado beneficio. A estos llamamos “mercados”, haciendo una sinécdoque comúnmente aceptada.

Volviendo al caso de Grecia –o a su equivalente de España- podríamos decir que hay determinados países que han pedido dinero a otros países, y lo que se plantea ahora es si se devuelve o no ese dinero. La cuestión parece que nos pilla algo lejos: cosas de los gobiernos y de los políticos. Líos que montan ellos y que terminan afectando al sufrido pueblo. Ese pueblo virginal que vive en la pureza, ajeno a todo eso, sin haber influido para nada en la creación de esos problemas tan complejos.

Aunque quizá eso no sea del todo cierto. Quizá no son los gobiernos y los bancos centrales los únicos protagonistas de este largo culebrón. Los ciudadanos griegos –ý los españoles- han demandado infraestructuras, servicios y prestaciones a sus gobiernos. Con toda legitimidad han exigido mejores carreteras, líneas férreas de alta velocidad, más escuelas, hospitales, pensiones de jubilación, subsidios, subvenciones, y ayudas diversas. Y los sucesivos gobiernos –con la sana intención de recibir sus codiciados votos- han hecho todo lo posible para satisfacer esas demandas. Lo posible, y hasta lo imposible. Porque si a primera vista parece imposible gastar lo que no se tiene, resulta que, gracias a los mercados, los gobiernos han podido hacerlo durante años.

Pero para lograr así lo imposible ha sido necesario que hubiera alguien con dinero, y que estuviera dispuesto a prestarlo a los gobiernos. Aquí encontramos a los malos de la película: el FMI, el BCE, los fondos soberanos, los grandes fondos de inversión, la banca. Esos son los principales acreedores de Grecia –y de España-. O al menos, parece que lo son.

Sin embargo, ninguna de esas entidades es propietaria del dinero que maneja, más allá de la capacidad del BCE de emitir billetes. Estos organismos no hacen sino administrar un dinero que no les pertenece. ¿De quién es ese dinero? ¿De los avaros, de los ricos, de los explotadores, de los despiadados?

Algunos habrá de esa calaña, sin duda. Pero los dueños del dinero que manejan los estados, los bancos y los fondos son millones de ciudadanos con cara y ojos. El dinero disponible para prestar a los gobiernos derrochadores proviene –en buena parte- de los impuestos de todos. Y proviene también de los ahorros de un taxista de Teruel, de un jubilado de Barbastro, o de un agricultor de Ejea de los Caballeros. Es su dinero, el que han depositado en su banco, el que han invertido en acciones, o el que han colocado en un fondo de inversión. Puede ser el ahorro de toda una vida, o lo que se ha ido guardando para comprar un piso a la hija que se va a casar el año que viene.

Pagar o no pagar, esa es la cuestión. Mantener o abolir la propiedad privada, esa es la gran cuestión. Cada cual puede opinar sobre esas alternativas. Pero no conviene olvidar que tanto los deudores como los acreedores son ciudadanos corrientes.

Piensa un país: la vaselina fiscal

En las jornadas "Piensa un país", organizadas en Gijón por UPyD, se han abordado interesantes cuestiones relacionadas con la razón de ser de este partido: regenerar la democracia en España. Una de las ponencias trató sobre la necesidad de una reforma fiscal.

Puede que uno de los cambios más fundamentales que habría que introducir fuera el de terminar con la deliberada invisibilidad de los impuestos. Podríamos resumir la actividad de cualquier gobiernos en dos grandes apartados, directamente relacionados entre sí: por un lado la recaudación de impuestos desde los bolsillos de los ciudadanos, y por otro el empleo de ese dinero gastándolo de un modo u otro.

Tanto el modo de recaudar como el destino del gasto son los factores que diferencian a unos gobiernos de otros. Sin embargo, todos los gobiernos, de todos los partidos, coinciden en un máximo esfuerzo, el de destacar las bondades de todos los gastos que realizan. Y, curiosamente, también todos los gobiernos, de todos los partidos, coinciden  en hacer que la actividad recaudatoria sea lo más invisible que se pueda.

Las retenciones del IRPF en las nóminas están calculadas para que en la mayoría de los casos la declaración anual resulte “a devolver”. Una vez cumplimentada la declaración, el contribuyente busca la casilla más importante, la del resultado. Si se encuentra con que la Agencia Tributaria le tiene que abonar 50 euros, respirará aliviado, y apenas se fija en que esa devolución se produce después de haberle retenido 5.000 euros a lo largo del año. Si le preguntamos a cualquiera, recordará lo que ha tenido que pagar o lo que le han devuelto en junio. Pero casi nadie sabría responder con cuanto dinero ha contribuido en el conjunto del ejercicio.

Algo similar ocurre con IVA. Somos muy conscientes de que lo pagamos cuando nos presenta la factura  de la reparación del coche, pero pasa completamente inadvertido en la mayoría de los productos que consumimos diariamente. En los rótulos de las estanterías de El Corte Inglés o de Carrefour aparecen unos precios "limpios", sin ninguna mención al importe que no corresponde al valor del producto, sino a lo que el Estado se lleva para sus gastos.

Son impuestos con vaselina, que pagamos sin darnos cuenta. La consecuencia no es irrelevante, ya que anestesia la conciencia fiscal, y la vigilancia crítica sobre los gobiernos. Los ciudadanos se fijan solo en los beneficios del gasto del Estado, y exige más y más gasto.

Un gobierno que de verdad quisiera regeneral la democracia debería empezar por hacer más visible todos los impuestos, por ejemplo hacienda que en todos los precios de cualquier establecimiento se publicaran netos, y que al llegar a caja se añadiera de forma ostensible el impuesto correspondiente.

Las lanzas fiscales

En este batiburrillo de autonocracias en que se ha convertido España, se ha declarado una nueva guerra, esta vez a cuento de las llamadas “balanzas fiscales”. Este falaz concepto fue un invento de los nacionalistas catalanes, y bastaría saber quién lo inventó para saber que no podía traer nada bueno para la unidad de España.

La cosa consiste en sumar los impuestos que pagan todos los ciudadanos y empresas de una región, y compararlo con todo lo que esa región recibe como financiación por parte del Estado. En esa comparación se constatan aparentes desequilibrios, que permiten abonar la flor envenenada del victimismo, que tan bien cultivan todos los nacionalistas.

La falacia consiste en dar a entender que son los territorios los que pagan impuestos, cuando los que lo hacen son los ciudadanos. Ni Cataluña ni Aragón “pagan” impuestos al Estado. Es cada aragonés y cada catalán los que pagan, siempre dependiendo de sus ingresos. Y a causa de la función redistributiva de las políticas fiscales, el resultado es que los catalanes ricos pagan más que los catalanes pobres, al igual que los aragoneses ricos pagan más que los andaluces pobres.

Discutir sobre balanzas fiscales es un sinsentido porque el planteamiento está viciado de origen. Es imprescindible que España disponga de un sistema de financiación autonómica que refuerce la responsabilidad fiscal, evitando el modelo actual en el que los ciudadanos perciben que el avaricioso Estado central les quita los impuestos del bolsillo, mientras las bondadosas administraciones autonómicas les construyen polideportivos y escuelas.

Un sistema que contemple el coste unitario de los servicios que se prestan, lo que debe contemplar que es más caro prestar atención sanitaria a una población dispersa que a otra concentrada en una gran ciudad. Un sistema definitivo que proporcione seguridad jurídica, y que termine con esa subasta en la que todos quieren arrancarle al Estado un trozo de tarta mayor que la del vecino.

Más que una balanza, la fiscalidad se ha convertido en una lanza. En un arma más con la que las diferentes regiones se amenazan unas a otras, como ocurre con las lenguas, los ríos, o las grandes infraestructuras. Es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad en la coordinación del conjunto, si no queremos convertirnos en una nación de agraviados que recelan permanentemente unos de otros. Algo que les viene como un guante a los nacionalistas.

Cazando gamusinos

Los gamusinos son unos animales imaginarios que sirven como motivo para gastar bromas a los niños, o para tomar el pelo a cazadores novatos. Se les dice que el gamusino es muy esquivo, y se les enseñan ciertas "técnicas" que supuestamente sirven para descubrirlos en la oscuridad de la noche.

Así la víctima se pone a recorrer el terreno haciendo ruidos y gestos ridículos que le han enseñado los "expertos", mientras estos se parten de risa a su costa.

Creo que nada se parece tanto a esa vieja tomadura de pelo como el monumental entramado de cursos, talleres y planes de formación para el empleo. MInisterios, CC.AA., y ayuntamientos destinan a esto miles de millones cada año. Una suma astronómica que va a parar a sindicatos, patronales, academias y entidades varias, que se deben partir de risa viendo como decenas de miles de incautos buscan en las tinieblas unos puestos de trabajo que no existen.

Porque la razón de que en España haya más de cinco millones de desempleados no es que no sepan trabajar. Es que no hay empresas que necesiten contratarles. Cabe preguntarse si no sería más efectivo destinar esos miles de millones a formar empresarios en vez de a formar trabajadores; a crear empleos en vez de a crear buscadores de empleo. A repoblar el monte con especies vivas de caza, en vez de poner a la gente a buscar gamusinos

Canal 9

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha anunciado el cierre de la televisión autonómica, tras la anulación del ERE que había presentado el ente. Con esta medida un buen número de personas perderán el empleo. Se trata, sin duda, de una malísima noticia para esos empleados y sus familias; y se entiende perfectamente su descontento y sus protestas por la medida.

Por otra parte, cabe preguntarse si es razonable que el Estado gaste cientos de millones en mantener medios de comunicación, al mismo tiempo que reduce toda clase de prestaciones en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Más aún: cabe preguntarse si es razonable que las administraciones públicas destinen dinero a mantener empresas de comunicación, que están fundamentalmente al servicio del interés electoral del gobierno que las controla.

El drama al que se enfrentan miles de empleados de la televisión valenciana es terrible. Pero no más terrible que el drama al que se enfrentan cinco millones de trabajadores de grandes, medianas y pequeñas empresas que se han quedado sin trabajo en toda España. NI más ni menos terrible.

Esta sociedad sufre –entre otras cosas- de una llamativa perversión en la jerarquía de valores y principios. Una de esas perversiones consiste en dar por supuesto que las administraciones, corporaciones y organismos públicos están para dar trabajo a los ciudadanos. Evidentemente, no es así. Los hospitales se construyen para curar a los enfermos. Los colegios para enseñar a los niños. Para ello hay que contratar personal sanitario y maestros. Pero esta creación de empleo es una característica secundaria, y no deberíamos que los que se benefician de ello lo conviertan en la razón de ser de los hospitales y los colegios.

Quizá nunca habría debido ponerse en marcha la televisión valenciana. Si así se hubiera hecho, las personas que ahora pierden su empleo, no lo perderían por la sencilla razón de que no se habría creado.

31 parados en un tren

Nos enteramos de que el número de parados ha disminuido en España en 31 personas, durante el mes de agosto. El gobierno saca pecho, y nos cuenta que es el mejor dato desde el año 2000, que es el inicio de un nuevo ciclo, y que tenemos que estar todos muy contentos.

Treinta y una personas que han encontrado trabajo en agosto. Una por día. A ese ritmo se necesitarían unos 12.650 años para llegar al pleno empleo. Pero el gobierno está contento porque espera que los españoles vuelvan a darle mayoría dentro de dos años.

Probablemente esa enorme diferencia de perspectiva es la que más ha contribuido a traernos hasta esta situación, y al rechazo de los españoles hacia sus políticos. Todos los partidos que ocuparon el escenario político a partir de 1977 han caído en el mismo pecado. Olvidaron muy pronto que eran instrumentos para gestionar lo público mejorando la sociedad, y se convirtieron en costosas máquinas de captar votos para conseguir un poder que les permitía disponer del dinero de los impuestos para gastarlo de la manera más conveniente para volver a captar votos.

Unas máquinas absurdas –en términos físicos- que han terminado absorbiendo más energía para su funcionamiento interno que para producir movimiento útil. Como locomotoras que quemasen toneladas de carbón para avanzar unos metros, emitiendo estruendosos silbidos e inmensas nubes de humo.

Se necesitan máquinas nuevas, ligeras, eficientes y limpias, si queremos que España vuelva a avanzar en el tren del progreso. Si no somos capaces de hacerlo, cada vez más gente tendrá que bajarse del tren, y terminaremos todos caminando en alpargatas.

España en 2CV

Miles de Citröen 2CV recorren las calles de Alcañiz con motivo de la concentración mundial de este modelo. Un espectáculo insólito para los más jóvenes, y un soplo de nostalgia para los que peinan canas. Coches sin pretensiones, que en su momento representaron el inconformismo de la juventud, y que recorrían carreteras y caminos con la osadía del que no tiene mucho que perder.

Esta concentración de 2CV en Alcañiz es todo un símbolo de la España actual. Un país que había borrado de su memoria a estos vehículos para entregarse ciegamente en brazos de los Audi y los BMW. La apuesta por la seguridad y el confort a cualquier precio. Se había vuelto imprescindible el aire acondicionado, los siete air-bags, el navegador, el equipo de música envolvente, el motor de 190 CV, y el limpiaparabrisas automático.

Los españoles queríamos todo eso, y tratábamos de conseguirlo, tuviéramos o no dinero para pagarlo. Para eso estaban los bancos, para que nos prestaran lo necesario para viajar más cómodos, y de paso poder presumir ante los vecinos. Y de repente, sin aviso alguno, nos hemos encontrado con que el banco nos apremia para que devolvamos los préstamos, con que en la gasolinera ya no nos venden a crédito, con que no podemos pagar el seguro a todo riesgo, y con que los neumáticos del Audi tienen un precio astronómico.

Alcañiz es hoy la mejor fotografía de la España de 2013. La que tiene que renunciar al BMW y volver al 2CV. A un estilo de vida menos presuntuoso, menos derrochador, menos confortable y menos seguro. Pero habrá que recordare que el humilde Citröen nos llevaba a todas partes, por las mejores autopistas y por los caminos más intransitables. Allá donde los coches más elegantes no se atrevían a pasar, el 2CV seguía adelante, lento, pero incansable.

Hacienda bondadosa

En lo meteorológico, Junio es el mes en el que comienza el verano. En lo académico, en el que se terminan los cursos. Y en la economía doméstica el mes en el que los españoles ajustan sus cuentas con Hacienda, ya que no pueden ajustarle las cuentas a Cristóbal Montoro.

Todo el que tiene obligación de hacerlo, cumplimenta su declaración del IRPF. Con ayuda externa o a pecho descubierto, la gente va rellenando las interminables casillas, conteniendo el aliento hasta ver lo que aparece en la más importante: el resultado de la declaración. Sólo entonces, unos aprietan los dientes al ver lo que les va a tocar pagar, y a otros –la mayoría- les aparece una enorme sonrisa cuando ven que les sale “a devolver”.

El sistema está bien pensado para que sean muchos más los que sonríen que los que aprietan los dientes. Y el resultado es que millones de españoles están tan contentos con que Hacienda les devuelve 60, 150, o 300 euros, que se les olvida que antes ellos han pagado a lo largo del año 3.000, 8.000 ó 15.000.

Es un ingenioso malabarismo contable: la gente se adapta cada mes a sus ingresos netos, y apenas se fija en las retenciones mensuales. Es un dinero que paga casi sin enterarse, y su impresión final depende por completo de si en la declaración del IRPF tienen que pagar algo o les van a devolver algo.

Eso sí, en Hacienda dicen que lo hacen por nuestro bien. Para que no se nos acumule un pago importante en junio, para facilitarnos las cosas. ¡Son tan buenos! Casi nos dan ganas de enviarles un correo de agradecimiento cuando nos devuelven 30 euros después de habernos quitado 8.000.

Democracia medieval

“Los barones” autonómicos del Partido Popular se han reunido con Rajoy para establecer los criterios con se van a establecer los límites del déficit de cada CC.AA. La reunión ha resultado ha tenido un importantísimo resultado: se han puesto de acuerdo en que tienen que ponerse de acuerdo. Se ha escenificado así una realidad que subyace en la estructura del Estado, y que se reproduce en la arquitectura de casi todos los partidos políticos: el modelo medieval.

Como en la época feudal, los viejos partidos políticos se configuran en una rígida escala de vasallaje. Entonces una tupida red de nobles rendían vasallaje a otro noble de mayor rango, y todos al rey. A cambio, el rey prestaba su protección a sus nobles, y garantizaba su posición privilegiada en cada feudo.

Se trataba de una relación en la que tanto el rey como los nobles salían beneficiados, a expensas del pueblo llano. Los nobles obedecían al rey, pero éste no podía extralimitarse en sus exigencias, ya que en última instancia dependía del apoyo de las tropas de los nobles para conservar el trono. El sistema estuvo en vigor durante varios siglos, y sólo con la aparición de los estados-nación se pudo salir de una situación que, además de injusta, impedía el desarrollo económico.

Es lo mismo que ocurre hoy en estos partidos antiguos, que se dicen nacionales, pero que en realidad son totalmente medievales. Los “barones” de cada Comunidad Autónoma rinden pleitesía al jefe de su partido, pero dejan de hacerlo si éste pone en peligro su posición en el condado. Hace 1.000 años los nobles ejercían su presión ante el rey con la fuerza de sus ejércitos. Hoy en día lo hacen con la fuerza de sus votos regionales. En la Edad Media los señores pagaban a sus soldados con el dinero de los impuestos del pueblo. Hoy en día los “barones” consiguen sus votos con el dinero de los impuestos del pueblo. Hemos recorrido un largo camino para volver al mismo punto.

La inflación académica

Según un estudio del mercado laboral realizado por AFI, el26,3% de los trabajadores ocupados desempeña un trabajo por debajo de sucualificación académica. El porcentaje de infraempleo es el doble entre los menores de 34 años que en los mayores de 56.

La noticia se presenta como una situación anómala, y gran parte de los jóvenes que desarrollan un trabajo por debajo de su nivel académico experimentan una gran frustración al tener que trabajar como camareros, teniendo en un bolsillo el título de licenciado en Psicología, en Derecho, o en Educación Infantil.

Sin embargo, se trata de algo completamente normal en un país desarrollado en el que la población tiene acceso a la enseñanza universitaria de manera generalizada. Se trata del resultado de la combinación de dos factores:

a) Es positivo que el máximo número de personas tengan buena formación. Esto mejora su capacidad como ciudadanos; les dota de un techo más elevado de expectativas profesionales; y mejora la competitividad general del país.

b) No es viable una sociedad en la que sólo trabajen ingenieros, médicos, abogados y biólogos. Es absolutamente necesaria la participación de camareros, dependientes, repartidores, conductores, limpiadores, etc.

El gran error ha sido dar por supuesto que la mera obtención de un título académico tenía que garantizar el desempeño de un trabajo acorde con esa cualificación. Es lo mismo que creer que la obtención del carnet de conducir nos va a garantizar disponer de coche propio.

Paralelamente, el sistema académico ha contribuido a esa inflación de títulos. El sistema está orientado al igualitarismo, dando toda clase de facilidades para pasar de curso en la enseñanza secundaria, y rebajando los niveles de exigencia en todos los tramos de la enseñanza. El resultado es exactamente el mismo que se produce cuando un banco central emite más dinero: la moneda se devalúa y la inflación vuelve a equilibrar el poder adquisitivo al estado rea de la economía.

Probablemente, este es el elemento que explica que en España se hayan producido durante la última década dos fenómenos simultáneos: la existencia de un desempleo estructural del doble de la media de la UE; y la entrada de cinco millones de inmigrantes. Ha habido una gran bolsa de jóvenes titulados en paro, que a la espera de una oportunidad para trabajar en “lo suyo” han descartado desempeñar unos trabajos que han tenido que ser ocupados por inmigrantes. Sólo ahora, ante lo apremiante de la situación, se van decidiendo a trabajar de lo que sea. Esta hipótesis la confirma el estudio, al señalar que existe una correlación negativa entre el porcentaje de sobrecualificados de cada Comunidad Autónoma y la tasa de paro.

Mantenella y no enmendalla

Había un comisario europeo de empleo al que nadie conocía en España. Sin embargo, su nombre -Laszio Andor- saltó ayer a la fama tras hacer unas declaraciones en las que recomendaba la implantación en España de un único tipo de contrato laboral.

Ha sido muy llamativa la reacción casi unánime de los partidos políticos, los sindicatos, y la patronal, que han saltado como un sólo hombre para oponerse a la iniciativa. Sólo UPyD, que ya llevaba en su programa electoral la propuesta de crear uncontrato único -con indemnización progresiva en caso de despido- ha considerado que la recomendación del señor Andor debería ser tenida en cuenta.

Es muy probable que ese tipo de contrato no fuera la panacea que permitiera terminar de un plumazo con el desempleo de seis millones de personas. Incluso es posible que la propuesta pudiera ser mejorada y complementada. Pero lo que no tiene sentido es que precisamente los partidos, los sindicatos, y la patronal que han configurado este estado de cosas en el que España se sitúa a la cabeza del paro se nieguen en redondo a revisar el sistema. No parece muy inteligente empeñarse en mantener un sistema que ha demostrado que no funciona.

Tampoco parece muy razonable que todos los debates en torno a las modalidades de contrato de trabajo pongan el foco en las condiciones de un posible despido, en vez de centrarse en la mejor manera de que la gente empiece a trabajar. Es casi tan anormal como si una pareja que va a contraer matrimonio mostrase más interés en acordar los términos de un hipotético futuro divorcio, que en encontrar vivienda, elegir el mobiliario, encargar el banquete y organizar el viaje de bodas.

Es ya muy larga la lista de iniciativas de Unión Progreso y Democracia que fueron rechazadas y despreciadas por los demás partidos, para terminar siendo defendidas como propias dos años después por los mismos partidos. A la vista de la energía con la que todos han rechazado esta idea, parece muy probable que dentro de uno o dos años la fuerza de la realidad obligue a adoptarla. Lo que me pregunto es cuántos puestos de trabajo más se habrán perdido para entonces.

La caída de los Reyes Magos

Durante los 40 años de franquismo esta sociedad creció en un ambiente paternalista. El Estado sabía lo que nos convenía, y nos decía lo que podíamos y no podíamos hacer. Podíamos ir a misa, rezar todas las noches, comprar Seat 600, ir a los toros y al fútbol, y gritar “viva Franco”. No podíamos leer libros comunistas ni revistas eróticas, criticar al gobierno, hacer huelgas, ni besarnos en la calle. Cuando a esa sociedad infantilizada y dependiente se le murió el padre, no estaba preparada para asumir el control de su destino como adultos, y se refugió en los brazos protectores de su nueva madre: la democracia. Pero la democracia era menor de edad, y sus funciones fueron acaparadas en exclusiva por los partidos políticos. El ambiente siguió siendo igual de paternalista, con la diferencia de que cada cuatro años podíamos cambiar de padre. Desde entonces todos los padres se han distinguido por su tendencia a satisfacer los caprichos del niño para que les volviera a votar. Y la sociedad ha mantenido su estado infantil y dependiente durante 35 años. Felices y confiados, han podido hacer casi cualquier cosa que les apeteciera. Sin límites, sin prohibiciones. Todo el mundo tenía derecho a ser feliz, y ahí estaba papá Estado para encargarse de que así fuera. Hasta que ha estallado la burbuja. No la inmobiliaria, sino esa pompa de jabón en la que los padres gastaban lo que no tenían para conseguir el aplauso de unos niños que no querían saber quién paga los regalos de los Reyes Magos. Ahora se han terminado los juguetes caros, la ropa de marca, y la merienda en McDonald’s. Muchos niños se han quedado sin postre, y cada vez son más los que van descalzos. La gratitud hacia papá se ha transformado en odio, sobre todo porque ven que papá sigue conduciendo su Audi y comiendo en restaurantes de lujo. Quizá lo mejor de esta crisis sea que puede favorecer el despertar de una infancia ingenua a la cruda realidad del mundo adulto. Quizá consigamos de una vez para siempre dejar de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos.

El Estado-bicicleta

Una de las funciones que debe desempeñar un estado moderno es la de redistribuir la riqueza del país. Por infinidad de causas, la diferencia entre el grado de riqueza que generan unas personas y otras es muy elevado. Si el Estado no interviniera, se produciría un proceso de darwinismo social –lo más parecido a la ley de la selva-, que daría lugar a que muchas personas, sencillamente, no lograrían sobrevivir.

El Estado funciona como un inmenso vehículo a pedales: cada ciudadano pedalea según sus fuerzas, y la suma de todos esos esfuerzos hace que el vehículo avance. En consecuencia, la velocidad del vehículo dependerá de tres factores: a) el número de personas que pedalean, en relación con el número de las que no pedalean; b) el esfuerzo de los que pedalean; y c) la eficiencia de la propia bicicleta.

Desde este enfoque, no puede extrañarnos que la bicicleta de España sea incapaz de remontar la pendiente de la crisis internacional. No es sólo que cada vez son menos los que pedalean y más los que no mueven las piernas; sino que, además, el entusiasmo con que los primeros va menguando mes a mes.

Pero quizá el principal problema esté en el propio diseño de la bicicleta. Los ingenieros políticos dibujaron los planos en la Transición, y los artesanos políticos han construido poco a poco un engendro muy vistoso, pero muy poco eficiente. Tenemos un Estado-bicicleta de mármol, con muchas luces, que absorben mucha energía;  con infinidad de banderolas que chocan contra el viento; con diecisiete manillares; con engranajes mal ajustados; y con la cadena floja.

Y a los que dirigen el conjunto, lejos de reformar por completo este inútil artilugio, sólo se les ocurre usar el látigo para intentar que los pocos que aún pedalean se esfuercen más. No es de extrañar que cada vez más gente se baje. No es de extrañar que nos vayamos quedando rezagados en el pelotón europeo.

Alguien se ha llevado el queso

Con más de cinco millones de parados, con aumentos de impuestos, con reducción de salarios, con cientos de miles de personas que han tenido que abandonar una vivienda que no podían pagar, con reducciones en la prestación de servicios públicos, con un gobierno que aplica políticas económicas distintas de las que había anunciado… Es completamente lógico que los ciudadanos se sientan desconcertados, asustados y angustiados.

En cinco años han cambiado las expectativas de la gente. Cosas que parecían muy sólidas se han evaporado. Lo que se consideraba derechos para siempre se están convirtiendo en recuerdos de tiempos mejores. Me viene a la mente el cuento de Spencer Johnson “Quién se ha llevado mi queso”, en el que dos ratones reaccionan de manera muy distinta ante el inesperado hecho de que el trozo de queso que alguien colocaba todos los días en el mismo lugar deja de aparecer.

Las protestas, las huelgas generales, las mareas de diversos colores son comprensibles como reacción inmediata a la desaparición de un queso al que estábamos muy acostumbrados. Podemos sentarnos a esperar, podemos llorar, gritar, patalear, arañar las paredes, pero el queso no vendrá. Ya no está. También podemos entretenernos en debates y discusiones sobre cómo se ha producido la desaparición del queso, sobre las causas o los culpables. El queso no vendrá. Ya no está.

No sé si esta sociedad tardará poco o mucho en reaccionar. Pero cuanto antes nos demos cuenta de que ya no hay queso, antes nos pondremos a buscar otras alternativas, otros alimentos, incluso otros quesos obtenidos de distinta manera.