En
sentido amplio, la ley el es conjunto de reglas que permiten el desempeño
ordenado de las actividades de los ciudadanos. La legitimidad de las leyes
puede ser nula -como en las dictaduras-, problemática –como en las teocracias-,
o completa –como en las democracias avanzadas. A pesar de ello, en los tres
casos cumple su función para ordenamiento de la convivencia y para la
resolución de los conflictos.
Tanto
para la gestión de una comunidad de vecinos, como para la conducción de
vehículos, o para disputar un encuentro de fútbol, es imprescindible la
existencia de unos estatutos y reglamentos que señalen lo que se puede hacer y
lo que no se puede hacer. Nadie imagina un partido de fútbol en el que uno de los
equipos se salte las reglas metiendo goles con la mano, defendiendo una
portería más pequeña que la del contrario, o ignorando las decisiones del
árbitro.
Durante
las últimas semanas se viene discutiendo sobre la legalidad o ilegalidad de las
acciones que vienen ejecutando el gobierno de la Generalidad de Cataluña, su
Parlamento, la policía autonómica y las organizaciones independentistas. Desde
el punto de vista legal no ha existido convocatoria de referéndum, ni referéndum,
ni ley de transitoriedad, ni proclamación de independencia. No hace falta
explicar que todo ello está totalmente fuera de la ley.
Pero
no deberíamos olvidar que la ley no lo puede todo, y que muchos actos cometidos
fuera de la ley se han convertido en realidades. El 14 de abril de 1931 en muchos
ayuntamientos de España se izó la bandera republicana, y un comité
revolucionario la proclamó en Madrid sin ningún soporte legal. El 12 de marzo
de 1938, Hítler anexionó a Austria como una provincia alemana más. Ninguna ley
amparaba esa acción, pero hizo falta una guerra y cien millones de muertos para
revertir la situación. El 9 de noviembre de 1989 el muro de hormigón que
dividía los sectores occidental y oriental de Berlín dejó de cumplir su función
sin apoyo de ninguna ley.
En
el caso de la anexión de Austria, la aplastante superioridad militar se impuso
sin dificultad a la ley. Pero en los otros dos ejemplos fue una multitud desarmada la
que bastó para convertir la ley en unos papeles inútiles.
A
estas alturas nadie debería albergar dudas sobre lo que les importan las leyes
a los independentistas de Cataluña. A mí lo que me preocupa es que el Gobierno
de España y los partidos constitucionalistas puedan creer que basta con disponer
del escudo de la ley para asegurar que los sediciosos no se saldrán con la
suya, y que olviden que la ley también tiene su talón de Aquiles
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