El Estado del revés

Un Estado de Derecho es aquél que está estructurado mediante instituciones que desempeñan diferentes funciones en el marco de un ordenamiento jurídico preciso. Se le llama “de Derecho” por esa razón: porque todo está subordinado a la ley, de manera que instituciones y ciudadanos conocen las reglas del juego, y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer.
Los ciudadanos eligen como representantes a aquellos que mejor pueden defender sus opiniones o intereses, y esos representantes redactan modifican o derogan las leyes que obligan a todos. Esos representantes designan también un gobierno, cuya misión consiste en dirigir la Administración del Estado, proponer textos legislativos, y siempre cumplir y asegurar el cumplimiento de la ley.
España quedó configurada como un Estado de Derecho a partir de la aprobación de la Constitución, en 1978. Sin embargo, la realidad del funcionamiento de las instituciones es muy distinta. Los diferentes poderes no son independientes, sino que se solapan y se confunden en un continuo toma y daca para el beneficio electoral de los grandes partidos. Presidentes de CC.AA. incumplen sentencias del Tribunal Supremo, y no pasa nada; gobiernos autónomos deciden no aplicar las normas del gobierno central que no les gustan, y no pasa nada; diputados autonómicos asaltan supermercados y no pasa nada; dirigentes sindicales anuncian públicamente que van a cortar carreteras, y no pasa nada; médicos proclaman que no van a cumplir la ley sobre atención a inmigrantes irregulares, y no pasa nada.
La confusión es total. Los partidos políticos interpretan el Estado de Derecho a conveniencia; retuercen las leyes, o las ignoran, directamente. Muchos ciudadanos creen que vivir en un Estado de Derecho significa que todo el mundo puede disfrutar de todos los derechos que se le ocurran. Piensan en los derechos como en cosas preexistentes, que estaban ahí, y sólo hacía falta alargar la mano, cogerlos, y quedárselos para siempre. No pueden entender que son las leyes las que establecen los derechos concretos, y que también las leyes pueden modificarlos o suprimirlos.
Creemos tener un Estado de Derecho, pero lo que tenemos es un estado de confusión, un estado manga por hombro. Un Estado del revés.