El "escrache" o acoso bueno

Según la Real Academia, “acosar” es perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. Algo tan amplio podría incluir las constantes llamadas de las compañías telefónicas para ofrecer sus servicios, o la pertinaz insistencia de un senegalés que nos quiere vender un reloj. Pero esta sociedad se ha tomado muy en serio los acosos, y se han formado movimientos ciudadanos y asociaciones para luchar contra ellos, y se han promulgado leyes específicas para prevenirlos y castigarlos. En la prensa aparecen constantemente noticias relacionadas con el acoso laboral, el acoso escolar, y el acoso sexual. Están tan mal vistos que a veces nos pasamos de rosca, y encargados, profesores o varones son acusados de acoso por levantar la voz a un trabajador, suspender a un alumno, o proponer una cita a una mujer. Pero de repente la progresía nacional ha decidido que existe un acoso bueno, admisible, e incluso recomendable. Como la palabra “acoso” está proscrita, lo llaman “escrache”, que suena mucho más fino, y consiste en perseguir, apremiar, importunar, molestar, requerir, insultar o amenazar a políticos, con la única condición de que no sean de izquierdas. Es cierto que los partidos políticos tradicionales se han olvidado de su función original, y se han convertido en máquinas de captar votos y de repartir cargos y prebendas. Es cierto que se han ganado a pulso el descrédito de los ciudadanos, a base de decir una cosa y la contraria, de emitir discursos vacíos, y de tolerar en su seno altas dosis de corrupción. Sin embargo, pese a todo, esos políticos han sido elegidos democráticamente. Millones de ciudadanos han decidido libremente que les representen, y hasta las próximas elecciones ostentan legítimamente esa representación. En cambio, por mucho ruido que hagan, los que practican el escrache, los que corean consignas en las manifestaciones, los que ocupan edificios y espacios públicos se representan únicamente a sí mismos. Es posible que sus reclamaciones estén justificadas; es legítimo que expresen su malestar. Pero de ninguna manera debemos permitir que suplanten la soberanía nacional, y que pisoteen la democracia. Durante siglos España ha tenido que sufrir la injerencia de individuos que se han apropiado del poder “en nombre del pueblo”. Tradicionalmente vestían uniforma, y el último intento se produjo el 23 de febrero de 1981. Los que ahora tratan de imponer su voluntad a la que han expresado los ciudadanos en las urnas no van armados ni uniformados. Pero esa es la única diferencia: las intenciones son las mismas.