Hace unos días fueron por fin liberados los dos españoles que habían sido secuestrado hace nueve meses por Al Quaeda, en Mauritania. Todos nos alegramos de que hayan salvado la vida, naturalmente; pero quizá deberíamos reflexionar sobre algunas cuestiones.
Nadie duda de que el gobierno ha pagado un buen rescate –aunque no puede reconocerlo, porque sería un delito-. Además, docenas de funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior se han dedicado al asunto, y han tenido que realizarse gran número de viajes a diversos países de África. ¿Cuánto nos ha costado traer a su casa a estos dos señores? Lo ignoro. Pero, si duda, muchísimo dinero.
A menudo se dice que la vida humana no tiene precio, y desde ese punto de vista habría que dar por bien empleado el dinero que se haya gastado. En cambio, es más discutible que los que tengan que pagarlo seamos todos los españoles, y no los interesados. Porque los españoles no hemos enviado a esos señores a recorrer el desierto subidos en sus camiones. Seguramente para un buen fin, pero también porque no deja de ser una aventura apasionante.
Ya son muchos casos –el Playa de Bakio, el Alakrana, por ejemplo- en los que la irresponsabilidad o la insensatez de unos, tenemos que pagarla otros. Yo me sentí indignado cuando escuché al responsable de la asociación declarando que no le importa quién haya pagado, que enseguida iban a organizar otra excursión similar.
¿Para cuándo una ley de responsabilidad, que deje claro para todos que las consecuencias de conductas de riesgo deben asumirlas los que afrontan voluntariamente ese riesgo?
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