Hacer de su toga un sayo

El elevado número de casos de desahucio como consecuencia del desempleo galopante supone un drama nacional que las autoridades habrían tenido que afrontar hace ya muchos meses. Es preciso encontrar fórmulas que permitan paliar esas situaciones, garantizando también la seguridad jurídica, sin que supongan un estímulo al incumplimiento de los contratos. No será nada fácil –en el país campeón de la trampa y la picaresca- establecer un sistema que ayude a los que realmente lo necesitan, sin permitir que se aprovechen los “listos”, que nunca faltarán.

Se viene produciendo una legítima presión en ese sentido, que va desde las movilizaciones de asociaciones ciudadanas hasta la decisión de algunos ayuntamientos de retirar sus fondos de determinados bancos, pasando por la sensibilización de la opinión pública que vienen ejerciendo los medios de comunicación. No tengo la menor objeción que hacer a todo ello.

Pero lo que me deja estupefacto es el desparpajo con el que algunos jueces afirman que ellos “no quieren ser el cobrador del frac de los bancos”, o con el que representantes del Sindicato Unificado de Policía alientan a los policías a no participar en los procesos de desahucio. Se trata, sin duda, del reflejo de un clima general en el que todo el mundo está convencido de que eso de que la soberanía reside en el pueblo significa que cada persona puede decidir qué leyes le gustan o no, y cumplirlas o no, según su libre albedrío.

Si gobiernos autonómicos pueden saltarse impunemente las resoluciones del Tribunal Constitucional; si el presidente de una región puede incumplir la Constitución que le permite a él disfrutar de su cargo; no es de extrañar que los jueces crean que pueden decidir en qué partes de la ley actúan o no, o que los policías quieran decidir con qué leyes colaboran y con cuáles no.

Se trata de un peligroso síntoma –uno más- de la descomposición del Estado de Derecho. Los señores jueces y los señores policías tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las leyes. Las que les gustan y las que no les gustan. Los que tienen la facultad de crear, suprimir o modificar las leyes no son ellos, sino los legítimos representantes de los ciudadanos. Y si a un señor juez o a un señor policía le remuerde la conciencia cumplir su trabajo aplicando una ley determinada, tiene en su mano evitarlo. Es tan sencillo como darse de baja en el cuerpo, dejar de cobrar el sueldo que le pagamos entre todos, y buscarse la vida en la empresa privada, o ponerse en la cola del paro, donde puede estar seguro de que no se va a encontrar solo.