Lo juro por Snoopy

La actividad política tiene mucho de teatro. Los actores representan su papel en un escenario, buscando el aplauso del público. Lo que dicen no se corresponde necesariamente con lo que piensan, sino que se ajusta a lo que dice el guión. Lo importante para ellos es tener un papel y rivalizan entre sí para desempeñar los principales. Esto no es nada nuevo ni exclusivo de España.

Pero entre nosotros la política no tiene nada que ver con Sófocles, con Calderón de la Barca, con Shakespeare o con Molière. Lo que aquí se estila está más relacionado con el esperpento, con el circo, o con el guiñol.

Estos días han estado jurando sus cargos miles de actores. Diputados, senadores, concejales y diputados europeos han cumplido el rito de prometer o jurar la Constitución. Cada uno a su aire. Se ha jurado o prometido “por imperativo legal”, “por la lucha feminista”, “por el ecologismo”, “por la liberación de los presos políticos”. No sé si algún diputado gitano habrá jurado por sus muertos o si un concejal musulmán lo habrá hecho por las barbas del profeta, pero no me sorprendería.

Y lo peor del asunto es que dicha ceremonia es absolutamente innecesaria por inútil, además de ridícula. No existe el delito de perjurio para los que contravienen la Constitución después de haber jurado acatarla y defenderla. En Cataluña –pero no sólo allí. Tenemos innumerables ejemplos de políticos que han hecho todo lo que han podido para hacer saltar la Constitución que habían jurado. Nadie, absolutamente nadie, ha protestado por ello. Parece ser que todo el mundo asume como normal incumplir una promesa solemne. A mí me parece escandaloso. Se lo juro por Snoopy, oiga.

La ley y su talón de Aquiles

En sentido amplio, la ley el es conjunto de reglas que permiten el desempeño ordenado de las actividades de los ciudadanos. La legitimidad de las leyes puede ser nula -como en las dictaduras-, problemática –como en las teocracias-, o completa –como en las democracias avanzadas. A pesar de ello, en los tres casos cumple su función para ordenamiento de la convivencia y para la resolución de los conflictos.

Tanto para la gestión de una comunidad de vecinos, como para la conducción de vehículos, o para disputar un encuentro de fútbol, es imprescindible la existencia de unos estatutos y reglamentos que señalen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Nadie imagina un partido de fútbol en el que uno de los equipos se salte las reglas metiendo goles con la mano, defendiendo una portería más pequeña que la del contrario, o ignorando las decisiones del árbitro.

Durante las últimas semanas se viene discutiendo sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones que vienen ejecutando el gobierno de la Generalidad de Cataluña, su Parlamento, la policía autonómica y las organizaciones independentistas. Desde el punto de vista legal no ha existido convocatoria de referéndum, ni referéndum, ni ley de transitoriedad, ni proclamación de independencia. No hace falta explicar que todo ello está totalmente fuera de la ley.

Pero no deberíamos olvidar que la ley no lo puede todo, y que muchos actos cometidos fuera de la ley se han convertido en realidades.     El 14 de abril de 1931 en muchos ayuntamientos de España se izó la bandera republicana, y un comité revolucionario la proclamó en Madrid sin ningún soporte legal. El 12 de marzo de 1938, Hítler anexionó a Austria como una provincia alemana más. Ninguna ley amparaba esa acción, pero hizo falta una guerra y cien millones de muertos para revertir la situación. El 9 de noviembre de 1989 el muro de hormigón que dividía los sectores occidental y oriental de Berlín dejó de cumplir su función sin apoyo de ninguna ley.

En el caso de la anexión de Austria, la aplastante superioridad militar se impuso sin dificultad a la ley. Pero en los otros dos ejemplos fue una multitud desarmada la que bastó para convertir la ley en unos papeles inútiles.

A estas alturas nadie debería albergar dudas sobre lo que les importan las leyes a los independentistas de Cataluña. A mí lo que me preocupa es que el Gobierno de España y los partidos constitucionalistas puedan creer que basta con disponer del escudo de la ley para asegurar que los sediciosos no se saldrán con la suya, y que olviden que la ley también tiene su talón de Aquiles

Democracia despellejada

Una de las frases más repetidas últimamente por Pablo Iglesias es la que comienza con “me voy a dejar la piel…”, y termina con cosas como “para formar un gobierno de progreso y de cambio”, “para devolver la dignidad a la gente”, o con cualquier otra afirmación ampulosa y genérica.

No voy a entrar ahora a analizar el disparate económico que encierra su famoso documento de 98 páginas, en su pretensión de aumentar el gasto público de manera ilimitada, en su intención de aumentar los impuestos, o en su ensoñación de que la Comisión Europea nos va a permitir seguir disparando el déficit. Tampoco me detendré en el tono prepotente, en su prioridad por repartir sillones entre los suyos, o en su proyecto de saltarse la Constitución parcelando la soberanía nacional.

Con ser todo ello muy preocupante, lo que me parece más grave es lo que encierra su exigencia de que los magistrados del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, y los principales altos cargos tengan que ser personas alineadas con la ideología del gobierno. Si Alfonso Guerra mató a Montesquieu, Pablo Iglesias –en consonancia con lo que hacen sus correligionarios del ayuntamiento de Madrid- quiere eliminar de su tumba la lápida con su nombre.

Amigos venezolanos que vivieron la llegada al poder de Hugo Chávez no paran de decirme que esto ya lo han vivido ellos, que el comandante venezolano enarbolaba las mismas banderas, prometía los mismos paraísos y exhibía la misma soberbia y el mismo desprecio hacia los que pensaban de forma diferente.

Lo peor de Podemos no es que prometa imposibles como Tsipras, no es que se aproveche del sufrimiento y el descontento de muchos ciudadanos (él los llama “la gente”) para llegar al poder. Lo peor es que quiere instaurar un nuevo régimen eliminando el equilibrio de poderes que sostiene a un Estado de Derecho, y en el que todos los organismos del Estado estén inspirados en la ideología de su régimen excluyente.

Cuarenta años después de la defunción del Movimiento Nacional, Pablo Iglesias pretende introducir el Movimiento Plurinacional. Traduciendo sus palabras a sus intenciones: va a dejarse la piel para despellejar a la democracia.

El malcriado

Cuando en una familia hay un hijo malcriado, impertinente, protestón, maleducado, exigente, egoísta, prepotente y siempre insatisfecho, no es culpa del hijo, sino de quienes no han sabido educarle.

Es el caso de los españoles que viven en Cataluña, pero no quieren ser españoles porque se han dejado seducir por el canto de sirrena nacionalista que les ha prometido el Paraíso de una Cataluñá independiente.

No es, pues, a esos catalanes –españoles, a su pesar- a los que hay que intentar convercer de una realidad que no quieren ver, porque –como suele suceder- los sueños son más atractivos que las realidades.

Son los padres del Gobierno de la nación, y también los hermanos de Cuenca, de Ávila, de Zamora o de Teruel los que tienen que cambiar por completo su actitud y su conducta respecto a los malcriados. Estos han llegado a ser como son por culpa de la debilidad de aquellos. De su indolencia, de su inhibición, de su permisividad y de su cobardía. Han actuado durante 35 añós como el padre que deja que su hijo se atiborre de caramelos con tal de no oírle llorar, y ahora sufren los desprecios, los insultos y los empujones de esa malcriado insoportable.

Año tras año aumenta el número de denuncias de padres maltratados por sus hijos. No es que los padres se hayan vuelto intransigentes. Es que la situación familiar se ha vuelto tan insotenible que se ven obligados a tomar esa medida, con todo el dolor que supone llevar a un hijo ante la Justicia.

Ahora, tras décadas de dejación de sus responsabilidades, ese es el único camino que queda a partir del 27 de septiembre, y sea cual sea el resultado de las elecciones en Cataluña. Hay que acudir a la Justicia para que aplique la ley, y toda la ley. Hay que coger la Constitución y su artúculo 155 con una mano, y con la otra el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

No se trata de suspender la autonomía en Cataluña, sino de intervenir las instituciones clave en la malcrianza: la Consellería de Educación, TV3 y la radio pública de Cataluña. El Estado tiene que hacer valer de una vez por todas su legitimidad democrática y el respaldo internacional para actuar sin complejos. No se le puede dar ni un caramelo más al malcriado. Es cierto que es diferente de sus hermanos, pero no es mejor. Es más egoísta, más insolidario, más altanero y más bravucón.

Se han perdido 35 años intentando con buenas palabras hacerle ver que iba por mal camino. Ha llegado el momento de ponerse firmes y dejarse de contamplaciones. Si el malcriado no quiere entender razones, tendrá que entender las acciones.

Lejìa, estropajo, y jabón

Mes tras mes los barómetros del CIS señalan que la corrupción y el fraude suponen, después del paro, el principal problema que padece España. En torno al 40% de los encuestados consideran que es el problema más grave.

Los ciudadanos se debaten entre la indignación por el elevado número de casos de corrupción que van apareciendo, y la resignación ante un estado de cosas que parece consustancial con las prácticas políticas. Parece que las conductas fraudulentas se han convertido en España en algo endémico. Un mal que todo el mundo condena, pero que nadie sabe cómo erradicar.

Todo el mundo parece creer que la corrupción es cosa de otros. Sin embargo, es cosa de todos. Porque todos podemos estar practicando pequeñas corruptelas en nuestra vida cotidiana, y porque todos tenemos la obligación de combatirlas. Las nuestras y las de las personas de nuestro entorno.

Hemos llegado a esta situación por la combinación de tres versiones diferentes de corrupción: personas potencialmente corruptas, que se mueven en una sociedad corrupta que lo tolera, y con un sistema político-institucional que lo facilita.

España necesita lejía, estropajo y jabón. Lejía para desinfectar partidos, sindicatos e instituciones. Jabón para limpiar la suciedad que existe en las conductas individuales: la picaresca general y los pequeños fraudes. Y estropajo para arrancar los nidos de paràsitos que prosperan a costa de lo público.

Chorizo al trullo

La Audiencia de Castellón ha condenado a cuatro años de prisión al que fuera presidente de la Diputación de esa provincia, Carlos Fabra: La pena impuesta es por cuatro delitos de fraude fiscales, pero le absuelve de los de cohecho y tráfico de influencias.

Pero el ciudadano común no suele entender mucho de tipos delictivos. Cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, apropiación indebida. Todo se reduce a un concepto muy hispánico: “chorizo”.

Lo mismo ocurre con las penas, prisión preventiva, sentencia en primera instancia, segundo grado son sutilezas que tampoco tienen gran aceptación entre el gran público. Lo que la gente entiende muy bien se resume en dos palabras: “al trullo”.

En España se vive una atmósfera irrespirable en todo lo que afecta a los asuntos públicos. En todos los niveles de la Administración, desde la Casa Real hasta las concejalías de muchos pequeños pueblos, el hedor es ya insufrible. Un Estado mastodóntico, inflado de organismos, cargos, subcargos, carguetes y subcarguetes, mantenido cada vez con más dificultad por una población cada vez más mosqueada.

Es imprescindible abordar una profunda reforma de la Administración, reducir su estructura, eliminar el parasitismo, y liberar recursos para estimular la economía productiva, y aqtender debidamente las necesidades más imperiosas. Si los viejos partidos no son capaces de abordar esas reformas, no es imposible que se llege a alcanzar un punto de no retorno, y que masas justamente enfurecidas arrasen un sistema que muchos hemos añorado durante décadas: la democracia.

Las caras de la gentuza

Con frecuencia hemos visto chocantes decisiones gubernamentales o judiciales. Verdaderas piruetas legales que sus autores han justificado en nombre de la “alarma social”. Pues para alarma social, la que está produciendo la liberación masiva de asesinos y violadores, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

La ley es la ley, y debe cumplirse siempre. Nos guste o no. Sin excepciones. Pero una cosa es que haya que aplicar la decisión de Estrasburgo (por cierto, con una celeridad inaudita en nuestro sistema judicial), y otra cosa es que la sociedad no tenga todo el derecho moral a repudiar a esos canallas, por medios distintos a los estrictamente judiciales.

Por ejemplo, ¿por qué no se publican las fotografías de esta gentuza? ¿por qué no tenemos todos los ciudadanos derecho a conocer sus caras, a reconocerles si les vemos en un bar, en un parque, o en una estación? Argumentar que tienen derecho a la privacidad es una hipocresía mayestática, ya que vemos constantemente imágenes de personas –especialmente si son de relevancia pública- que son detenidas, o que acuden a declarar a un tribunal. Muchas de ellas son absueltas de toda culpa, pero sus caras permanecen en nuestro recuerdo durante años.

Argumentar que ya han cumplido legalmente su pena es irrelevante para el caso. Dejar de tener cuentas pendientes con la Justicia no les convierte en buenas personas. Continúan siendo despreciable gentuza.

Silencio culpable (I)

El caso de los millones en Suiza del ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas salta a la actualidad tapando el caso Pallerols, que apareció tapando el caso de los ERE de Andalucía, que hizo sombra al caso Gürtel.

¿Qué pasa en España? ¿Somos una sociedad corrupta, que produce políticos corruptos? ¿o somos una sociedad limpia, con un sistema de partidos que favorece la corrupción?

Yo me temo que las dos cosas al mismo tiempo. La Constitución dotó a los partidos políticos de un protagonismo absoluto, convirtiéndolos en tutores de la libertad y la soberanía de los ciudadanos. Se convirtieron en empresas endogámicas más preocupadas por el marketing que por la calidad del producto, Empresas sin accionistas, que obtienen su capital directamente de los impuestos, y que sólo rinden cuentas cada cuatro años en campañas electorales entre música y mentiras.

Los partidos se han convertido en estructuras burocráticas cuyo primer objetivo es conseguir y mantener el poder, El segundo objetivo es proporcionar medios de vida a sus afiliados y simpatizantes, repartiendo cargos, subvenciones, ayudas y prebendas. En tercer lugar intentan cambiar la sociedad para adecuarla a los dogmas de su ideología. Y ya por último se interesan por el progreso del país y el bien común.

Todos los partidos están pringados, de manera proporcional a la cuota de poder que han alcanzado. Es inverosímil que todos los casos de corrupción conocidos se han destapado por la intervención de algún juez o de algún periódico, casi siempre originadas porque alguien resentido se ha ido de la lengua. Es increíble que ni uno solo de estos casos haya sido denunciado por el propio partido. Es imposible que nadie en los órganos directivos de los partidos se haya enterado nunca de ninguna irregularidad.

Ahora dice Esperanza Aguirre que nadie debería desempeñar un cargo público sin haber trabajado antes en algo fuera de la política. Bienvenida, señora Aguirre. Una idea del más elemental sentido común. Tanto, que UPyD lo establece en sus estatutos como obligatorio para sus propios cargos públicos.

El recuerdo de la barbarie

Ayer se cumplieron 25 años desde que unas bestias de apariencia humana segaron la vida de once personas que dormían tranquilamente en la casa cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza. Seis adultos y cinco niños que soñaban con cosas que nunca sabremos. Quizá algún guardia civil estuviera soñando con que identificaba a un terrorista, que lo detenía, y que a él le ascendían. Puede que alguna esposa estuviera soñando que les tocaba el gordo de Navidad, y que se compraban un bonito piso, con más comodidades que la vieja casa cuartel.

Y las niñas, ¿qué soñaban las niñas? Es posible que con las próximas vacaciones navideñas, o con los regalos que sin duda les traerían los Reyes Magos. Quizá las gemelas de tres años soñaban que se hacían mayores; que iban a un colegio y aprendían muchas cosas; que se casaban con un guardia civil muy guapo, como había hecho su mamá; o que vivían en un mundo sin preocupaciones, sin miedos ni peligros, sin hombres del saco, sin terroristas como los que había en las fotos del cuartel.

Los despiadados asesinos que cometieron aquella masacre eran unos descastados, sí. Pero eso no fue causa suficiente para el crimen. El motor que impulsó aquella matanza era una idea insensata. Hizo falta una idea aberrante, una distorsión enfermiza de la realidad, una historia inventada, un fanatismo sin límites. Aquellos iluminados no fueron sino la herramienta que servía a una idea.

Hagamos que aquellas muertes no hayan sido inútiles. Aprendamos que son determinadas ideas las que desencadenan la potencial perversión que se esconde en el corazón humano. Aprendamos a reconocer esas ideas cuando están germinando, cuando todavía parecen inofensivas. Sepamos cortarlas de raíz. Rechacemos a todo tipo de iluminados. Desconfiemos de los que nos hablan de la Tierra Prometida. Hagamos callar a toda clase de fanáticos, si no queremos que algún día se interrumpan brutalmente nuestros sueños.

Hacer de su toga un sayo

El elevado número de casos de desahucio como consecuencia del desempleo galopante supone un drama nacional que las autoridades habrían tenido que afrontar hace ya muchos meses. Es preciso encontrar fórmulas que permitan paliar esas situaciones, garantizando también la seguridad jurídica, sin que supongan un estímulo al incumplimiento de los contratos. No será nada fácil –en el país campeón de la trampa y la picaresca- establecer un sistema que ayude a los que realmente lo necesitan, sin permitir que se aprovechen los “listos”, que nunca faltarán.

Se viene produciendo una legítima presión en ese sentido, que va desde las movilizaciones de asociaciones ciudadanas hasta la decisión de algunos ayuntamientos de retirar sus fondos de determinados bancos, pasando por la sensibilización de la opinión pública que vienen ejerciendo los medios de comunicación. No tengo la menor objeción que hacer a todo ello.

Pero lo que me deja estupefacto es el desparpajo con el que algunos jueces afirman que ellos “no quieren ser el cobrador del frac de los bancos”, o con el que representantes del Sindicato Unificado de Policía alientan a los policías a no participar en los procesos de desahucio. Se trata, sin duda, del reflejo de un clima general en el que todo el mundo está convencido de que eso de que la soberanía reside en el pueblo significa que cada persona puede decidir qué leyes le gustan o no, y cumplirlas o no, según su libre albedrío.

Si gobiernos autonómicos pueden saltarse impunemente las resoluciones del Tribunal Constitucional; si el presidente de una región puede incumplir la Constitución que le permite a él disfrutar de su cargo; no es de extrañar que los jueces crean que pueden decidir en qué partes de la ley actúan o no, o que los policías quieran decidir con qué leyes colaboran y con cuáles no.

Se trata de un peligroso síntoma –uno más- de la descomposición del Estado de Derecho. Los señores jueces y los señores policías tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las leyes. Las que les gustan y las que no les gustan. Los que tienen la facultad de crear, suprimir o modificar las leyes no son ellos, sino los legítimos representantes de los ciudadanos. Y si a un señor juez o a un señor policía le remuerde la conciencia cumplir su trabajo aplicando una ley determinada, tiene en su mano evitarlo. Es tan sencillo como darse de baja en el cuerpo, dejar de cobrar el sueldo que le pagamos entre todos, y buscarse la vida en la empresa privada, o ponerse en la cola del paro, donde puede estar seguro de que no se va a encontrar solo.

Como pollos sin cabeza

Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad puede dejar de condolerse con la tragedia de la mujer que se ha suicidado arrojándose al vacío en Baracaldo. Dicho esto, sería bueno que todos –y especialmente los medios de comunicación y los políticos- reflexionáramos unos momentos sobre la cuestión, en vez de lanzarnos a correr como pollos sin cabeza.

El suicidio se ha producido cuando se iba a producir el desahucio de su vivienda, pero sería ingenuo concluir que no había otros factores previos en la situación personal de la víctima. Si los desahucios desencadenaran automáticamente suicidios ya se habrían suicidado varios cientos de miles de personas por ese motivo. El desahucio ha podido ser la gota que ha colmado el vaso de una larga serie de elementos –depresión, soledad, fallos en la red familiar y social-, sin los cuales esa mujer hubiera reaccionado de manera diferente ante el desahucio.

Una vez conocida la noticia, la opinión pública, convenientemente agitada por los medios de comunicación ha reaccionado con espanto, y tras ella prácticamente la totalidad de los políticos, que parecen haber descubierto de pronto que impedir los desahucios será impedir los suicidios.

Pues bien, cada año se producen en España unos 3.500 suicidios, sin que nadie mueva un dedo, ni muestre la menor alarma. Además, por cada suicidio consumado se producen dos intentos de suicidio fallidos, lo que supone que cada año intentan quitarse la vida unas 11.000 personas, Cada una de ellas es el reflejo de un drama. Empresarios arruinados, parados desesperados, novios abandonados, incluso estudiantes suspendidos. Los desencadenantes pueden ser docenas.

¿Qué piensan hacer los políticos ahora? ¿Legislarán para que nadie se arruine, por si acaso se quita la vida? ¿Impedirán que haya parados que puedan suicidarse? ¿Harán un decreto prohibiendo que nadie deje tirado a su novio? ¿Quizá reformarán la Constitución para erradicar la depresión por ley?

Se suele decir que no es bueno “legislar en caliente”. Sin embargo, en este caso parece que todo el mundo está de acuerdo en hacer lo que sea, tenga o no sentido; sea o no injusto con los que son lanzados de su vivienda por no pagar un alquiler. De nuevo una alocada estampida. De nuevo el aleteo insensato de unos pollos sin cabeza.

Es probable que sea conveniente reformar la Ley Hipotecaria, pero mal vamos si la razón principal es porque se ha producido un suicidio.

El Estado del revés

Un Estado de Derecho es aquél que está estructurado mediante instituciones que desempeñan diferentes funciones en el marco de un ordenamiento jurídico preciso. Se le llama “de Derecho” por esa razón: porque todo está subordinado a la ley, de manera que instituciones y ciudadanos conocen las reglas del juego, y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer.
Los ciudadanos eligen como representantes a aquellos que mejor pueden defender sus opiniones o intereses, y esos representantes redactan modifican o derogan las leyes que obligan a todos. Esos representantes designan también un gobierno, cuya misión consiste en dirigir la Administración del Estado, proponer textos legislativos, y siempre cumplir y asegurar el cumplimiento de la ley.
España quedó configurada como un Estado de Derecho a partir de la aprobación de la Constitución, en 1978. Sin embargo, la realidad del funcionamiento de las instituciones es muy distinta. Los diferentes poderes no son independientes, sino que se solapan y se confunden en un continuo toma y daca para el beneficio electoral de los grandes partidos. Presidentes de CC.AA. incumplen sentencias del Tribunal Supremo, y no pasa nada; gobiernos autónomos deciden no aplicar las normas del gobierno central que no les gustan, y no pasa nada; diputados autonómicos asaltan supermercados y no pasa nada; dirigentes sindicales anuncian públicamente que van a cortar carreteras, y no pasa nada; médicos proclaman que no van a cumplir la ley sobre atención a inmigrantes irregulares, y no pasa nada.
La confusión es total. Los partidos políticos interpretan el Estado de Derecho a conveniencia; retuercen las leyes, o las ignoran, directamente. Muchos ciudadanos creen que vivir en un Estado de Derecho significa que todo el mundo puede disfrutar de todos los derechos que se le ocurran. Piensan en los derechos como en cosas preexistentes, que estaban ahí, y sólo hacía falta alargar la mano, cogerlos, y quedárselos para siempre. No pueden entender que son las leyes las que establecen los derechos concretos, y que también las leyes pueden modificarlos o suprimirlos.
Creemos tener un Estado de Derecho, pero lo que tenemos es un estado de confusión, un estado manga por hombro. Un Estado del revés.

Presunción de impunidad

El ex-presidente de Baleares ha sido condenado a seis años de cárcel. El ex-director general de Trabajo de Andalucía debe estar haciendo un cursillo intensivo de integración a la vida carcelaria. Iñaki Urdangarín puede estar preguntándose si son más cómodas las prisiones españolas o las estadounidenses.

Por lo que se sabe de esos casos –a falta de sentencia en los dos últimos- llama la atención la despreocupada alegría con la que algunos cargos públicos perpetran sus fechorías. No es que arañaran unas migajas y las depositaran en un oscuro rincón de la casa. Es que amasaban millones y los dilapidaban ostentosamente, a la vista de todos. Las grandes mansiones y las obras de arte son cosas que se ven. Incluso las drogas y la prostitución dejan huella. Siempre hay testigos.

¿Por qué personajes relevantes se juegan su prestigio y su libertad de una manera tan descarada? ¿Acaso creen que ellos son más listos que nadie?

Es posible que algo de eso haya. Pero me parece que, sobre todo, han asimilado la noción de impunidad. Esa impunidad que tradicionalmente ha amparado a los poderosos en España. La misma que disfrutaron los nobles, en su tiempo; y los adeptos al el Régimen, durante el franquismo. Es el fracaso de la premisa democrática de igualdad ante la ley, que muchos todavía no se han creído –quizá porque han visto que no se aplica-.

En España están en vigor miles de leyes y reglamentos. Es imposible hacer que se cumplan todos ellos. Así que el truco consiste en saltárselos alegremente, ya que la probabilidad de que le pillen a uno es escasa. Miles de estafadores y ladrones de guante blanco –o gris- se pasean impunemente por las calles. Saben que si no hay una ex-mujer despechada, un ex-secretario rencoroso, o un ex-chofer vengativo, es poco probable que nadie les pille.

Se habla constantemente de la presunción de inocencia; pero lo que impera es la presunción de impunidad.

Todos a la cárcel

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el gobierno tomará medidas para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos.

Gaspar Llamazares, ex-secretario general de IU, ha respondido que Montoro quiere emular el “todos a la cárcel” de Berlanga, y que los políticos responden únicamente ante sus electores, o ante los jueces en caso de delito.

¡Hombre, don Gaspar! Que usted es diputado, y por lo tanto legislador… No diga babadas. De eso se trata: de legislar de manera que determinadas acciones de los gestores políticos pasen a ser consideradas delito, y no como hasta ahora. Las responsabilidades penales las señalan los jueces, siempre según el dictado de la ley. Y la ley se puede cambiar, precisamente por el Parlamento del que usted forma parte.

Aparte de la salida estrambótica de Llamazares, la propuesta de Montoro me parece un intento de introducir algo de rigor en la gestión pública, pero que no apunta en la dirección adecuada. En los últimos meses se ha creado un clima de opinión, según el cual el déficit es el enemigo número uno, y ya casi todo vale con tal de combatirlo. Sin embargo, el problema no es tanto el déficit, sino en qué se gasta todo el dinero que origina el déficit. Incurrir en déficit para salvar vidas, o para construir infraestructuras que generarán valor añadido es perfectamente razonable.

Lo que debería ser tipificado como delito es el empleo de dinero público para beneficiar solapadamente a los amiguetes; para hacerse publicidad más o menos encubierta; para construir aeropuertos sin vuelos, líneas férreas sin viajeros, túneles que no se pueden abrir, polideportivos que no se pueden mantener, y organismos burocráticos que no se necesitan.

Ahí va a estar el problema: en tipificar jurídicamente el despilfarro. Y por eso me temo que no se hará nada al respecto. ¿Son despilfarro las docenas de embajaditas autonómicas por el mundo? ¿es despilfarro construir una línea de tranvía? ¿contratar a un grupo musical superestelar para que la gente baile gratis en las fiestas del pueblo?

El sentido común de cada ciudadano sabe muy bien lo que es despilfarro. Pero, lamentablemente, “sentido común” y Código Penal no son siempre sinónimos.

Aplaudir antes de tiempo

ETA ha hecho público su enésimo comunicado. Esta vez anuncia el cese definitivo de “actividad armada” (léase “los asesinatos”). Ésta es la única novedad. Por lo demás, continúa exigiendo “el diálogo” con los gobiernos español y francés, y la consulta a los vascos. Por supuesto, ni dice arrepentirse, ni pide perdón por sus crímenes, ni se va a disolver, ni va a entregar las armas y explosivos.

Resulta patético contemplar el lastimero espectáculo de las declaraciones solemnes de Zapatero, de Rajoy, de Rubalcaba, y de tantos otros, ante semejante “comunicadito”. Intentan mantener un gesto serio, pero se les nota que tienen que contenerse para no dar saltos de alegría.

Por supuesto, es una buena noticia que ETA diga que cesa definitivamente la acción armada. Tan buena como si Miguel Carcaño anunciara que ya no va a asesinar a más chicas con un cenicero. Pero eso no debería significar que a todos nos dé un ataque de amnesia, que olvidemos todos los crímenes, que se liberen presos, o que se proponga a ETA para el Nóbel de la Paz.

La reacción que a mí me hubiera gustado ver en Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, y tantos otros es otra: “Nos parece muy bien que ETA anuncie que abandona los asesinatos. Por lo demás, se continuará buscando a los culpables, juzgándolos, y encarcelándolos. El día que anuncien su disolución, entreguen las armas, y colaboren al esclarecimiento de los crímenes –y sólo ese día- hablaremos de lo que puede hacerse para la reinserción y la convivencia definitivamente en paz de todos en libertad y en democracia”.

Una vez más –y van muchas ya- parece que empezamos a aplaudir antes de que termine la función. Señores Zapatero, Rajoy y Rubalcaba: dejen de mentirnos, no es cierto lo que han dicho. “La democracia no ha vencido a ETA. Todavía no.

Extraña impunidad

María Luisa Cava de Llano es la Defensora del Pueblo interina. Ha pedido –nada más y nada menos- que se legisle para que el despilfarro del dinero público sea tipificado como delito.

Parece que a ningún partido se le había ocurrido la idea –sólo UPyD la venía considerando-. Y sin embargo, responde a una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos: ¿por qué unas conductas que son causa de despido fulminante o de demandas civiles en la empresa privada, quedan impunes en el ejercicio del poder?

Existen, eso sí, figuras jurídicas como la malversación de fondos públicos, la apropiación indebida o el cohecho. Pero no hablamos de eso, sino del mal uso de los recursos públicos por incompetencia, irresponsabilidad negligencia o capricho.

Probablemente, no va a ser fácil definir con precisión jurídica lo que es “despilfarro”, aunque todos tenemos en la cabeza actuaciones gubernamentales o municipales descabelladas, inútiles, desproporcionadas. Quizá el término más homologable sea el de “negligencia”. Un médico que causa un daño involuntario a un enfermo, igual que un aparejador al que se le cae una casa, un conductor que atropella a un peatón, tienen que someterse a una investigación para determinar si los daños se han debido a causas totalmente imprevisibles, o si deberían haberse previsto, y por lo tanto, evitado. Un juez determinará si ha habido o no negligencia, y podrán sufrir pena de prisión, o hacer frente a las correspondientes indemnizaciones con su patrimonio personal.

¿Por qué no sucede lo mismo con los ministros, consejeros o alcaldes? En democracia cualquier ciudadano puede ser elegido para desempeñar cualquier cargo público. Pero tener la acreditación de las urnas en vez de la de una titulación académica no debería ser sinónimo de impunidad.

Milagro en el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha adquirido merecida fama por la lentitud con la que se producen sus sentencias. Los recursos interpuestos contra el Estatuto de Cataluña tuvieron que esperar tres años hasta que se produjera fumata blanca. Tres años durante los que el gobierno tripartito catalán fue poniendo en marcha decisiones inspiradas por un Estatuto que pendía de un hilo. Lo mismo ha ocurrido con docenas de recursos sobre cuestiones delicadas y fundamentales.

No queda claro si esa demora –que tan gravemente deteriora la eficacia de la Justicia- es debida a la dificultad de los asuntos, a la obsesión por la precisión jurídica, al sometimiento a la presión de los políticos, o a que los señores magistrados se toman con calma su trabajo.

En cambio, hoy el TC va a decidir sobre el recurso de Bildu contra la decisión del Tribunal Supremo de anular sus candidatural  en menos de 24 horas. Antes de las 12 de la noche habrán publicado su resolución. ¿Cómo es posible semejante milagro? ¿Quizá por que el asunto es poco complejo? ¿porque van a olvidarse en esta caso de la precisión jurídica? ¿acaso les habrá dado un ataque de hiperlaboritis?

Todo es posible. Pero lo que nadie duda es que la presión de los políticos va a ser decisiva en su decisión. Sea cual sea ésta –y tras el asesinato de Montesquieu por parte de Alfonso Guerra- ya nadie en España confía en una justicia independiente.

El pedo

Todos los vecinos del pueblo se hallaban reunidos en la iglesia para decidir qué hacer. El nido de cigüeñas que había sobre la techumbre del templo había seguido creciendo, y su peso amenazaba la vieja estructura. Todos coincidían en que había que hacer algo urgentemente si no querían que el templo quedase en ruinas.
No se ponían de acuerdo. Uno proponía matar a tiros a las cigüeñas. Otro prefería ponerles veneno. Aquél sugería construir otro nido en un lugar diferente y éste decía que lo que había que hacer era reforzar las vigas.
Entonces apareció don Julián, el sacristán medio sordo, que llevaba un paquete a la sacristía. Justo al entrar en ella se oyó un sonoro pedo, y el hombre continuó como si tal cosa. Pero a partir de ese momento todos los congregados dejaron de hablar del tejado y de las cigüeñas, y todo fueron comentarios, risas, críticas, burlas y compasiones a cuento del pedo del sacristán. La reunión se disolvió sin tomar decisión alguna. A la semana siguiente el tejado de la iglesia se vino estrepitosamente abajo.

La pandilla de delincuentes de ETA han hecho público un comunicado en el que dicen que van a suspender los atentados. Pues qué bien. Yo les diría que como si se operan de hemorroides. Allá ellos. A la sociedad debería importarle un pimiento lo que digan estos fanáticos. Se les sigue buscando, deteniendo, juzgando y encarcelando. Y punto.

Pero no va a ser así. Se han tirado un pedo. Como cada vez que abren la boca: apesta. Y todos vamos a estar dándole vueltas al pedo, olvidando los gravísimos problemas económicos que aquejan a esta sociedad. El presidente no podrá dejar pasar la única oportunidad que le queda de recuperar algo de su pisoteada credibilidad. La oposición pondrá el grito en el cielo, y el gobierno volverá a oponerse a la oposición. Los periodistas dedicarán páginas y horas a analizar el pedo. Y la gente corriente nos olvidaremos de la amenaza de las cigüeñas.

El aborto y la chulería autonómica

Ayer entró en vigor la nueva ley del aborto. Quizá lo esencial de ella es que el aborto pasa de ser considerado algo no deseable -aunque en determinadas ocasiones puede resultar también necesario- a ser tratado como un derecho. La polémica ha sido y sigue siendo intensa. Unos ponen el acento en la mujer y consideran al feto como una excrecencia del cuerpo de la misma, y otros focalizan sobre el feto, al que consideran como un sujeto pasivo e indefenso que debe ser protegido por la ley.

Independientemente de la opinión que cada uno tenga, el hecho objetivo es que la ley ha sido aprobada legal y legítimamente. Ha sido recurrida ante el TC, y en su momento se conocerá la resolución del alto tribunal. Por su parte, el presidente de Murciia, Ramón Luis Valcárcel ha afirmado que de momento no hay razones para aplicar esa ley.

Otro empujoncito para llevar a España hacia el caos. Hemos hablado hasta la saciedad de los empujones de Ibarretxe, Zapatero, Carod-Rovira, Maragall y Montilla en el mismo sentido. Seguramente han sido de los más potentes, pero esto del presidente de Murcia es otra ocurrencia impresentable, que debería dar lugar a una reacción contundente por parte del gobierno central.

Si esto es un estado de derecho, o jugamos todos o rompemos la baraja. No puede ser que cada reyezuelo autonómico o local se atribuya el derecho a decidir qué leyes se cumples y cuáles no. No es de recibo que Montilla organice una manifestación contra la ley. No es tolerable que Valcárcel diga que no va a cumplir la ley “de momento”. Las leyes se cumplen o esto se irá al garete. Y el responsable máximo de hacer cumplir las leyes es el gobierno. Es irresponsable que no ejerza su papel. El gobierno central dispone de mecanismos para intervenir en las CC.AA. cuando en ellas nos e cumple la ley. Han sido numerosas las ocasiones en las que ha tenido motivos para hacerlo, y ni este ni anteriores gobiernos se han atrevido. Como consecuencia, la rebeldía y la anarquía siguen avanzando. El estado central agoniza, casi sin pulso. Apenas le quedan competencias, apenas le queda dinero que administrar, apenas le queda autoridad que ejercer. Por no ejercer, no ejerce ni la defensa de la dignidad nacional, hecha jirones por 17 hijos chulitos que intentan quedarse cada uno con un trocito de eso que se había llamado España.

El argumento de los cojones

Es muy ilustrativo escuchar los serenos argumentos del portavoz del comité de empresa del Metro de Madrid:
“Vamos a muerte. Si tenemos que entrar a matar, entraremos a matar.”
“Si nos tocan los cojones somos capaces de cualquier cosa”. Por otra parte, cuatro trabajadores de Metro han sido agredidos por sus “compañeros” de un piquete cuando se dirigían a cocheras para cumplir su trabajo.

Este es el energúmeno impresentable que está arengando a los trabajadores para que se salten la ley. Es decir: para que se conviertan en delincuentes. Y además el tipo tiene la cara dura de decir que ellos “son personas decentes”. Recurre al argumento más usado por los bestias cuando no tienen argumentos: los cojones.

La empresa asegura que ha abierto 400 expedientes a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál ha sido la respuesta de los sindicalistas? ¿acaso contratar abogados? ¿acaso declarar que ellos no han hecho nada? Pues no. Su reacción ha sido amenazar: “Si se producen expedientes, volvemos a la huelga total”.

Resulta anacrónico este comportamiento propio de “gánsters” del Bronx de principios del siglo XX. Pero lo que es absolutamente intolerable es que el Ministro del Interior, y el Fiscal General del Estado no hayan dado instrucciones inmediatas a las fuerzas de seguridad para proteger a los trabajadores que quieren hacerlo, y para detener y enjuiciar a los que tienen la chulería de retar a todos los españoles. de coaccionar a trabajadores libres, y de agredir al que no se pliega a su capricho.