Propietarios, inquilinos, y okupas

La Constitución española, en su artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. No obstante, otros preceptos de la Carta Magna se encargan de proporcionar a los partidos políticos el protagonismo absoluto en la actividad política. Este hecho, que resultaba comprensible en 1978, tras cuatro décadas de ausencia de partidos en España, ha dado lugar a una configuración en la que los partidos políticos tradicionales han usurpado buena parte de la soberanía que corresponde a los ciudadanos.
En la práctica, los ciudadanos han sido desalojados de su soberanía, y los usurpadores se limitan a pedirles un cheque en blanco cada cuatro años, cuidando con esmero que sea casi imposible que nuevos partidos entren en escena. En estas condiciones, sólo les queda el recurso de las vías extrarrepresentativas, es decir: salir a la calle para manifestarse más o menos ruidosamente.
Pero ese canal también ha sido cuidadosamente controlado por otras organizaciones -los grandes sindicatos de clase- que tienen el monopolio casi exclusivo de decidir cuándo los ciudadanos tienen que salir a gritar a la calle y cuándo no.

Si la soberanía fuera una vivienda de tres habitaciones, en dos de ellas –las mejores- estarían cómodamente instalados unos inquilinos a perpetuidad: los dos grandes partidos. La tercera habitación estaría compartida por una pareja de okupas: los dos principales sindicatos de clase, disfrutando de alojamiento gracias a su capacidad para proteger a los inquilinos de las iras de los propietarios.
Y los propietarios de esa vivienda, de esa soberanía, los ciudadanos españoles, corriendo con todos los gastos. Pagando todos los recibos y todas las facturas. Cada día más perplejos, cada día más desconcertados. Cada día preguntándose con más fuerza si esta democracia que les han regalado esos inquilinos no será un timo descomunal.
Afortunadamente para todos, parece que cada vez más ciudadanos van descubriendo que la auténtica democracia es otra cosa.