El "malvado" Amancio Ortega

Se ha hecho público que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, ha donado 20 millones de euros a Cáritas, “para las necesidades en materia de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de vivienda y material escolar”.

La noticia no va más allá del hecho de confirmar tres realidades ya conocidas: que Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo; que en España hay cientos de miles de personas que lo están pasando muy mal; y que el tan cacareado Estado del Bienestar es totalmente incapaz de cubrir sus necesidades, con lo que resulta decisiva la labor de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, y muchas otras.

Lo que llama la atención es la reacción de gran parte de la “progresía” (me resisto a emplear la palabra “izquierda” en referencia a esta clase de individuos), que se han lanzado a la yugular del empresario. Que si es para desgravarse impuestos; que si es para hacerse publicidad; que si crea trabajo fuera de España…

Es el panorama cervantino: la generosidad de Don Quijote y la mezquindad de Sancho Panza. El odio que nace de la envidia hacia el que destaca. La adoración de la mediocridad. El sesgo ideológico y la tendencia al totalitarismo. Estos progres hubieran preferido que fuera el Estado el que confiscara los bienes de Ortega para con ese dinero crear un organismo público con muchos funcionarios para repartir el resto entre asociaciones afines. Tampoco habrían protestado si el empresario gallego hubiera entregado los 20 millones a los refugiados palestinos, o a movimientos feministas latinoamericanos.

Están tan convencidos de la maldad de la derecha, tan imbuidos de que ellos son los únicos buenos de la película, que les sale un sarpullido cada vez que se produce algún hecho que contradice esa creencia irracional, por otra parte más propia de los integristas musulmanes que de unos demócratas occidentales modernos. Pero es evidente que una cosa es proclamarse demócrata y moderno, y otra muy distinta es serlo.

Fútbol y política

Ya he comentado las semejanzas que en España tienen el fútbol y la política, especialmente en cuanto a la forma en que los ciudadanos se comportan respecto a los partidos políticos: en términos de una irracionalidad que sólo deja espacio para la fidelidad incondicional o el rechazo absoluto.

Ahora, tras los sucesivos malos resultados electorales del PSOE, vemos otro aspecto de la misma tendencia: como el equipo no mete goles, la afición busca la solución en el cambio del entrenador. Rubalcaba cotiza a la baja, y en el PSOE empiezan a buscar en los cajones alguien que les haga ganar la liga, y que pueda así repartir cargos y prebendas con el dinero de los impuestos.

Es una perversión –otra más- de la práctica política en España. Los dos grandes partidos no son ya los impulsores de un modelo social basado en unas ideas determinadas, sino unas máquinas diseñadas para captar votos a cualquier precio para transformarlos en poder. El objetivo no es mejorar la sociedad o solucionar problemas de los ciudadanos. El objetivo es conseguir el poder, y si para ello hace falta cambiar las ideas, se cambian sin el menor reparo.

Y para ganar la liga buscan al mejor entrenador. No tiene que ser el más inteligente, ni el más experimentado, ni el más honrado, ni el que tenga una visión más amplia del futuro. Les basta con que haga que el equipo gane, aunque juegue mal, aunque den patadas, aunque sea comprando a los árbitros.

Es lamentable. Es propio de un país con una baja calidad democrática. Pero es lo natural en una sociedad en la que los aficionados no votan al equipo que mejor juega, sino al que mejor despierta sus emociones, al que le hace vibrar. La gente quiere que su equipo gane la liga, No les importa pagar precios astronómicos por las entradas con tal de que gane. Hay equipos pequeños, que juegan limpiamente, pero tienen poco público porque no despiertan pasiones.

En España a casi todo el mundo le interesa el fútbol, pero sólo unos miles dan patadas a un balón, mientras muchos millones lo siguen desde las gradas o las televisiones. En política muchos millones pagan con su voto cada cuatro años, pero muy pocos se deciden a participar directamente. Así nos va.

La libertad o el rebaño

Los seres humanos aspiran a la libertad. Nadie quiere ser un esclavo, nadie quiere estar en prisión. Sin embargo, la libertad sin restricciones conduce a la ley de la jungla, por lo que todos los grupos humanos han establecido reglas que limitan la libertad individual en beneficio de la supervivencia del grupo: se acepta una merma en la libertad a cambio de una mayor seguridad.

Los estados democráticos de derecho son un buen ejemplo de ese equilibrio entre libertad y seguridad. Las leyes establecen con claridad qué parcelas de libertad individual quedan recortadas, y qué derechos –seguridades- obtienen a cambio los ciudadanos. La ley es creada por los representantes de éstos, y no viene impuesta por revelaciones divinas ni por el capricho de ningún tirano. Todos se someten a ella porque saben que es “su ley”, y pueden cambiarla o derogarla por decisión de la mayoría.

Pero la libertad no la regalan. Existe en los seres humanos una tendencia que les mueve a adquirir poder, y a incrementarlo de manera indefinida. Existen miles de ejemplos de dictadores que han sido derrocados por gentes que hablaban de libertad, para convertirse de inmediato en nuevos dictadores. En el Estado de Derecho el precio que hay que pagar por la libertad es el de dedicar parte del tiempo a estar informado de las cuestiones públicas; analizar críticamente los discursos; recordar los incumplimientos; exigir la aplicación de las leyes; no entregar nunca el voto por razones emocionales o por tradición; vigilar de cerca a los que ostentan el poder.

Supone tiempo y esfuerzo, y no siempre es fácil. Pero la alternativa es dejar que otros se apropien de la libertad individual; que decidan por nosotros lo que nos conviene o no; que nos pastoreen, en vez de representarnos y administrar nuestro dinero. La alternativa a la libertad es el rebaño. El drama de millones de españoles es que quieren las ventajas de la libertad sin sus inconvenientes. Y no es posible. El paso del Estado de Derecho al Estado de Bienestar puede convertirse en una trampa, en la que los ciudadanos sacrifican su libertad a cambio de un pesebre y un corral al abrigo de la intemperie.

¿Cuántos idiotas caben en una democracia?

Hoy en día “idiota” es una palabra que señala a una persona que padece una deficiencia profunda de sus facultades mentales; además de utilizarse frecuentemente como insulto. Pero el origen de la palabra “idiota” se sitúa en la Grecia clásica, y era el término con que los griegos señalaban a aquellos ciudadanos que, teniendo derecho a participar en los asuntos públicos, se desentendían de ellos y renunciaban a ese privilegio.

A diferencia de las dictaduras, las teocracias, o las monarquías absolutas, la democracia es un sistema de gobierno basado en la participación del pueblo. Éste es quien toma las decisiones, mediante mecanismos de representatividad que permiten la elaboración de leyes que respondan al deseo de la mayoría.

Pero ¿qué ocurre cuando el número de idiotas es muy elevado? ¿puede existir un sistema democrático sin una suficiente participación del pueblo? ¿cuántos idiotas caben en una democracia?

Es difícil dar respuesta a esta pregunta, ya que la “idiotez” –en sentido clásico- no es una variable discreta, sino gradual. En cualquier encuesta de opinión aparece siempre un porcentaje, que puede llegar hasta el 12%, de personas que no saben o no contestan. A esos “idiotas” declarados, habría que añadir otro porcentaje –sin duda mayor- de aquellos que sí contestan, pero que no tienen ni idea de lo que se les pregunta, y otros a los que les suena la pregunta, pero sólo disponen de una información escasa y sesgada.

Lo grave en las democracias modernas es que la mayor parte de esos “idiotas” votan. No están bien informados; desconocen los fundamentos de un Estado de Derecho; se desentienden de la realidad económica y política; pero cada cuatro años se acercan a su colegio electoral, y depositan su voto. Después siguen sin interesarse por la política, y se limitan a quejarse, maldecir a los gobernantes, y echarle a otros la culpa de sus desgracias.

Es comprensible que siempre haya hasta un 20% de personas de este perfil en una democracia. Pero ¿y si son un 40%? ¿y si rebasan el 70%? ¿Podría funcionar un sistema democrático? ¿Sería más bien una aristocracia de partidos, maquillada por unas urnas inservibles? ¿Estamos en España en esa situación?

Soberanía parcelada

La Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo español. Esta sencilla afirmación significa que todos y cada uno de los ciudadanos que ostentan la nacionalidad española es titular la soberanía de todos y cada uno de los rincones del territorio español. Se trata de una propiedad conjunta, indivisible, e irrenunciable. Un residente en Medina del Campo es copartícipe de la soberanía sobre la Plaza Mayor de Olot, y un vecino de Botorrita es también soberano en Betanzos.

Sin embargo, la escasa cultura política de los españoles ha permitido que unos dirigentes políticos hayan impuesto otra visión muy diferente, y que la estructura del Estado autonómico haya permitido que un gran número de españoles estén convencidos de que las cosas son de otra manera. La devaluación del concepto de nación española, y su sustitución por los sentimientos regionales catalanes, andaluces o aragoneses nos ha conducido a una situación en la que de confusión, en la que se mezcla lo jurídico con lo emocional, y lo político con lo folclórico.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos del 3 de octubre ha sido un buen ejemplo de esa distorsión. Lo que tendría que haber sido una reunión de trabajo de los gestores de la administración territorial del Estado, ha resultado más bien una cumbre de los máximos representantes de cada “pueblo”. Esos dirigentes –y gran parte de sus ciudadanos- están convencidos de la existencia del “pueblo extremeño”, el “pueblo gallego” o el “pueblo riojano”. Y una vez asentada esa noción de “pueblos” distintos, parece razonable considerar que cada uno es soberano en lo que afecta a su propio territorio.

Se trata de una dinámica descabellada, que se aleja del mandato constitucional, que entorpece el buen gobierno de la nación, que dificulta la adopción de medidas coherentes para superar la crisis, y que crea ciudadanos descontentos en todos los rincones de España. Si no recuperamos entre todos el sentido pronto, la desaparición del concepto de “pueblo español” nos puede llevar a no ocuparnos más que de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, o de nuestra propia casa.

El incumplimiento del contrato social

Rousseau preconizaba un “contrato social” tácito, mediante el que todos los ciudadanos renunciaban parcialmente a su libre albedrío, que se depositaba en el Estado, de manera que éste podía redactar y ejecutar las leyes que obligaban a todos. De esta manera las voluntades individuales quedaban voluntariamente restringidas en favor de algo superior y más socialmente eficiente: la voluntad general.

En las democracias parlamentarias actuales, esa renuncia se canaliza mediante el mecanismo de la representatividad. Diversos partidos presentan sus programas de gobierno a los ciudadanos, y cada ciudadano elige para que le represente al partido que más se acerca a sus intereses, valores, y creencia. Así surge un Parlamento que representa al conjunto de ciudadanos, y de él un gobierno que se encarga de llevar a cabo el programa que había propuesto a los electores.

Una de las ideas que ha impulsado la manifestación del 25S ha sido la de “no nos representan”. Es el resultado del desprestigio galopante de los políticos en general, unido al hecho de que el Partido Popular viene tomando una serie de medidas completamente contrarias a las que figuraban en su programa de gobierno. Con independencia de que la inmensa mayoría de los que se quejan de ese incumplimiento son ciudadanos que no han votado al Partido Popular, persiste el problema del flagrante incumplimiento de contrato –cosa que, por otra parte, vienen haciendo todos los gobiernos en España desde el asunto de la salida de la OTAN-.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando los políticos en el gobierno rompen unilateralmente el contrato social que les legitima para gobernar? ¿Tienen que esperar resignadamente hasta las siguientes elecciones para suscribir otro contrato con otro partido, que volverá a incumplirlo? ¿Están legitimados para romper también su compromiso con el Estado y recuperar su libre albedrío completo? Y en ese caso ¿eso incluiría retirarle al Estado el privilegio del uso exclusivo de la violencia? ¿Se pueden crear mecanismos legales eficientes para castigar penalmente los incumplimientos de un gobierno? ¿Qué pasaría cuando el incumplimiento se debiera a un gobierno de coalición en el que ningún partido puede imponer su propio programa? ¿Cómo diferencias los incumplimientos derivados de falsas promesas de los debidos a la evolución imprevisible de los acontecimientos?

Problema extraordinariamente complejo, pero no completamente insoluble.

La democracia gritamentaria

Los pueblos se han venido organizando según dos modelos principales. En las tribus primitivas: dirigidas por un jefe al que obedecían por miedo o veneración, o bien con un consejo de sabios o ancianos que establecía las reglas de juego e impedía la arbitrariedad de los jefes.

Hoy, con naciones de millones de personas, persisten esos dos modelos. Hay países en los que un dictador impone su voluntad a un pueblo que no tiene la oportunidad de expresar su opinión ni su voluntad. Y otros en los que los ciudadanos son dueños de su destino, y deciden su rumbo.

En estas sociedades los ciudadanos delegan su soberanía en otras personas para que les representen en un Parlamento, cuyas funciones son elaborar las leyes y controlar al gobierno. La herramienta es la palabra, y con ella intentan convencerse, dialogan, alcanzan acuerdos, y toman decisiones por mayoría. Es la democracia parlamentaria.

El modelo que existe en España. Sin embargo, poco a poco se ha ido pervirtiendo, y la importancia del Parlamento ha perdido valor en beneficio de la calle. Cada vez con más frecuencia, los debates parlamentarios son ahogados por el clamor de los gritos en manifestaciones callejeras. Los propios partidos políticos se suman a esas manifestaciones, y exhiben como aval el número de asistentes a una manifestación, concediéndoles más importancias que al número de votos obtenidos en las urnas. Eso es la democracia gritamentaria.

El Partido Comunista (travestido de IU), siempre ha tratado de compensar su escasa representatividad en las Cortes con el ruido de las pancartas. Pero PSOE y PP se han sumado también al gritamentarismo. Pese a contar con gran número de diputados, se prestaron a competir en gritos, y salieron a manifestarse. Contra la guerra de Irak; o contra de la ley del aborto. Ahora, los independentistas catalanes también han salido a gritar para conseguir lo que no podrían por democráticas.

España necesita profundas reformas. Pero va a ser imposible acordar esas reformas al dictado de los gritos en las calles. La democracia gritamentaria carece de reglas. Es imposible medir la voluntad de los que se suman a una manifestación, porque no todos quieren lo mismo, porque no se sabe cuántos se están manifestando, cuántos no han querido hacerlo, y cuántos pasaban por allí.

Estamos dejando que se pudra nuestra democracia parlamentaria. Reemplazar las palabras de un debate por los gritos de una manifestación nos coloca en una democracia gritamentaria, que está mucho más cerca de las sociedades de Trípoli, El Cairo y Túnez que de la civilización de Londres, París o Washington.

Las tres caras del miedo

El miedo es una emoción que cualquier ser humano y cualquier animal puede experimentar. Dejando aparte los miedos irracionales, se trata de una emoción útil y funcional porque nos ayuda en la primera necesidad de cualquier ser vivo: la supervivencia. Es una luz roja que pone en alerta nuestros sentidos ante un peligro, y desencadena inmediatamente determinados mecanismos biológicos que facilitarán nuestra respuesta.

Esa respuesta dependerá de la evaluación que hagamos del peligro. Si creemos que podemos enfrentarnos a él, la respuesta será defendernos y luchar. Por el contrario, si creemos que no podríamos que nos sería imposible salir airosos de la lucha, la respuesta es la huída. Tanto en un caso como en otro, el organismo habrá reaccionado para proporcionarnos los recursos físicos necesarios para pelear o para correr.

Pero también puede producirse otra reacción ante la sensación de miedo intenso: la parálisis. El cerebro no consigue decidir si luchar o escapar, quedando así totalmente desvalido, incapaz de protegerse ni de ponerse a salvo.

Cada cierto tiempo sucede alguien, en algún país occidental, ejerciendo esa conquista social que es la libertad de expresión, publica algún documento, viñeta, película, en el que se menciona, se representa, o se hace humor sobre toda clase de reyes, gobernantes, jerarquías religiosas, personajes históricos, profetas, santos o dioses. Invariablemente, cuando lo publicado hace referencia a alguno de los iconos del Islam, se desencadena una ola de furia salvaje que recorre los países islámicos y sacude con violencia los países occidentales y sus representaciones en aquellos.

Cabrían dos respuestas a esos ataques. La huída, que supondría reformar las leyes occidentales, reprimiendo la libertad de expresión para prohibir la mención de cualquier elemento que pudiera ofender la sensibilidad islámica. Y la defensa, que supondría expulsar de los países occidentales a los islamistas radicales que en ellos residen, romper relaciones diplomáticas con los países que amparen los desmanes contra intereses occidentales, y la persecución y castigo de los agresores.

La huída nos llevaría, con el tiempo, a una sucesiva renuncia a nuestros principios democráticos, y probablemente a que dentro de unos años nuestras hijas llevaran burka para no molestar a los integristas. La lucha nos situaría ante la escalofriante tesitura de enfrentarnos a países de los que dependemos para el suministro de petróleo.

Difícil elección. Y quizá por eso la reacción de los gobiernos de Europa y Norteamérica es más bien la tercera salida: la parálisis. Una actitud indefinida, en la que no se quiere renunciar a la libertad de expresión, pero tampoco enfrentarse abiertamente a la sinrazón de cientos de millones de musulmanes. Es comprensible. Pero, paralizados seremos devorados. Parafraseando a Winston Churchill: “Teníais que escoger entre evitar la lucha y aceptar la indignidad, y habéis elegido evitar la lucha. Al final tendréis la indignidad y la lucha”

Política de lavadoras

Conocí una persona que, habiéndose estropeado la lavadora, se fue a un establecimiento, le enseñaron todos los modelos, y compró una nueva. Cuando la llevaron a su casa los operarios se encontraron con que no podían instalarla porque el aparato no cabía en el espacio disponible. Cuando me contó el hecho, le pregunté qué cómo se le había ocurrido comprar una máquina tan grande, sabiendo que disponía de un lugar estrecho. La respuesta fue la siguiente: “De todas las que había, ésta es la que me gustó. Pensé que era algo ancha, pero es que en cuanto la vi, sentí que esa era la que quería”.

Cuento esta anécdota porque es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando uno deja que los sentimientos guíen sus decisiones en cuestiones que no tienen nada que ver con los sentimientos. La compra de una lavadora es un acto racional: hay que considerar las dimensiones, la marca, la capacidad, el consumo energético, el de agua, el ruido, la robustez, las prestaciones y la asistencia técnica. Y sólo en último lugar cabe hacer alguna concesión a la estética.

Algo similar ocurre con la política. La forma en que se organiza una sociedad tiene que estar basada en criterios racionales. En datos demográficos y económicos. En hechos cuantificables y comparables. En teorías contrastadas, en deducciones lógicas y en previsiones esperables. Esos son los criterios oportunos, los que deben aplicar los políticos, y sobre todo, los ciudadanos.

Pero en España, desde la transición, predominan los sentimientos políticos sobre la razón. La gente “se siente” de izquierda o de derecha. Otros “sienten” que su bandera es la republicana. Aquellos “sienten” que su región es una nación, y los de más allá “sienten” que su comarca es un imperio.

Unos sienten que cualquier inmigrante tiene los mismos derechos que un español. Otros sienten que los que no piensan como él tendrían que irse de España; que la universidad en la que estudian les pertenece; que las leyes pueden ser interpretadas por él y no por los jueces; o que por haber nacido tiene derecho a ser siempre feliz.

Esa confusión es una de las razones por las que en España no se ha implantado un sistema democrático homologable con el británico, el norteamericano, el alemán, o el suizo. Alguien tendría que explicarle a los ciudadanos que los sentimientos son secundarios en política. Que el hecho de que uno se sienta un gran músico no basta para que le nombren director de la orquesta de RTVE. Que los psiquiátricos están llenos de personas que “se sienten” Napoleón Bonaparte, el caballo de Atila, o enviados de Dios.

Si no cambiamos ese modo de vivir la política, seguiremos siempre comprando lavadoras que no nos sirven.

Y si se van, ¡buen viaje!

En la manifestación del día 11, en Barcelona, cientos de miles de personas enarbolaron pancartas y corearon eslóganes pidiendo la independencia. El presidente Artur Mas había declarado su apoyo, y declaró –en inglés- que “se había abierto la puerta de la libertad para Cataluña”. Pronto se entrevistará con Rajoy, a quién se espera que le exija 5.000 millones, y eso que llaman “pacto fiscal”, y que es algo parecido al sistema privilegiado del País Vasco y Navarra.

Los independentistas están convencidos de que Cataluña es una nación que fue ocupada por España; de que tienen derecho a la autodeterminación; de que separarse de España les convertiría en un miembro más de la UE; y de que si se separan de España vivirán mejor, serán más ricos, más felices, y hasta más altos.

Vaya por delante mi respeto hacia los que desean que su región –o su pueblo, o su barrio- se convierta en un estado independiente. Cada uno sueña con lo que quiere, e idealiza sus sueños. Ahora bien, mi respeto se reduce ante la ignorancia, y desaparece ante el engaño, el dogmatismo, o el sectarismo en los que se basan esos deseos:

• Apelar a razones históricas para reclamar la independencia es tan inconsistente como si Romano Prodi reclamara para Italia la Península Ibérica, las Galias, y Britania; o como si España reclamara las Islas Filipinas.
• El argumento de que “Cataluña paga más de lo que recibe” podrían utilizarlo millones de ciudadanos que pagan más impuestos que sus vecinos que ganan menos. Cataluña no paga impuestos: los pagan los catalanes, igual que los valencianos, los aragoneses o los extremeños.
• Si Cataluña se independizara de España, quedaría fuera de la UE, tendría que acuñar moneda propia, crear su propio ejército, y dejaría de formar parte del mercado único, perdiendo además su principal mercado: el resto de España.

 Durante 35 años los independentistas han utilizado la amenaza de la independencia para obtener del gobierno del Estado concesiones, privilegios, y competencias que se traducen en dinero y poder que administran y ejercen sus políticos. Pero no se les puede culpar únicamente a ellos. No habríamos llegado hasta esta situación si no hubiera habido sucesivos gobiernos de España que han ido transigiendo y cediendo, esperando saciar el infinito egoísmo nacionalista. Y éstos han aprovechado muy bien la angustia que en el resto de España produce su hipotética independencia. Quizá haya llegado el momento de terminar con esa angustia, y de dejar de ceder a un chantaje sin fin.

Creo que la separación de Cataluña sería mala para España, y peor para los catalanes. Cuando Europa converge hacia una unión mayor, parece insensato seguir el camino inverso. Desearía que los políticos nacionalistas dejaran de jugar con los sentimientos de los catalanes. Desearía que se impusiera la racionalidad, que todos juntos aprovecháramos lo mejor de unos y de otros. Pero si el proceso continúa, si una mayoría de catalanes prefieren dormir con la senyera aunque sean más pobres, si al gobierno de España le falta la energía para hacer cumplir la constitución. Si a pesar de todo se van… ¡buen viaje! y dejen de amenazarnos con que se van a ir.

Toro de fuego

Un espectáculo que no puede faltar en muchos pueblos de Levante es el toro de fuego. Se clava sólidamente un poste robusto en la plaza, y por un orificio que lo atraviesa horizontalmente se hace pasar una soga de más de 50 m. Un extremo de la cuerda se sujeta al toro encerrado en el toril. El otro queda en manos de los mozos del pueblo, y el poste queda en medio. Al abrirse la puerta del toril, el toro se lanza a la plaza, por la que puede moverse dentro del radio de 25 ó 30 metros de la soga que le une al poste. La cuerda puede deslizarse por el orificio, y el animal intenta alejarse, pero los 15 o 20 mozos que tiran del otro extremo se lo impiden. En esta pugna, los mozos van ganando cuerda, y el toro dispone cada vez de menos radio para moverse. Finalmente, los mozos ganan, y el toro –aterrado- queda con la cabeza amarrada al poste. En ese momento otros mozos le rodean y lo inmovilizan, colocándose entonces en los cuernos las bolas. Se les prende fuego, y por último se corta la cuerda, dejando que la res pueda evolucionar libremente por la plaza.

Me acordaba de este ritual ayer, viendo a Rajoy en su entrevista, cuando insistía una y otra vez en la austeridad. Le preguntaban sobre el crecimiento y el empleo, y él volvía a hablar de la austeridad como el único requisito que algún día debería permitirnos crear empleo.

Los recortes del gobierno me hicieron evocar esa soga que se va acortando hasta que el toro queda casi indefenso, atado al poste, y ahí ya se le pueden poner las bolas de fuego. Esa parece ser la estrategia de la UE, y de los gobiernos de los países que la forman. Han llegado a la conclusión de que el Estado de Bienestar, de las subvenciones generalizadas, del gratis total, del maná, es inviable. Pero saben que sería imposible convencer al toro de que hay que ponerle unas bolas de brea en los cuernos. Así que van recortando poco a poco prestaciones, beneficios y privilegios. Saben que la gente se resistirá -como el toro-, pero que inexorablemente terminará inmovilizada y rendida. Sólo entonces –colocadas las bolas ardientes- se podrá cortar la cuerda, y la sociedad podrá volver a moverse, la economía a crecer, el empleo a aumentar. Los ciudadanos respiraremos aliviados al final del tormento, y nos sentiremos felices de nuevo. ¡Qué importan unas bolas de fuego si podemos corretear por la plaza!

Érase una vez una tribu

Érase una vez una tribu formada por un centenar de personas. 70 adultos, 15 ancianos, y 15 niños de menos de 14 años. Habían llegado al valle tras un largo peregrinaje. Allí se instalaron, y los 70 adultos trabajaron duramente cultivando los campos, criando ganado, construyendo cabañas y fabricando herramientas. El primer año sufrieron grandes penalidades, pero poco a poco fueron recogiendo el fruto de su trabajo y su bienestar aumentó rápidamente.

Al cabo de diez años producían muchos más alimentos de los que necesitaban, así que decidieron dejar de fabricar herramientas y comprarlas a una tribu vecina. Los diez artesanos que habían venido haciendo ese trabajo se dedicaron ahora a construir instrumentos musicales y a amenizar con canciones las veladas de la tribu.

Diez años más tarde, seguían teniendo excedentes, y volvieron a reorganizarse: las diez personas que construían viviendas dejaron de hacerlo, y se ocuparon de enseñar las tradiciones a los niños. Al mismo tiempo se decidió que éstos, en lugar de empezar a trabajar a los 14 años, continuaran aprendiendo hasta los 20. Compraron los materiales de las viviendas y pagaron a gente de otra tribu para que las construyera. Decidieron también nombrar un Consejo de diez personas para que escribiera la historia de la tribu y para que redactara las leyes.

Ahora eran 15 ancianos, 30 niños y jóvenes estudiando, 10 músicos, 10 profesores, 10 miembros del Consejo. y 25 trabajando las tierras y cuidando el ganado. La producción descendió bruscamente, y como todos se habían acostumbrado a comer en abundancia, el Consejo decidió pedir alimentos prestados a las tribus vecinas.

Al cabo de otros cinco años, debían a las otras tribus más de lo que ellos producían en tres años. Los vecinos empezaron a ponerles pegas para prestarles más alimentos, y el Consejo convocó una asamblea tribal para decidir qué hacer. Un anciano medio ciego propuso volver a la organización anterior, y que al menos 60 personas se dedicaran a trabajar los campos. Todos se opusieron tachándole de loco. Todos –excepto el anciano- estaban de acuerdo en que era importante que los jóvenes continuaran estudiando hasta los 20 años, y en que la música formaba parte de sus costumbres. Los miembros del Consejo convencieron a todos de que no podían disolverse, ya que sin ellos la tribu sería un caos. Al final, para reducir gastos, decidieron reducir a la mitad la ración de comida de los ancianos.

La producción siguió cayendo, y era imposible devolver a sus vecinos todo lo que les habían pedido prestado. Una mañana vieron que se acercaba una multitud de más de mil personas, armadas con espadas y lanzas.

Sólo el anciano entendió por qué las tribus vecinas se habían aliado y les habían invadido.

Educación y enseñanza

A pocos días del comienzo del curso escolar, con los profesores soliviantados –unos porque ven en peligro sus puestos de trabajo, y otros porque ven van a tener que trabajar más-, los padres se preparan para entregar a sus hijos al Estado durante ocho o diez horas diarias.

Se compran ropas, mochilas, libros y material. Como cada año, se llevan las manos a la cabeza de lo carísimo que es todo –como si fuera un gasto inesperado, y no fuese tan previsible como el pago anual del seguro del coche-.

Muchos se suman a las protestas que organizan los sindicatos de profesores “contra los recortes en educación”, o “en defensa de la educación pública”; mientras otros padres se movilizan “en defensa de la educación concertada”. Unos y otros tan obcecados en su batalla, que no se dan cuenta de que la guerra es otra, y a nadie se le ocurre manifestarse “en defensa de la educación”, a secas.

En este clima efervescente, padres, profesores, sindicatos, y partidos políticos se llenan la boca con la palabra “educación”, sin pararse un momento a reflexionar sobre su significado. Se identifica “educación” con “enseñanza”, sin darse cuenta que la segunda es sólo una parte de la primera.

Educar es dirigir, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales. Educar es proporcionar habilidades para vivir en sociedad. Enseñar es instruir, transmitir conocimientos sobre uno mismo y sobre su entorno físico y social. Enseñar es hacer que un niño aprenda a sumar, o que conozca la ley de la gravedad. Educar es acostumbrar a un niño a no hacer trampas en la suma, o a dar los buenos días al encontrarse a alguien en el ascensor.

Enseñar se corresponde con aprender. Educar, con acostumbrar. La enseñanza es principalmente cosa de los maestros, aunque cualquiera puede enseñar algo. La educación es principalmente cosa de la familia, aunque también educan los vecinos, los amigos, los juegos, los cuentos o la televisión.

Los padres no deben esperar del Estado que les “eduque” a sus hijos. Es su principal responsabilidad, y deben ejercerla desde el primer día del nacimiento. Si no lo hacen ellos, no lo hará nadie. Y si lo hacen muy mal –como bien dice el juez Emilio Calatayud-, conseguirán formar un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un delincuente.

¿Los chicos con los chicos?

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que impide que los colegios que impartan la enseñanza en clases distintas para niños y niñas puedan establecer conciertos con el Estado. Sobre esa base se ha abierto un debate sobre la educación separada (que algunos llaman “discriminada” y otros “segregada”)


Vaya por delante que no tengo una posición tomada al respecto. No estoy en condiciones de afirmar que uno u otro tipo de enseñanza sea mejor para los alumnos. Tampoco existe unanimidad entre los expertos en pedagogía, y los hay que defienden la educación conjunta, y otros la separada. Por su parte, la UNESCO, en la Convención para la lucha contra la Discriminación en la Enseñanza, considera que no supone discriminación la enseñanza separada para alumnos de distinto sexo.

Lo que me llama la atención es desde un amplio sector ideológico de España se rechace simplemente el debate. Confunden “separación” con “segregación”, y se aferran a que hay que educar en igualdad entre sexos. No consideran otros principios importantes como son la libertad de elección de los padres, y ni siquiera el de la eficacia en los resultados de la enseñanza. Evocan el modelo de separación que existía durante el franquismo, y con eso les basta.

Para empezar, si niños y niñas estudian en aulas distintas, no tienen por qué recibir enseñanzas diferentes. No se trata de que las niñas aprendan a ser amas de casa y los niños rudos trabajadores. Los contenidos pueden ser exactamente los mismos.

Por otra parte, con el modelo actual conjunto, en cuanto niños y niñas tienen la oportunidad de actuar por su cuenta –en el patio de recreo o a la salida del colegio- tienen a agruparse por sexos, practican juegos distintos, y forman pandillas de chicos y de chicas, sin que nadie se lo imponga.

En cuanto a la eficacia de la enseñanza, las chicas –como promedio- son más aplicadas, más responsables, más cuidadosas, y obtienen mejores calificaciones. En este sentido, más bien parece que la educación conjunta puede suponer cierto lastre para el rendimiento académico de las chicas.

A partir de la preadolescencia, la educación en las mismas aulas de chicos y chicas da lugar a numerosas ineficiencias, derivadas del comportamiento natural de chicos y chicas en una edad en la que despiertan los instintos de aproximación sexual.

Por último, la ideología que pretende imponer la mezcolanza en todo demuestra su incoherencia en otros aspectos de la vida: a nadie le parece mal que chicos y chicas estén segregados en la práctica de los deportes; y nadie ha protestado porque los lavabos de los bares y de todos los edificios públicos estén segregados y rotulados por sexos.

Sin duda es bueno que chicos y chicas se vean como equivalentes, que se conozcan, y que aprendan a respetarse y valorarse desde niños. Ambos sexos están condenados a atraerse, a unirse, y a formar familias que seria deseable que gozaran de la máxima estabilidad. Pero habrá que reconocer que tras 40 años de enseñanza conjunta, el machismo sigue campando a sus anchas en la sociedad, y los divorcios no han hecho sino aumentar.

No tengo una postura definida al respecto. Pero creo que, al menos, merece la pena reflexionar sobre la cuestión.

El Estado del revés

Un Estado de Derecho es aquél que está estructurado mediante instituciones que desempeñan diferentes funciones en el marco de un ordenamiento jurídico preciso. Se le llama “de Derecho” por esa razón: porque todo está subordinado a la ley, de manera que instituciones y ciudadanos conocen las reglas del juego, y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer.
Los ciudadanos eligen como representantes a aquellos que mejor pueden defender sus opiniones o intereses, y esos representantes redactan modifican o derogan las leyes que obligan a todos. Esos representantes designan también un gobierno, cuya misión consiste en dirigir la Administración del Estado, proponer textos legislativos, y siempre cumplir y asegurar el cumplimiento de la ley.
España quedó configurada como un Estado de Derecho a partir de la aprobación de la Constitución, en 1978. Sin embargo, la realidad del funcionamiento de las instituciones es muy distinta. Los diferentes poderes no son independientes, sino que se solapan y se confunden en un continuo toma y daca para el beneficio electoral de los grandes partidos. Presidentes de CC.AA. incumplen sentencias del Tribunal Supremo, y no pasa nada; gobiernos autónomos deciden no aplicar las normas del gobierno central que no les gustan, y no pasa nada; diputados autonómicos asaltan supermercados y no pasa nada; dirigentes sindicales anuncian públicamente que van a cortar carreteras, y no pasa nada; médicos proclaman que no van a cumplir la ley sobre atención a inmigrantes irregulares, y no pasa nada.
La confusión es total. Los partidos políticos interpretan el Estado de Derecho a conveniencia; retuercen las leyes, o las ignoran, directamente. Muchos ciudadanos creen que vivir en un Estado de Derecho significa que todo el mundo puede disfrutar de todos los derechos que se le ocurran. Piensan en los derechos como en cosas preexistentes, que estaban ahí, y sólo hacía falta alargar la mano, cogerlos, y quedárselos para siempre. No pueden entender que son las leyes las que establecen los derechos concretos, y que también las leyes pueden modificarlos o suprimirlos.
Creemos tener un Estado de Derecho, pero lo que tenemos es un estado de confusión, un estado manga por hombro. Un Estado del revés.

Entre todos la mataron, y ella sola se murió

Tenía muchos años; estaba desilusionada, cansada y muy débil. En otros tiempos había sido muy poderosa; había sido el objeto de la admiración y la envidia de sus vecinos. La familia había atravesado muchos momentos difíciles, que habían ido arrancando jirones de aquél antiguo esplendor. Ahora seguía estando a la cabeza de una familia de larga estirpe, pero le faltaban las fuerzas, y su mirada ya no reflejaba orgullo, sino melancolía.


En el pasado reciente unos rayos de optimismo le habían hecho pensar que la familia podría recuperar su prestigio. Se había producido la alianza con otras importantes familias. La casa solariega había sido totalmente reformada. Se había colocado moqueta por todas partes. Los muebles eran ahora nuevos y de calidad; se había instalado aire acondicionado. Se había construido un enorme garaje, que albergaba los diecisiete lujosos coches de que disfrutaban todos los hijos, sobrinos, nietos, yernos y nueras. Se habían gastado todos los ahorros, se habían vendido los retratos de los antepasados, y se habían empeñado las antiguas joyas familiares, pero todos vivían suntuosamente.

Pero no era una familia bien avenida. Los hijos malcriados exigían más y más, sin querer ver que ya no había de dónde sacarlo. Discutían y peleaban entre sí, disputándose los dormitorios, echándose en cara unos a otros la responsabilidad por la decadencia que estaban viviendo. Desobedecían a la abuela, se mofaban de ella, habían ocultado su retrato, y únicamente le dirigían la palabra para reclamarle más dinero.

La abuela veía aproximarse su fin, y contemplaba con pena a aquellos hijos y nietos desunidos, que se encerraban en sus habitaciones como si fueran castillos, sin dejar entrar a los demás. Sólo ella veía venir la terrible tormenta que se abatiría sobre todos ellos cuando ella hubiera desaparecido. Sólo ella sabía que aquellos majaderos caprichosos serían incapaces de sobrevivir aislados y divididos.

Pensando en todo esto, cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Fuera se oía el griterío de las discusiones de unos, y las risas de otros que comían y bebían en la terraza. En un futuro alguien diría eso de “entre todos la mataron, y ella sola se murió”. España tenía ya muchos años.

El espíritu de D'Artagnan

La Unión Europea se tambalea. Aquél ambicioso proyecto que surgió tras la dramática inyección de sentido común que recibieron los estadistas tras la 2ª Guerra Mundial puede estar a punto de desvanecerse. Lo que podía haber sido un proceso que desembocara en una unión efectiva, que borrara todos los recelos y egoísmos nacionales, se ha quedado a medias. Los países se han puesto de acuerdo para regular los cierres de las latas de refresco, pero han sido incapaces de establecer una fiscalidad común, un sistema financiero compacto, o una política exterior unificada.

Los burócratas que canibalizan el poder político, tanto en Bruselas como en Berlín, París, Roma o Madrid, han olvidado la lección de 1939. Adocenados en suntuosos despachos, son incapaces de ver Europa, y sólo ven las urnas de su propio país. Todo parecía ir medio bien mientras los PIB aumentaban cada año. En cambio, cuando la recesión impone su tiranía reaparecen los intereses nacionales. La idea inicial al estilo D’Artagnan “todos para uno y uno para todos” se transforma la clásica de los naugragios: “sálvese quien pueda”.

Exactamente igual que ha ocurrido en España. A la muerte de Franco, el recuerdo de la Guerra Civil inyectó una buena dosis de sentido común a los políticos del momento, que fueron capaces de firmar los Pactos de la Moncloa. Pero se promocionó de forma desmedida el sentimiento nacionalista-regionalista-aldeano de la gente, y 35 años después, al igual que en Europa, tenemos 17 nacioncitas, con sus aeropuertitos, sus televisioncitas, y sus banderitas.

Mientras había crecimiento, la cosa iba funcionando: cada virreinato se daba por satisfecho con ir arrancando algo del Estado. Malcriaron a sus ciudadanos diciéndoles que les regalaban toda clase de cosas innecesarias: universidades en poblaciones de 40.000 habitantes; líneas AVE para unir ciudades sin pasajeros; polideportivos para pueblos de 200 habitantes envejecidos. Crearon cientos de miles de puestos de trabajo ficticios: en la minería para extraer carbón que no se utiliza; en las televisiones autonómicas para emitir programas calcados de las privadas; en las universidades para dar clases en carreras que ninguna empresa necesita.

Los españoles, nuevos ricos, llevábamos a nuestros hijos a estudiar para que fueran ingenieros, abogados, biólogos marinos o educadores sociales. Con nuestros hijos estudiando ocho años carreras que deberían aprobarse en cinco, hacían falta camareros, peones agrícolas, trabajadores de la construcción, de la limpieza, del servicio doméstico. Y vinieron de África, de América, de Europa del Este a hacer esos trabajos. Nos compramos pisos a precios astronómicos sin tener dinero ni para pagar una tienda de campaña decente. En verano, las ciudades europeas y las playas del Caribe rebosaban de españoles felices y confiados, que habían pedido un préstamo para pagarse unas buenas vacaciones.

¿Y ahora, qué? ¿Quién le explica a los funcionarios que muchos de ellos sobran porque no deberían haber obtenido su plaza? ¿Quién les dice a los jubilados que sus exiguas pensiones son demasiado altas? ¿Quién les cuenta a los padres que sus niños tienen que hincar los codos porque no puede haber un maestro por cada diez alumnos? ¿Seremos capaces de entonar el lema de los tres mosqueteros? ¿O nos disputaremos unos a otros los salvavidas en el naufragio?

¿Para qué sirve UPyD?

El juez Fernando Andreu ha decidido admitir a trámite la querella interpuesta por UPyD, y tendrán que declarar como imputados Rodrigo Rato y los demás exconsejeros y exdirectivos de Bankia. Los delitos de los que se les acusa son estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La economía española está agonizando, a causa de la mala gestión de unos, la avaricia de otros, y la irresponsabilidad de casi todos. El hundimiento de Bankia ha dañado gravemente la estructura financiera del país, y ha contribuido de manera importante a la desconfianza internacional. Además ha dado lugar a que miles de personas perdieran sus ahorros, y ha hecho subir dos puntos el enfado social ante las multimillonarias retribuciones de los gestores que tan mal han gestionado.

Y en ese panorama la partitocracia se ha mostrado completamente insensible. Ni el gobierno, ni el mayor partido de la oposición; ni los defensores oficiales de los pobres; como IU, BNG; ERC, CHA, etc.; ni los tahúres de dos barajas de CiU y el PNV; ni los come-ricos de UGT y CC.OO.; han movido un sólo dedo para intentar aclarar lo qué ha pasado en Bankia y en las cajas de ahorro que la formaron.

Sólo gracias a la existencia de un partido joven, sin hipotecas, sin ataduras, que llama a las cosas por su nombre, y que tiene ideas en vez de un catecismo ideológico, se ha podido dar el primer paso para aclarar lo sucedido. Todos los demás partidos se han negado a que los directivos de Bankia dieran explicaciones en el Congreso. Ningún partido y ningún sindicato han tomado la iniciativa de presentarse ante un juez. Ejemplo lamentable de la gran hipocresía nacional: todo el mundo critica a todo el mundo, pero nadie toma medidas porque todos están chupando de la vaca.

Ahora la justicia tendrá que investigar, y en su momento dictar sentencia, que puede ser absolutoria o condenatoria. Pero sea cual sea el resultado, ahora los ciudadanos saben con mayor claridad para qué sirve un partido como UPyD. Sin duda, el único que, si los ciudadanos quieren, –y con mucha dificultad- podría llegar a limpiar este establo político-financiero llamado España. Los que están instalados en el sistema perverso no lo van a hacer porque el sistema perverso son ellos. Ahora se entiende por qué les molesta tanto UPyD, y no sólo porque sea el único partido que no ha aceptado venderse a cambio de un cargo institucional.

El virus de la insidia

De todos es conocido el aforismo que dice “calumnia, que algo queda”. Los efectos del rumor, de la calumnia insidiosa son siempre muy superiores al esfuerzo que cuesta lanzarlos. Adquieren su propia inercia, y pueden crecer y crecer hasta hacer aparecer como verdadero lo que nunca ha existido.


Veamos uno de los métodos de propagación del virus:

V le dice a A en un lugar discreto: “Voy a contarte algo porque mereces toda mi confianza. Pero no se lo digas a nadie. X es un borracho, aunque lo disimula muy bien”.

Después, V –de nuevo en plan confidencial- le transmite a B el mismo virus: “X es un borracho”.

“No me digas, nunca le he visto bebido”, responde B.

“Claro, lo disimula perfectamente. Pregúntale a A y verás”.

Y va repitiendo el mensaje a C, a D, etc. Ninguno tiene motivos para desconfiar de V; y todos ellos se sienten halagados por la confianza que V ha depositado en ellos.

Pero A, B, C, y los demás se relacionan también entre sí. Un día C le comenta a B: “creo que X tiene problemas con el alcohol”, a lo que B responde: “sí, eso tengo entendido”, demostrando así a C que está bien informado. Escenas parecidas se van repitiendo, y al final todos están absolutamente seguros de que X es un bebedor incorregible, aunque ninguno de ellos le haya visto tomar una gota de alcohol.

Existen numerosos expertos en el lanzamiento de insidias. A menudo se trata de personas mediocres, carentes de escrúpulos y que desconocen el significado del la palabra “ética”, y que utilizan esa táctica para medrar en el mundo laboral, social, o político. Otras veces son individuos con patologías mentales, que buscan desesperadamente el protagonismo para sentirse importantes. En ocasiones, se combinan ambas cosas.

En cualquier caso, el daño que pueden hacer es muy grande. Si bien es cierto que la verdad suele terminar imponiéndose antes o después, no es menos cierto que ese camino puede ser largo, y destruir en el proceso a una empresa o una organización. Y en el mejor de los casos, siempre habrá alguien que siga observando a X, intentando descubrir en él un ligero temblor de manos.

El catalanés

Contra lo que pudiera pensarse, “el aragonés oriental” no es el propietario del bazar chino de la esquina. Se trata de la última ocurrencia del gobierno de Aragón, destilada sin duda por las profundas mentes políticas del PAR. Consiste en eliminar de la nueva ley de lenguas el término “catalán” para referirse al idioma que hablan muchos aragoneses de Nonaspe, Maella, y demás localidades de la zona. Como cualquier nacionalista de pro, se trata de aplicar la máxima de “al enemigo, ni agua”, considerando enemigo a todo aquél que no es de su aldea. Cuando entre en vigor la ley, todas esas personas ya no hablarán oficialmente catalán, sino “aragonés oriental”, que es mucho más patriótico.

El proceso de atontamiento generalizado de la sociedad española le debe mucho al empleo profuso de los eufemismos. A base de dejar de llamar a las cosas por su nombre, terminamos sin saber qué significa cada cosa, lo que asegura la confusión más absoluta. Y de la dificultad en el hablar a la dificultad en el pensar sólo hay un paso. Algo muy bueno para nuestros políticos, ya que cuando es difícil pensar, es más fácil votar al más tonto, al más inepto, o al más corrupto.

Lo de “aragonés oriental” es como si en Méjico decidieran llamar a su idioma “mexicano europeo”; o en Argentina llamaran al suyo “argentino boreal”. Ya puestos a hacer ingeniería lingüística, podrían haber buscado una única palabra, en vez de dos. Seguro que en Valderrobres estarían orgullosos de hablar “catalanés” o “aragolán”. El ridículo sería el mismo, pero tendría algo más de originalidad.