La burbuja del Estado

A estas alturas todos sabemos en qué ha consistido la “burbuja inmobiliaria”, ese espejismo de riqueza que, al estallar, nos está obligando a volver dolorosamente a una situación menos ambiciosa, pero más acorde con la realidad. En esencia, la burbuja inmobiliaria ha consistido en la edificación de millones de viviendas, adquiridas por millones de españoles con cientos de millones que no tenían, y que bancos y cajas les prestaban alegremente. Convencidos todos de que la prosperidad estaba garantizada por los siglos de los siglos, los ciudadanos –con el aliento de unas entidades bancarias complacientes- pidieron dinero para pisos más grandes, con terrazas más amplias, con muebles más caros, electrodomésticos más sofisticados, y cortinas más lujosas. Todo al fiado, como sus abuelas compraban los garbanzos en el colmado de la esquina. En paralelo, el Estado ha ido creando su propia burbuja, ha edificado un enorme entramado institucional, con administraciones duplicadas; lujosos edificios para sedes de gobiernos autónomos y parlamentos regionales; cientos de empresas públicas –porque hace falta mucha gente para ganar elecciones, y hay que agradecerles el esfuerzo colocándolos bien-; unos sindicatos bien engrasados para garantizar su docilidad; universidades por doquier, aeropuertos en cada esquina; líneas de AVE para llenar el mapa; prestaciones sanitarias universales; ordenadores en las aulas; prejubilaciones para post-adolescentes; subvenciones a miles de ONG’s; polideportivos para septuagenarios; auditorios monumentales, carriles-bici para no desgastar las calzadas; festivales; conciertos; y hasta condonación de la deuda de otros países. Al igual que en el caso de la otra burbuja –la inmobiliaria- todo ello sin tener dinero para hacerlo. Recurriendo al préstamo de los inversores internacionales –antes generosos y complacientes-, como si la prosperidad estuviera garantizada por los siglos de los siglos. Ahora nos encontramos con que la primera burbuja ha estallado, el colmado está a punto de cerrar, y ya no encontramos quién nos fíe los garbanzos. Los bancos, antes complacientes, son ahora malvados buitres que se alimentan de nuestros despojos. Desesperados por la necesidad, volvemos la mirada hacia el Estado, última esperanza –aparte de la Providencia Divina-, implorando, exigiendo, gritando para que nos saque del pozo en el que nos hemos metido. Pero el Estado está a punto de ver como estalla su propia burbuja. Los inversores internacionales, antes complacientes, son ahora malignos especuladores que se han propuesto arruinarnos. Los gobiernos se debaten en el laberinto que ellos mismos han ido creando, incapaces de encontrar la salida. Necesitan a los votantes para existir, pero les resulta imposible darles todo lo que les habían ofrecido para conseguir sus votos. Ya no tienen nada que ofrecerles, sino sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo, desconcertado e incrédulo, asiste entre indignado y aterrado al desmoronamiento de una quimera de Estado Providencia; al estallido de la inmensa burbuja de un Estado que les ha engañado. Que les dijo que la democracia era la garantía de la libertad, de la justicia, de la prosperidad y de la seguridad. Que les hizo creer que con democracia todo sería maravilloso, que los derechos no tendrían límites, que alguien se encargaría de subsanar las consecuencias de sus errores, que podían despreocuparse de todo… excepto de votar cada cuatro años.

El peso de los escombros

El gobierno se ha puesto el traje de faena y se ha metido en obras. Pretende reformar España de arriba a abajo: el salón de la educación; el cuarto de baño de la sanidad; el dormitorio de las pensiones; el despacho del sistema bancario; y el trastero de la reglmentación laboral. Somos muchos los que pensamos que debería reformar también la instalación eléctrica del sistema autonómico; las ventanas de la separación de poderes; los desagües de las subvenciones; y los armarios empotrados de la partitocracia. Y ya puestos, tendría que hacerse un buen pulido y abrillantado del funcionariado. Se necesitan reformas, muchas y de envergadura. Pero, como en toda obra- se producen gran cantidad de escombros. Nadie está a salvo de que le caiga algún cascote en la cabeza, y todos vamos a quedar manchados con el polvo. Es inevitable: tendremos que soportar las incomodidades durante un tiempo, si queremos después disfrutar de una España convenientemente rehabilitada. Pero el gobierno debería planificar bien las obras, y tener mucho cuidado con los escombros. Existe el peligro de que –si se acumulan en exceso, sin orden ni previsión- el peso de esos desechos supere la resistencia de la estructura. A ver si por reformar a lo loco se nos va a hundir el edificio entero.

La importancia de las motos

En un lejano país había un labrador que mantenía a sus cuatro hijos con el fruto de unas tierras que trabajaba con ahínco. Deseando que tuvieran un futuro digno del siglo XXI los envió a estudiar a la ciudad. Como los gastos eran muchos, pensó en instalar invernaderos para aumentar la producción de sus tierras. Obtuvo un préstamo del banco del pueblo para adquirir los materiales, y al año siguiente la cosecha se multiplicó, con lo que pudo devolver parte del crédito y dedicar el resto al mantenimiento de sus hijos en la ciudad. A la vista de la buena situación, los hijos le explicaron que estudiarían mejor si pudieran disponer de en un piso amplio, en vez de en vivir en la estrecha habitación de una pensión junto a la universidad. El padre lo entendió, y solicitó y obtuvo un nuevo préstamo del banco. La cosecha volvió a ser cuantiosa, y pudo devolver la parte del préstamo de ese año. Entonces los hijos le dijeron que perdían mucho tiempo en desplazamientos desde el nuevo piso de la ciudad hasta la universidad. Le propusieron que comprara una moto para cada uno, y que tenía que ser de gran cilindrada, para no ser menos que sus compañeros. El padre volvió a hablar con el banco, y obtuvo un nuevo préstamo para comprar cuatro soberbias máquinas. Ese año la cosecha fue también buena, pero las tormentas primaverales habían dañado las instalaciones del invernadero. El hombre volvió al banco para pedir dinero para reparar su explotación, pero esta vez el banco no accedió a su demanda. Habló entonces con sus hijos, y les pidió que vendieran las motos para con ese dinero arreglar el invernadero. Los hijos le dijeron que eso era imposible porque todos sus compañeros se burlarían de ellos. Para no enfrentarse con ellos, el hombre aplazó las reparaciones. La cosecha fue menor ese año, y el invernadero se deterioró aún más. No pudiendo devolver lo pactado al banco, les dijo a sus hijos que no podría enviarles sino la mitad del dinero de otros años. Los hijos se enfurecieron: le dijeron que estaban en mitad de sus carreras, que él les había enviado a estudiar, que tenían derecho a hacerlo, y que no podían ir en autobús a la universidad. Tampoco aceptaron alquilar dos de las habitaciones de la casa a otros estudiantes porque estarían todos demasiado apretados. El padre se resigno. El dañado invernadero produjo ese año una cosecha ínfima. No pudo devolver los préstamos. El banco embargó las tierras, el piso de la ciudad, y las motos. Los hijos tuvieron que abandonar los estudios, y sin un lugar donde vivir se alistaron en el ejército del país vecino. No volvieron a dirigir la palabra a su padre, culpándole de haber administrado mal las tierras y de haberles dejado sin dinero y sin futuro.

Quimioterapia social

Standard & Poor’s rebaja la calificación de la deuda española en dos grados. El desempleo aumenta hasta el 24,44%. El crédito bancario continúa asfixiado. Decenas de miles de jóvenes buscan una salida fuera de España. Estudiantes, sanitarios, sindicatos, y los del 15-M se preparan para demostrar en las calles su cabreo. Rajoy ya no sabe dónde esconderse. La situación es terrible; el horizonte plomizo; el pesimismo cunde; seguimos avanzando en un larguísimo túnel sin saber cuánto falta para llegar a la salida. Es la consecuencia del tratamiento con quimioterapia. El enfermo está muy grave. Lo estaba desde hace años, y durante demasiado tiempo han intentado curarlo a base de pomadas, masajes, analgésicos y dieta blanda. Pero la enfermedad era mucho más profunda. Es imprescindible un tratamiento agresivo. La quimioterapia tiene unos efectos secundarios dramáticos. El enfermo se queda para el arrastre, y la familia termina odiando al equipo médico, pero es la única manera de que después pueda recuperar la salud. Hay que aguantar y tener paciencia. Sin embargo, no estoy tranquilo. De momento parece que esos médicos se olvidan de los 8.300 ayuntamientos, de los 460.000 políticos que viven del dinero público, de la televisiones autonómicas, de los servicios duplicados y triplicados, de las CC.AA. que continúan gastando con alegría porque no recaudan ellas. Creo que pese a su dureza, el tratamiento va en la buena dirección. Pero temo que estén tan obsesionados con la quimioterapia que se les está olvidando que hay que extirpar el tumor.

Sálvese quien pueda

Ahora que parece que casi todo el mundo –a excepción de los partidos nacionalistas- va reconociendo que sí, que UPyD tenía razón, que este Estado de las Autonomías es inviable, que nos hemos pasado 8.300 pueblos –literalmente-, el gobierno central aprieta las tuercas a las CC.AA., y éstas se ven obligadas a reducir lo que siempre dijeron que no tocarían: la sanidad y la educación.

La reacción ha sido inmediata. Los maestros y profesores, y el personal sanitario, a través de sus variopintos sindicatos han visto venir la pérdida de miles de puestos de trabajo interino, y puede que empiecen a sentir el vértigo de un futurible despido de funcionarios con oposición. En otros países ha ocurrido, y no hay razón para pensar que en España no llegue a ser posible.

Por su parte, los padres de alumnos, los universitarios, los enfermos, y los candidatos a enfermos –que somos todos- también han puesto el grito en el cielo, temiéndose que van a verse perjudicados por una u otra vía.

Es curiosa la diferente vara de medir que utilizamos las personas para evaluar las situaciones y establecer soluciones. La conciencia de que existe un gasto público desmesurado es universal. La asunción de la necesidad de reducir gastos y servicios se extiende cada día más. Pero cuando llegamos a lo concreto, y esa reducción se plasma en consecuencias que nos afectan directamente a cada uno, olvidamos lo anterior, y exigimos que a nosotros no nos toquen los derechos adquiridos.

No sé si España será capaz de salir airosa de esta dura y larga prueba. Se necesitaría mucha cordura, visión de futuro, y sentido de estado por parte de los dirigentes políticos; y no son esas las características que más les distinguen. Pero haría falta también grandes dosis de responsabilidad y coherencia por parte de los ciudadanos. Si todos nos obstinamos en que los sacrificios los hagan los demás, podemos entrar en la peligrosa espiral del “sálvese quién pueda”.

Recortes o reformas

Ayer defendía la necesidad de reformar el sistema sanitario -y lo mismo ocurre con el educativo, que abordaré otro día-. No se puede seguir manteniendo el espíritu de buffet libre en la prestación de servicios, porque los ciudadanos no son del todo conscientes de lo que les cuestan, y porque fomentan el abuso y la ineficiencia.

Con todo, las medidas anunciadas en Sanidad no me parecen las más convenientes. Dejando aparte el hecho de que todo el alud de medidas del gobierno deja en evidencia la falsedad y la cobardía que desplegó el PP durante la campaña electoral –hecho gravísimo en sí mismo-, en todas ellas se aprecia la imperiosa necesidad de recortar, y una insuficiente elaboración de reformas estructurales imprescindibles.

Las medidas de racionalización en Sanidad podrán ser aplicadas o no en las CC.AA., con lo que pueden aumentarse la diferencia en los derechos de los españoles en función de la región en que habitan. Si no todas las CC.AA. las aplican, el efecto esperado en cuanto a recuperar confianza de los mercados internacionales se habrá perdido en buena medida. Como viene proponiendo UPyD, habría sido necesario, primero, devolver al Estado las competencias normativas sobre estos servicios, para que la Sanidad fuera la misma para todos, aunque siguiera estando gestionada por lso gobiernos autonómicos.

Se crea, además, un sistema complejo, ligado a la renta de cada usuario, lo que supondrá un elevado coste, una mayor burocracia, y abrirá una puerta más al fraude y al chanchullo –cosas en las que somos expertos en España-. Nada garantiza que muchos médicos vayan a dejar de recetar alegremente todo lo que le piden sus pacientes. Nada garantiza que los pensionistas –y ahora también los parados sin prestación- sigan consiguiendo recetas para toda la familia. No se hace nada para evitar el abuso de las urgencias, ni de las consultas de atención primaria.

En definitiva: un parche para ir tirando. Una leve mejora respecto a lo anterior. Pero todavía muy lejos de una reforma que fomente la responsabilidad de los usuarios y del personal sanitario. Aceptamos el recorte. Pero esperamos la reforma.

Sanidad de buffet libre

El gobierno ha anunciado una reforma sanitaria que incluye el pago parcial de los medicamentos por parte de los pensionistas. Pagarán el 10% de su importe, con un máximo mensual entre 8 y 18 euros, según sus ingresos. También pagarán un 10% más los trabajadores en activo, y en cambio no pagarán nada los desempleados sin prestación.

La reacción de una parte de la opinión pública ha sido explosiva: inadmisible; ataque a la sanidad; los jubilados tendrán que escoger entre comer o medicarse; afectará a la salud de los más pobres, etc. Me pregunto por qué en España tenemos tanta dificultad para contemplar con serenidad los asuntos. Aquí no hay términos medios: o las cosas son maravillosas o terroríficas. Ángeles o demonios.

Resulta increíble la ceguera de aquellos que no entienden que el sistema actual es completamente irracional, además de insostenible. No es razonable que España se haya convertido en el primer destino mundial de turismo sanitario, porque aquí se proporciona sanidad gratuita a cualquiera que viene. No tiene sentido que un mileurista con dos hijos pague el 40% de los medicamentos, y un jubilado con pensión de 3.000 euros los obtenga gratis. No es eficiente que las urgencias se utilicen generalizadamente en sustitución de la atención primaria. No puede ser que los botiquines domésticos estén atiborrados de medicamentos. No es legítimo que familias enteras obtengan medicinas gratis a través de la tarjeta sanitaria del abuelo.

Se argumenta, con razón, que ya pagamos la sanidad a través de las cotizaciones y los impuestos. El gran fallo de este método es que existe gran distancia entre el que paga y el que recibe. Todos pagamos la sanidad –la utilicemos o no-, pero al no pagar según su uso, se dispara la tendencia a abusar del sistema. Igual que ocurre en los restaurantes de buffet libre: al mismo precio, la gente tiende a atiborrarse, y al que sólo se come un plato de ensaladilla se le pone cara de idiota.

Con todo, creo que la reforma anunciada no va a terminar con las ineficiencias. Pero eso lo explicaré mañana.

Hítler y los recortes

La ex-vicepresidente del Gobierno, M. T. Fdez. de la Vega, ha relacionado las políticas de austeridad actuales con el ascenso al poder de Hítler.

Como siempre que se hace una comparación con Hítler, la intención es sacudir a alguien, en este caso al gobierno del PP. Pero, aparte de eso, hay algo de verdad en las palabras de De la Vega. La Alemania de los años 20 padeció las durísimas condiciones que los Tratados de Versalles habían impuesto como reparaciones de guerra, en 1919. Se produjo una inflación desorbitada, y se llegaron a utilizar meros papeles como sustitutos del dinero. La patria de Kant y de Hegel no podía resignarse a ser los pordioseros de Europa, y el discurso de Hítler tenía el terreno abonado.

Nadie sabe cómo puede terminar la profunda crisis en la que se debate España. Tanto la situación del país como las circunstancias internacionales son muy diferentes a las de 90 años atrás. Pero no deberíamos dejar de preocuparnos, y convendría exigir a los líderes políticos de todos los partidos una visión más amplia que la mezquina de intereses electorales que suelen exhibir.

No es el hambre lo que provoca revoluciones y las guerras. Países en los que millones de personas viven en la penuria se mantienen pacíficamente, soportando su destino con resignación. Lo que da lugar a las explosiones sociales es la frustración de las expectativas, con independencia del nivel objetivo de bienestar que tenga una sociedad. Un habitante de Somalia no se moverá si mañana sigue igual que hoy: sin poder comer más que un puñado de arroz. En cambio, un chaval de París o de Madrid puede llegar a asaltar el Elíseo o La Moncloa si de repente se queda sin poder echar gasolina a su moto.

Padres al cole

El chico, de 14 años, ha suspendido todas las asignaturas. El padre, indignado, ha ido a hablar con el tutor, y ha exigido entrevistarse con cada uno de los profesores de cada asignatura. Aunque no es el procedimiento habitual, porque para eso está la figura del tutor, el jefe de estudios accedió, y el padre fue visitando a cada profesor.

¿Quería saber cuáles eran los puntos débiles de su hijo? ¿O preguntar de qué manera podría él contribuir desde casa a que el chico estudiara más?

No. Era que el padre no estaba de acuerdo con las calificaciones. Exigió ver los exámenes, y las notas que habían merecido los trabajos realizados por su hijo en casa. No estaba de acuerdo con ellas: “Este trabajo NOS ha costado hacerlo casi diez horas a mi hijo y a mí. No puede ser que le ponga un 4”.

Me pregunto quién debería ir a cole ¿el hijo o el padre?

Escuelas democráticas

Algunos padres y maestros defienden la existencia de las llamadas “escuelas democráticas”, en las que los alumnos serían los responsables de su propio proceso educativo. Ellos decidirían qué aprender y qué no aprender; ellos decidirían cómo organizar las clases; no habría exámenes ni calificaciones; y los alumnos (?) podrían dedicar al juego todo el tiempo que desearan.

Se trata de una idea que ya surgió a finales del siglo XIX, y que –a primera vista- parece atractiva, y más aún a la vista del alto grado de fracaso escolar que produce el sistema generalmente aceptado. Además, contiene elementos de indudable interés, como el papel de la mediación en la resolución de conflictos; el fomento del debate y de la toma de decisiones por mayoría. Sin embargo, el hecho de que sea la antítesis del autoritarismo exacerbado no hace que la “escuela democrática” se convierta en la mejor vía para la educación y el aprendizaje. Ni un extremo, ni otro.

Si profundizamos más allá del mero voluntarismo bienintencionado, pronto veremos que se trata de una propuesta idílica, pero que contradice buen número de realidades biológicas, psicológicas, y sociales. Quizá bastaría decir que si la idea fuera tan buena como creen sus defensores, no se explica que –tras más de cien años- no haya conseguido extenderse en ningún país del mundo.

Surgen, además, muchas dudas: ¿a qué edad se inicia? ¿a los tres años, a los seis, a los doce? Si es a los tres, ¿deben decidir los niños democráticamente a qué hora se van a la cama o cuándo se duchan? Si es a los seis, ¿deciden ellos qué programas de televisión pueden ver o qué alimentos toman? Si es a los doce, ¿ellos deciden cuándo tienen que ir al médico? Por otra parte, ante la ausencia de evaluaciones y calificaciones ¿cómo se garantiza que al final de la escolarización estén capacitados para acceder a una universidad? ¿cómo pueden saber los padres si van evolucionando adecuadamente en la adquisición de conocimientos?

La idea puede ser atractiva, sí. Pero olvida que el aprendizaje requiere ciertas condiciones: curiosidad, esfuerzo y constancia. Y lo cierto es que no todos los niños poseen esas cualidades en el mismo grado ¿qué hacemos si una mayoría de niños de una clase tienen poca curiosidad, pocas ganas de esforzarse, y ninguna constancia? ¿tiene que resignarse la minoría que sí tenga esas cualidades a avanzar al ritmo de los más perezosos mayoritarios?

Y por último: el proceso educativo –como otras actividades humanas- no es igualitario. No puede serlo porque no es simétrico. El profesor, igual que los padres, ocupan una posición diferente, y superior en su ámbito, a la de los alumnos y los hijos. Exactamente igual que en un quirófano el cirujano no está en el mismo plano que el paciente. Igual que el capitán de un barco no lo está respecto a los pasajeros. El capitán de un barco sabe a dónde tiene que ir el barco, sabe qué rumbo hay que seguir, qué velocidad conviene, y cómo organizar a la tripulación. Los pasajeros no pueden decidir democráticamente cómo se gobierna un barco. Los alumnos tampoco puede decidir cómo se lleva una clase. Los experimentos, con gaseosa.

El general del miedo

En “El cabo del miedo”, Robert de Niro es un malo muy malo que acosa a la familia de un abogado para vengarse de él. En el interminable final, Robert de Niro parece indestructible, y una y otra vez resucita después de haber sido, aparentemente, liquidado.

Igual que en España. En 2010, un gobierno visionario que estaba a punto de suicidarnos cambió por completo su política en el último minuto. Pero el fantasma del terror reapareció. Hace cuatro meses llegó otro gobierno que parecía tener más capacidad para afrontar la crisis con reformas profundas. Pero la crisis volvió amenazante. Subió los impuestos; promulgó una reforma laboral; presentó unos presupuestos severos; reformó el sistema financiero. Pero la amenaza se levantó de nuevo. El nuevo gobierno se desdijo de sus promesas, y anunció recortes en Sanidad y Educación. Pero me temo que tampoco va a ser el final.

España se mueve a tropezones, huyendo de la fiera. Improvisando sobre la marcha, sin un plan global y coherente. El gobierno dilapida la legitimidad de su mayoría absoluta apretando el cinturón de los españoles. Pero se resiste a apretar el cinturón de los que viven de la política y aledaños. Siguen ahí las televisiones públicas; las diputaciones, las comarcas, las CC.AA. infladas de altos cargos, empresas públicas y funcionarios. Sigue el maná de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales.

Y lo peor de todo: a diferencia de la película, aquí la familia está dividida. Son incapaces de hacer frente común ante el asesino. PP y PSOE no se han enterado de que ha terminado la campaña electoral. Siguen atizándose unos a otros mientras la ruina del país se acerca cada día un paso más. Son unos despreciables incapaces de aparcar sus rencillas particulares para afrontar unidos la terrible amenaza. El país contiene el aliento. El miedo se generaliza.

No es una película. No es “El cabo del miedo”. Es el general del miedo.

Los derechos de Cándido Feliz

Cándido Feliz era un jubilado que se había embarcado en un crucero por el Mediterráneo. Antes de la partida del gran trasatlántico había memorizado el recorrido previsto, había estudiado el plano de la nave, y conocía al dedillo los servicios existentes y las actividades previstas.

La penúltima noche se iba a celebrar la cena de gala y el baile de disfraces, mientras el barco navegaba rumbo a Barcelona. Cándido Feliz estaba en su camarote, vistiéndose para la ocasión, cuando se apagó la luz. Muy enfadado salió al pasillo dando voces. Un camarero le explicó que había habido un pequeño problema con el sistema eléctrico, pero Cándido no se dio por satisfecho: “La luz no puede fallar en este barco. Tengo derecho a poder vestirme tranquilamente”.

Pasó más de media hora hasta que otro camarero pasó anunciando a gritos: “Por razones técnicas se ha suspendido la cena de gala”. Explicó mientras continuaba recorriendo los pasillos que el barco había chocado con un pesquero y había una pequeña vía de agua. Cándido empezó a enfadarse de verdad: “No es culpa mía si el capitán es un inútil. Tenemos derecho a esa cena. La hemos pagado”.

Se dirigió a cubierta. La gente corría de un lado a otro muy nerviosa. Un oficial pedía calma, anunciando que no había peligro, y que se dirigían al puerto de Valencia. Cándido Feliz gritó furioso: “¡Cómo que a Valencia! Tenemos que ir a Barcelona. Tengo derecho a ir a Barcelona”.

La confusión aumentaba mientras el barco se inclinaba hacia estribor. Un tripulante le ordenó que se pusiera un chaleco salvavidas y que hiciera cola para subir a un bote de salvamento. “De ninguna manera. He pagado mi pasaje. No me pueden obligar a abandonar el barco y meterme en un bote. No estoy dispuesto a perder mis derechos”.

El barco naufragó. Afortunadamente, 786 personas, entre tripulación y pasajeros se pusieron a salvo a tiempo. Sólo hubo que lamentar dos víctimas mortales: un viajero que no se había enterado de nada porque estaba borracho en su camarote. y Cándido Feliz, al que no hubo manera de convencer de que todos sus derechos quedaban en suspenso en caso de naufragio.

Economía de guerra

El debate sobre las consecuencias de la huelga general ha sido completamente anegado por la marea de indignación que han provocado los Presupuestos del Estado para 2012.

Casi todo el mundo se va a ver afectado más o menos directamente. Sube la electricidad; habrá que pagar tasas judiciales; se despedirá personal laboral de los ministerios; se reduce la ayuda a la cooperación; las obras públicas se paralizan; sube el impuesto de sociedades; y casi desaparece la ayuda a la dependencia. A todo eso habrá que sumar las medidas equivalentes que van a tener que tomar las CC.AA.

La situación es crítica, aunque son muchos los que no se han enterado y siguen clamando por “no perder derechos”. Olvidan que los derechos están siempre supeditados a la posibilidad real de hacerlos efectivos. En docenas de países de África los derechos de la Carta de Naciones Unidas son una broma, porque es imposible aplicar el derecho a la educación en un país en el que no hay ni escuelas ni maestros.

Por duro que resulte, es imprescindible hacer recortes. Pero un gobierno tiene que dotarse de legitimidad moral para conseguir que la gente acepte los sacrificios. Y, en mi opinión, este gobierno acaba de perderla por dos razones: a) del recortazo se salvan los partidos políticos y los sindicatos, que van a seguir recibiendo miles de millones en subvenciones; b) la amnistía fiscal a los evasores supone un mazazo a la conciencia colectiva, alienta la corrupción, castiga la honradez, y fomenta la picaresca generalizada –algo que ya gozaba de excelente salud en España.

Se ha definido la situación como de “economía de guerra”, y el símil me parece acertado. Pero va a ser imposible que los ciudadanos se pongan en esa terrible situación si ven que existen barrios donde nunca caen bombas, y que se entregan medallas a los desertores.

“Economía de guerra”

La gran depresión

El 29 de octubre de 1939, en el llamado jueves negro, se inició la Gran Depresión que afectó dramáticamente a los países más desarrollados durante toda la década de los años 30.

Otro jueves, otro 29, en este caso de marzo, ha tenido lugar la huelga general auspiciada por la izquierda contra las reformas de un gobierno de derechas elegido por mayoría absoluta hace tres meses. Y en el contexto de una fuerte crisis financiera internacional, con una economía sobreendeudada, un Estado de Bienestar en demolición, una estructura del Estado sobredimensionada, unas instituciones que no se fían unas de otras, y una sociedad polarizada entre izquierdas y derechas fanatizadas, y entre separatistas e integradores.

Por si fuera poco, hoy se presentan unos presupuestos del estado de infarto, que van a reducir el gasto y la inversión pública de manera que producirán un importante aumento del desempleo –aún más. Y para terminar, los líderes Méndez y Toxo –no sé a qué esperan para contraer matrimonio- anuncian una espiral de movilizaciones “de la calle”.

No sé si esto puede ser el comienzo de otra gran depresión en España. Pero yo me voy a la farmacia a comprar dos carretillas de Prozac. Por si acaso.

Podar, regar, abonar, fumigar, recortar

Reconozco que la jardinería no es lo mío. Pero parece elemental que para que un árbol fructifique, primero hay que podar las ramas sobrantes, después regarlo y abonarlo de manera suficiente, y por último recortar aquellos brotes superfluos.

No es ningún secreto que, en lo económico, España es actualmente un árbol en muy mal estado. A pesar de que algunos visionarios creyeron vislumbrar brotes verdes hace ya mucho, la realidad es que la planta está marchita, y que en las próximas cosechas se esperan pocos frutos, y nada jugosos.

Cuesta entender por qué el nuevo jardinero se empeña en limitarse a recortar –cuando ya se destituyó al anterior por lo mismo-. Hay que recortar, sí. Pero primero hay que hacer una poda atrevida, eliminando el exceso de ramas autonómicas, locales, y nacionales.

Se necesita un riego generoso, cambiando un sistema educativo que produce demasiada sequía intelectual. Hay que hacer que los estudiantes se esfuercen para aprender y que se acostumbren a pensar, y no que se conformen con “sacar” un título, y dejarse mecer por las consignas del telediario.

Hay que abonar convenientemente con políticas de estímulo a las empresas y a los innovadores, y con inversiones públicas que promuevan el desarrollo económico, y no con otras orientadas al boato y la apariencia.

Hay que fumigar enérgicamente para hacer desaparecer las nutridas colonias de parásitos; o, al menos, para que no subsistan a costa del árbol. Sobran cargos públicos, sobran sindicalistas liberados, sobran asesores, sobran enfermos simulados, sobran parados inmóviles, sobran cazadores de bicocas.

Sólo después de todo eso serán beneficiosos los recortes. Ni este gobierno ni el anterior pueden ser tan estúpidos como para no saberlo. Si a pesar de todo se obsesionan en limitarse a recortar, pueden terminar matando al pobre árbol. ¿Por qué no lo hacen, entonces? Sólo se explica porque todas y cada una de las hojas votan, las sanas y las podridas, y aquí nadie hace nada que le pueda costar un voto.

Mentiras piadosas

Ha llamado mucho la atención el estrepitoso fracaso de todos los institutos de opinión a la hora de prever los resultados electorales en Andalucía. Ya no es que las encuestas vaticinaran la victoria de unos u otros, según quién las hubiera encargado. Es que todas ellas coincidían en que el PP ganaría ampliamente, y la única duda era saber si obtendría una mayoría aplastante, o simplemente absoluta.

¿Qué les ha pasado a los expertos? ¿estaban mal diseñadas todas las encuestas? ¿las preguntas estaban mal formuladas? ¿ha habido sesgos generalizados?

Creo que en este caso ha operado un sesgo difícil de calcular matemáticamente: el sesgo de la mentira piadosa. Muchos de los que han recibido la llamada telefónica de un encuestador se han visto en un brete al tener que decir a quién penaban votar. Pensemos en un andaluz de un pueblo cualquiera. Está cobrando el PER, y la familia se defiende bien, ya que un hijo trabaja para la Junta contando pájaros en los parques, y la hija obtiene un sueldo en una ONG que promociona el flamenco, y que sobrevive gracias a la subvención anual. Su estabilidad depende de que sigan gobernando los mismos, y nadie es tan heroico como para suicidarse por el bien común.

Pero los de siempre llevan gobernando 30 años, y Andalucía se mantiene a la cola de casi todos los indicadores de bienestar y prosperidad. Además, se ha sabido que los de siempre han utilizado el dinero público a su antojo, han creado empresas fantasmas, han falseado expedientes, y hasta ha derrochado el dinero de todos en drogas y putas. Nadie con un mínimo de información –y de vergüenza- admitiría que va a votar a semejante tropa.

El dilema creado por la llamada del encuestador sólo tiene una salida. La única que permite mantener la dignidad y no suicidarse: la mentira piadosa. ¿Y dígame: quién cree que votará en las próximas elecciones? Y tras un breve carraspeo suelta la respuesta mágica: “Al PP”. ¿Por qué has dicho eso, José? Mujer… ¡qué iba a decir!

Y hasta los del PSOE se lo habían creído.

Andalucía y Casablanca

El PP ha ganado las elecciones en Andalucía. Pero esto va a caer pronto en el olvido porque lo que cuenta no es ganar sino gobernar. Y en Andalucía van a seguir gobernando los mismos. Con menos desparpajo –desvergüenza dirían algunos-. pero seguirán gobernando. Desde hace 75 años, en Andalucía sólo han gobernado dos partidos: el Movimiento de Franco, y el PSOE.

Ni el asunto de los EREs fraudulentos, ni las francachelas a base de coca y putas, ni el reparto de enchufes de variado voltaje a amigos y familiares han bastado para que los electores abrieran las ventanas para ventilar el establo. Tampoco unos trajes y una oscura trama de cambalaches dieron lugar, hace 10 meses, que los valencianos ventilaran los despachos del gobierno.

¿Por qué es tan benevolente la sociedad española con la corrupción? Dice Carlos Rodríguez Braun, en La Razón, que la sociedad española hace como el capitán Renault, en Casablanca, cuando finge escandalizarse y cierra el local de Rick ¡porque aquí se juega! Yo creo que no es así. Y la prueba es que los electores españoles no han cerrado el garito a los Ricks de Andalucía. Y no lo han cerrado porque allí son mayoría los que juegan.

Sólo hay una explicación para esa tolerancia a la corrupción: el cáncer no está localizado en unos cientos de políticos. El cáncer está tan instalado y extendido en la sociedad que ya no parece una terrible enfermedad. Igual que un negro podría llamar la atención en Vladivostok, pero pasaría desapercibido en Yamena. En un país en el que nos colamos en la fila del cine, nos llevamos el cenicero del bar, copiamos en los exámenes, falseamos los datos para conseguir colegio para el niño, o hablamos con nuestra vecina la enfermera para que nos pasen primero a la consulta, la corrupción no está mal vista. Lo que es de mal gusto es dejarse pillar.

La SGEA. Sociedad General de Egoísmo Autonómico

Cataluña pretende recibir compensaciones por los estudiantes de otras CC.AA. que estudian en universidades catalanas.

Un pasito más en el largo camino hacia la desmembración de España en pedazos cada vez más inconexos. Un paso más hacia el ombliguismo aldeano, hacia la regresión, hacia la vuelta a la época feudal.

Puedo imaginar el paisaje que se esconde tras ese horizonte que tanto anhelan los nacionalistas de toda laya. Será obligatorio que cada ciudadano lleve un emisor que permita situarlo geográficamente en cada momento. Así controlados los movimientos, un potente sistema –la SGEA- establecerá múltiples compensaciones interregionales para equilibrar los pagos. Cada CC.AA. de origen tendrá que abonar cánones por la utilización que hagan sus ciudadanos de los bienes y servicios de otras. Canon para estudiantes de fuera; para los que vayan a las fallas, a los sanfermines o a la Semana Santa de Sevilla; para los que pidan una tapa de jamón de Jabugo sin ser andaluces; para los que beban agua del Ebro sin haber nacido en Aragón; y para los que se bañen en el Mediterráneo sin ser peces.

Estamos construyendo un Estado de Derecho con pies de barro: hemos confundido los derechos de los ciudadanos con los supuestos derechos de los territorios.

Presunción de impunidad

El ex-presidente de Baleares ha sido condenado a seis años de cárcel. El ex-director general de Trabajo de Andalucía debe estar haciendo un cursillo intensivo de integración a la vida carcelaria. Iñaki Urdangarín puede estar preguntándose si son más cómodas las prisiones españolas o las estadounidenses.

Por lo que se sabe de esos casos –a falta de sentencia en los dos últimos- llama la atención la despreocupada alegría con la que algunos cargos públicos perpetran sus fechorías. No es que arañaran unas migajas y las depositaran en un oscuro rincón de la casa. Es que amasaban millones y los dilapidaban ostentosamente, a la vista de todos. Las grandes mansiones y las obras de arte son cosas que se ven. Incluso las drogas y la prostitución dejan huella. Siempre hay testigos.

¿Por qué personajes relevantes se juegan su prestigio y su libertad de una manera tan descarada? ¿Acaso creen que ellos son más listos que nadie?

Es posible que algo de eso haya. Pero me parece que, sobre todo, han asimilado la noción de impunidad. Esa impunidad que tradicionalmente ha amparado a los poderosos en España. La misma que disfrutaron los nobles, en su tiempo; y los adeptos al el Régimen, durante el franquismo. Es el fracaso de la premisa democrática de igualdad ante la ley, que muchos todavía no se han creído –quizá porque han visto que no se aplica-.

En España están en vigor miles de leyes y reglamentos. Es imposible hacer que se cumplan todos ellos. Así que el truco consiste en saltárselos alegremente, ya que la probabilidad de que le pillen a uno es escasa. Miles de estafadores y ladrones de guante blanco –o gris- se pasean impunemente por las calles. Saben que si no hay una ex-mujer despechada, un ex-secretario rencoroso, o un ex-chofer vengativo, es poco probable que nadie les pille.

Se habla constantemente de la presunción de inocencia; pero lo que impera es la presunción de impunidad.

Recortar recortadores

Desde que hace diez meses el presidente Zapatero se cayó del caballo, camino de Bruselas, el único negocio floreciente en España es el de los fabricantes de tijeras. Empresas, familias, alcaldes, consejeros autonómicos y ministros andan por ahí con unas tijeras en la mano, recortando todo lo que se les ocurre.

El gobierno del PSOE fue el primer gobierno que ha recortado el sueldo de los funcionarios. El gobierno de CiU ha sido el primero gobierno que ha recortado las recetas de farmacia. El gobierno del PP ha sido el primer gobierno que ha subido los impuestos un mes después de haber jurado por la memoria de Adam Smith que no lo haría. Se recortan ayudas, subsidios, subvenciones, inversiones, coches, electricidad y fotocopias.

Muchos estamos de acuerdo en que era insostenible el nivel general de gastos en el que se había acomodado plácidamente la sociedad española. y con ella los políticos que les venían cebando a base de millones para que picaran el anzuelo del voto. Sobran dispendios, prebendas, privilegios, lujos, trampas, enchufes y bicocas. Y sobran cazadores de chollos dispuestos a colgarse de la ubre de la vaca.

En España siempre nos movemos a pendulazos. Después de padecer una plaga de políticos derrochadores, ahora nos toca sufrir a una epidemia de políticos recortadores. Pero aún no hemos dado el paso definitivo: lo que necesitamos urgentemente es recortar recortadores. Sobran políticos en todos los niveles de la administración. Para gestionar una nación hacen falta pocos políticos, pero inteligentes y honrados, y pocos funcionarios, pero trabajadores y eficientes.

El exceso de políticos gastadores nos ha traído al borde de la quiebra. El exceso de políticos recortadores nos puede llevar al borde de la asfixia.