Alguien se ha llevado el queso

Con más de cinco millones de parados, con aumentos de impuestos, con reducción de salarios, con cientos de miles de personas que han tenido que abandonar una vivienda que no podían pagar, con reducciones en la prestación de servicios públicos, con un gobierno que aplica políticas económicas distintas de las que había anunciado… Es completamente lógico que los ciudadanos se sientan desconcertados, asustados y angustiados.

En cinco años han cambiado las expectativas de la gente. Cosas que parecían muy sólidas se han evaporado. Lo que se consideraba derechos para siempre se están convirtiendo en recuerdos de tiempos mejores. Me viene a la mente el cuento de Spencer Johnson “Quién se ha llevado mi queso”, en el que dos ratones reaccionan de manera muy distinta ante el inesperado hecho de que el trozo de queso que alguien colocaba todos los días en el mismo lugar deja de aparecer.

Las protestas, las huelgas generales, las mareas de diversos colores son comprensibles como reacción inmediata a la desaparición de un queso al que estábamos muy acostumbrados. Podemos sentarnos a esperar, podemos llorar, gritar, patalear, arañar las paredes, pero el queso no vendrá. Ya no está. También podemos entretenernos en debates y discusiones sobre cómo se ha producido la desaparición del queso, sobre las causas o los culpables. El queso no vendrá. Ya no está.

No sé si esta sociedad tardará poco o mucho en reaccionar. Pero cuanto antes nos demos cuenta de que ya no hay queso, antes nos pondremos a buscar otras alternativas, otros alimentos, incluso otros quesos obtenidos de distinta manera.

Hacer de su toga un sayo

El elevado número de casos de desahucio como consecuencia del desempleo galopante supone un drama nacional que las autoridades habrían tenido que afrontar hace ya muchos meses. Es preciso encontrar fórmulas que permitan paliar esas situaciones, garantizando también la seguridad jurídica, sin que supongan un estímulo al incumplimiento de los contratos. No será nada fácil –en el país campeón de la trampa y la picaresca- establecer un sistema que ayude a los que realmente lo necesitan, sin permitir que se aprovechen los “listos”, que nunca faltarán.

Se viene produciendo una legítima presión en ese sentido, que va desde las movilizaciones de asociaciones ciudadanas hasta la decisión de algunos ayuntamientos de retirar sus fondos de determinados bancos, pasando por la sensibilización de la opinión pública que vienen ejerciendo los medios de comunicación. No tengo la menor objeción que hacer a todo ello.

Pero lo que me deja estupefacto es el desparpajo con el que algunos jueces afirman que ellos “no quieren ser el cobrador del frac de los bancos”, o con el que representantes del Sindicato Unificado de Policía alientan a los policías a no participar en los procesos de desahucio. Se trata, sin duda, del reflejo de un clima general en el que todo el mundo está convencido de que eso de que la soberanía reside en el pueblo significa que cada persona puede decidir qué leyes le gustan o no, y cumplirlas o no, según su libre albedrío.

Si gobiernos autonómicos pueden saltarse impunemente las resoluciones del Tribunal Constitucional; si el presidente de una región puede incumplir la Constitución que le permite a él disfrutar de su cargo; no es de extrañar que los jueces crean que pueden decidir en qué partes de la ley actúan o no, o que los policías quieran decidir con qué leyes colaboran y con cuáles no.

Se trata de un peligroso síntoma –uno más- de la descomposición del Estado de Derecho. Los señores jueces y los señores policías tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las leyes. Las que les gustan y las que no les gustan. Los que tienen la facultad de crear, suprimir o modificar las leyes no son ellos, sino los legítimos representantes de los ciudadanos. Y si a un señor juez o a un señor policía le remuerde la conciencia cumplir su trabajo aplicando una ley determinada, tiene en su mano evitarlo. Es tan sencillo como darse de baja en el cuerpo, dejar de cobrar el sueldo que le pagamos entre todos, y buscarse la vida en la empresa privada, o ponerse en la cola del paro, donde puede estar seguro de que no se va a encontrar solo.

Como pollos sin cabeza

Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad puede dejar de condolerse con la tragedia de la mujer que se ha suicidado arrojándose al vacío en Baracaldo. Dicho esto, sería bueno que todos –y especialmente los medios de comunicación y los políticos- reflexionáramos unos momentos sobre la cuestión, en vez de lanzarnos a correr como pollos sin cabeza.

El suicidio se ha producido cuando se iba a producir el desahucio de su vivienda, pero sería ingenuo concluir que no había otros factores previos en la situación personal de la víctima. Si los desahucios desencadenaran automáticamente suicidios ya se habrían suicidado varios cientos de miles de personas por ese motivo. El desahucio ha podido ser la gota que ha colmado el vaso de una larga serie de elementos –depresión, soledad, fallos en la red familiar y social-, sin los cuales esa mujer hubiera reaccionado de manera diferente ante el desahucio.

Una vez conocida la noticia, la opinión pública, convenientemente agitada por los medios de comunicación ha reaccionado con espanto, y tras ella prácticamente la totalidad de los políticos, que parecen haber descubierto de pronto que impedir los desahucios será impedir los suicidios.

Pues bien, cada año se producen en España unos 3.500 suicidios, sin que nadie mueva un dedo, ni muestre la menor alarma. Además, por cada suicidio consumado se producen dos intentos de suicidio fallidos, lo que supone que cada año intentan quitarse la vida unas 11.000 personas, Cada una de ellas es el reflejo de un drama. Empresarios arruinados, parados desesperados, novios abandonados, incluso estudiantes suspendidos. Los desencadenantes pueden ser docenas.

¿Qué piensan hacer los políticos ahora? ¿Legislarán para que nadie se arruine, por si acaso se quita la vida? ¿Impedirán que haya parados que puedan suicidarse? ¿Harán un decreto prohibiendo que nadie deje tirado a su novio? ¿Quizá reformarán la Constitución para erradicar la depresión por ley?

Se suele decir que no es bueno “legislar en caliente”. Sin embargo, en este caso parece que todo el mundo está de acuerdo en hacer lo que sea, tenga o no sentido; sea o no injusto con los que son lanzados de su vivienda por no pagar un alquiler. De nuevo una alocada estampida. De nuevo el aleteo insensato de unos pollos sin cabeza.

Es probable que sea conveniente reformar la Ley Hipotecaria, pero mal vamos si la razón principal es porque se ha producido un suicidio.

De borrachos para idiotas

Es sabido que los programas electorales de los partidos no los lee casi nadie. Quizá sea por eso que los partidos tradicionales se permiten incluir en ellos toda clase de promesas por descabelladas que sean. Después, si consiguen gobernar, siempre encuentran excusas muy razonables para explicar por qué no van a cumplir lo que habían prometido.

Como charlatanes de feria, las cúpulas de esos partidos pregonan su producto, prometiendo cualquier cosa con tal de obtener un puñado más de votos. Como ocurre con todos los timos, aunque la gente sabe de su existencia, siempre hay incautos que pican una y otra vez.

Con motivo de las próximas elecciones en Cataluña, CiU ha decidido superar todos los precedentes a la hora de prometer quimeras. En su programa dicen que si ganan se reducirá un 50% el número de muertos en carretera; aumentará un 5% la tasa de supervivencia de los enfermos de cáncer; y se elevará otro 5% la esperanza de vida de los catalanes.

No se me ocurren más que dos explicaciones para entender semejantes despropósitos en el programa de un partido que puede tener que gobernar: o bien el texto ha sido redactado al final de una larga noche de juerga, o bien los grandes partidos están absolutamente convencidos de que los ciudadanos somos idiotas. Como no tengo datos que me permitan dudar de la sobriedad de los dirigentes de CiU, tengo que inclinarme por la segunda opción.

No puedo compartir esa creencia en que los ciudadanos, en general, seamos idiotas. Pero tengo que reconocer que les hemos dado sobrados motivos para pensarlo. Elección tras elección hemos vuelto a votar a partidos que nos han engañado; a candidatos que han despilfarrado el dinero de todos; que han colocado a sus amigos y familiares en cargos bien remunerados; o que estaban imputados en sonoros casos de corrupción. Si no han bebido, no debemos asombrarnos de que nos consideren idiotas.

El "malvado" Amancio Ortega

Se ha hecho público que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, ha donado 20 millones de euros a Cáritas, “para las necesidades en materia de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de vivienda y material escolar”.

La noticia no va más allá del hecho de confirmar tres realidades ya conocidas: que Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo; que en España hay cientos de miles de personas que lo están pasando muy mal; y que el tan cacareado Estado del Bienestar es totalmente incapaz de cubrir sus necesidades, con lo que resulta decisiva la labor de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, y muchas otras.

Lo que llama la atención es la reacción de gran parte de la “progresía” (me resisto a emplear la palabra “izquierda” en referencia a esta clase de individuos), que se han lanzado a la yugular del empresario. Que si es para desgravarse impuestos; que si es para hacerse publicidad; que si crea trabajo fuera de España…

Es el panorama cervantino: la generosidad de Don Quijote y la mezquindad de Sancho Panza. El odio que nace de la envidia hacia el que destaca. La adoración de la mediocridad. El sesgo ideológico y la tendencia al totalitarismo. Estos progres hubieran preferido que fuera el Estado el que confiscara los bienes de Ortega para con ese dinero crear un organismo público con muchos funcionarios para repartir el resto entre asociaciones afines. Tampoco habrían protestado si el empresario gallego hubiera entregado los 20 millones a los refugiados palestinos, o a movimientos feministas latinoamericanos.

Están tan convencidos de la maldad de la derecha, tan imbuidos de que ellos son los únicos buenos de la película, que les sale un sarpullido cada vez que se produce algún hecho que contradice esa creencia irracional, por otra parte más propia de los integristas musulmanes que de unos demócratas occidentales modernos. Pero es evidente que una cosa es proclamarse demócrata y moderno, y otra muy distinta es serlo.

Fútbol y política

Ya he comentado las semejanzas que en España tienen el fútbol y la política, especialmente en cuanto a la forma en que los ciudadanos se comportan respecto a los partidos políticos: en términos de una irracionalidad que sólo deja espacio para la fidelidad incondicional o el rechazo absoluto.

Ahora, tras los sucesivos malos resultados electorales del PSOE, vemos otro aspecto de la misma tendencia: como el equipo no mete goles, la afición busca la solución en el cambio del entrenador. Rubalcaba cotiza a la baja, y en el PSOE empiezan a buscar en los cajones alguien que les haga ganar la liga, y que pueda así repartir cargos y prebendas con el dinero de los impuestos.

Es una perversión –otra más- de la práctica política en España. Los dos grandes partidos no son ya los impulsores de un modelo social basado en unas ideas determinadas, sino unas máquinas diseñadas para captar votos a cualquier precio para transformarlos en poder. El objetivo no es mejorar la sociedad o solucionar problemas de los ciudadanos. El objetivo es conseguir el poder, y si para ello hace falta cambiar las ideas, se cambian sin el menor reparo.

Y para ganar la liga buscan al mejor entrenador. No tiene que ser el más inteligente, ni el más experimentado, ni el más honrado, ni el que tenga una visión más amplia del futuro. Les basta con que haga que el equipo gane, aunque juegue mal, aunque den patadas, aunque sea comprando a los árbitros.

Es lamentable. Es propio de un país con una baja calidad democrática. Pero es lo natural en una sociedad en la que los aficionados no votan al equipo que mejor juega, sino al que mejor despierta sus emociones, al que le hace vibrar. La gente quiere que su equipo gane la liga, No les importa pagar precios astronómicos por las entradas con tal de que gane. Hay equipos pequeños, que juegan limpiamente, pero tienen poco público porque no despiertan pasiones.

En España a casi todo el mundo le interesa el fútbol, pero sólo unos miles dan patadas a un balón, mientras muchos millones lo siguen desde las gradas o las televisiones. En política muchos millones pagan con su voto cada cuatro años, pero muy pocos se deciden a participar directamente. Así nos va.

La libertad o el rebaño

Los seres humanos aspiran a la libertad. Nadie quiere ser un esclavo, nadie quiere estar en prisión. Sin embargo, la libertad sin restricciones conduce a la ley de la jungla, por lo que todos los grupos humanos han establecido reglas que limitan la libertad individual en beneficio de la supervivencia del grupo: se acepta una merma en la libertad a cambio de una mayor seguridad.

Los estados democráticos de derecho son un buen ejemplo de ese equilibrio entre libertad y seguridad. Las leyes establecen con claridad qué parcelas de libertad individual quedan recortadas, y qué derechos –seguridades- obtienen a cambio los ciudadanos. La ley es creada por los representantes de éstos, y no viene impuesta por revelaciones divinas ni por el capricho de ningún tirano. Todos se someten a ella porque saben que es “su ley”, y pueden cambiarla o derogarla por decisión de la mayoría.

Pero la libertad no la regalan. Existe en los seres humanos una tendencia que les mueve a adquirir poder, y a incrementarlo de manera indefinida. Existen miles de ejemplos de dictadores que han sido derrocados por gentes que hablaban de libertad, para convertirse de inmediato en nuevos dictadores. En el Estado de Derecho el precio que hay que pagar por la libertad es el de dedicar parte del tiempo a estar informado de las cuestiones públicas; analizar críticamente los discursos; recordar los incumplimientos; exigir la aplicación de las leyes; no entregar nunca el voto por razones emocionales o por tradición; vigilar de cerca a los que ostentan el poder.

Supone tiempo y esfuerzo, y no siempre es fácil. Pero la alternativa es dejar que otros se apropien de la libertad individual; que decidan por nosotros lo que nos conviene o no; que nos pastoreen, en vez de representarnos y administrar nuestro dinero. La alternativa a la libertad es el rebaño. El drama de millones de españoles es que quieren las ventajas de la libertad sin sus inconvenientes. Y no es posible. El paso del Estado de Derecho al Estado de Bienestar puede convertirse en una trampa, en la que los ciudadanos sacrifican su libertad a cambio de un pesebre y un corral al abrigo de la intemperie.

¿Cuántos idiotas caben en una democracia?

Hoy en día “idiota” es una palabra que señala a una persona que padece una deficiencia profunda de sus facultades mentales; además de utilizarse frecuentemente como insulto. Pero el origen de la palabra “idiota” se sitúa en la Grecia clásica, y era el término con que los griegos señalaban a aquellos ciudadanos que, teniendo derecho a participar en los asuntos públicos, se desentendían de ellos y renunciaban a ese privilegio.

A diferencia de las dictaduras, las teocracias, o las monarquías absolutas, la democracia es un sistema de gobierno basado en la participación del pueblo. Éste es quien toma las decisiones, mediante mecanismos de representatividad que permiten la elaboración de leyes que respondan al deseo de la mayoría.

Pero ¿qué ocurre cuando el número de idiotas es muy elevado? ¿puede existir un sistema democrático sin una suficiente participación del pueblo? ¿cuántos idiotas caben en una democracia?

Es difícil dar respuesta a esta pregunta, ya que la “idiotez” –en sentido clásico- no es una variable discreta, sino gradual. En cualquier encuesta de opinión aparece siempre un porcentaje, que puede llegar hasta el 12%, de personas que no saben o no contestan. A esos “idiotas” declarados, habría que añadir otro porcentaje –sin duda mayor- de aquellos que sí contestan, pero que no tienen ni idea de lo que se les pregunta, y otros a los que les suena la pregunta, pero sólo disponen de una información escasa y sesgada.

Lo grave en las democracias modernas es que la mayor parte de esos “idiotas” votan. No están bien informados; desconocen los fundamentos de un Estado de Derecho; se desentienden de la realidad económica y política; pero cada cuatro años se acercan a su colegio electoral, y depositan su voto. Después siguen sin interesarse por la política, y se limitan a quejarse, maldecir a los gobernantes, y echarle a otros la culpa de sus desgracias.

Es comprensible que siempre haya hasta un 20% de personas de este perfil en una democracia. Pero ¿y si son un 40%? ¿y si rebasan el 70%? ¿Podría funcionar un sistema democrático? ¿Sería más bien una aristocracia de partidos, maquillada por unas urnas inservibles? ¿Estamos en España en esa situación?

Soberanía parcelada

La Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo español. Esta sencilla afirmación significa que todos y cada uno de los ciudadanos que ostentan la nacionalidad española es titular la soberanía de todos y cada uno de los rincones del territorio español. Se trata de una propiedad conjunta, indivisible, e irrenunciable. Un residente en Medina del Campo es copartícipe de la soberanía sobre la Plaza Mayor de Olot, y un vecino de Botorrita es también soberano en Betanzos.

Sin embargo, la escasa cultura política de los españoles ha permitido que unos dirigentes políticos hayan impuesto otra visión muy diferente, y que la estructura del Estado autonómico haya permitido que un gran número de españoles estén convencidos de que las cosas son de otra manera. La devaluación del concepto de nación española, y su sustitución por los sentimientos regionales catalanes, andaluces o aragoneses nos ha conducido a una situación en la que de confusión, en la que se mezcla lo jurídico con lo emocional, y lo político con lo folclórico.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos del 3 de octubre ha sido un buen ejemplo de esa distorsión. Lo que tendría que haber sido una reunión de trabajo de los gestores de la administración territorial del Estado, ha resultado más bien una cumbre de los máximos representantes de cada “pueblo”. Esos dirigentes –y gran parte de sus ciudadanos- están convencidos de la existencia del “pueblo extremeño”, el “pueblo gallego” o el “pueblo riojano”. Y una vez asentada esa noción de “pueblos” distintos, parece razonable considerar que cada uno es soberano en lo que afecta a su propio territorio.

Se trata de una dinámica descabellada, que se aleja del mandato constitucional, que entorpece el buen gobierno de la nación, que dificulta la adopción de medidas coherentes para superar la crisis, y que crea ciudadanos descontentos en todos los rincones de España. Si no recuperamos entre todos el sentido pronto, la desaparición del concepto de “pueblo español” nos puede llevar a no ocuparnos más que de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, o de nuestra propia casa.

El incumplimiento del contrato social

Rousseau preconizaba un “contrato social” tácito, mediante el que todos los ciudadanos renunciaban parcialmente a su libre albedrío, que se depositaba en el Estado, de manera que éste podía redactar y ejecutar las leyes que obligaban a todos. De esta manera las voluntades individuales quedaban voluntariamente restringidas en favor de algo superior y más socialmente eficiente: la voluntad general.

En las democracias parlamentarias actuales, esa renuncia se canaliza mediante el mecanismo de la representatividad. Diversos partidos presentan sus programas de gobierno a los ciudadanos, y cada ciudadano elige para que le represente al partido que más se acerca a sus intereses, valores, y creencia. Así surge un Parlamento que representa al conjunto de ciudadanos, y de él un gobierno que se encarga de llevar a cabo el programa que había propuesto a los electores.

Una de las ideas que ha impulsado la manifestación del 25S ha sido la de “no nos representan”. Es el resultado del desprestigio galopante de los políticos en general, unido al hecho de que el Partido Popular viene tomando una serie de medidas completamente contrarias a las que figuraban en su programa de gobierno. Con independencia de que la inmensa mayoría de los que se quejan de ese incumplimiento son ciudadanos que no han votado al Partido Popular, persiste el problema del flagrante incumplimiento de contrato –cosa que, por otra parte, vienen haciendo todos los gobiernos en España desde el asunto de la salida de la OTAN-.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando los políticos en el gobierno rompen unilateralmente el contrato social que les legitima para gobernar? ¿Tienen que esperar resignadamente hasta las siguientes elecciones para suscribir otro contrato con otro partido, que volverá a incumplirlo? ¿Están legitimados para romper también su compromiso con el Estado y recuperar su libre albedrío completo? Y en ese caso ¿eso incluiría retirarle al Estado el privilegio del uso exclusivo de la violencia? ¿Se pueden crear mecanismos legales eficientes para castigar penalmente los incumplimientos de un gobierno? ¿Qué pasaría cuando el incumplimiento se debiera a un gobierno de coalición en el que ningún partido puede imponer su propio programa? ¿Cómo diferencias los incumplimientos derivados de falsas promesas de los debidos a la evolución imprevisible de los acontecimientos?

Problema extraordinariamente complejo, pero no completamente insoluble.

La democracia gritamentaria

Los pueblos se han venido organizando según dos modelos principales. En las tribus primitivas: dirigidas por un jefe al que obedecían por miedo o veneración, o bien con un consejo de sabios o ancianos que establecía las reglas de juego e impedía la arbitrariedad de los jefes.

Hoy, con naciones de millones de personas, persisten esos dos modelos. Hay países en los que un dictador impone su voluntad a un pueblo que no tiene la oportunidad de expresar su opinión ni su voluntad. Y otros en los que los ciudadanos son dueños de su destino, y deciden su rumbo.

En estas sociedades los ciudadanos delegan su soberanía en otras personas para que les representen en un Parlamento, cuyas funciones son elaborar las leyes y controlar al gobierno. La herramienta es la palabra, y con ella intentan convencerse, dialogan, alcanzan acuerdos, y toman decisiones por mayoría. Es la democracia parlamentaria.

El modelo que existe en España. Sin embargo, poco a poco se ha ido pervirtiendo, y la importancia del Parlamento ha perdido valor en beneficio de la calle. Cada vez con más frecuencia, los debates parlamentarios son ahogados por el clamor de los gritos en manifestaciones callejeras. Los propios partidos políticos se suman a esas manifestaciones, y exhiben como aval el número de asistentes a una manifestación, concediéndoles más importancias que al número de votos obtenidos en las urnas. Eso es la democracia gritamentaria.

El Partido Comunista (travestido de IU), siempre ha tratado de compensar su escasa representatividad en las Cortes con el ruido de las pancartas. Pero PSOE y PP se han sumado también al gritamentarismo. Pese a contar con gran número de diputados, se prestaron a competir en gritos, y salieron a manifestarse. Contra la guerra de Irak; o contra de la ley del aborto. Ahora, los independentistas catalanes también han salido a gritar para conseguir lo que no podrían por democráticas.

España necesita profundas reformas. Pero va a ser imposible acordar esas reformas al dictado de los gritos en las calles. La democracia gritamentaria carece de reglas. Es imposible medir la voluntad de los que se suman a una manifestación, porque no todos quieren lo mismo, porque no se sabe cuántos se están manifestando, cuántos no han querido hacerlo, y cuántos pasaban por allí.

Estamos dejando que se pudra nuestra democracia parlamentaria. Reemplazar las palabras de un debate por los gritos de una manifestación nos coloca en una democracia gritamentaria, que está mucho más cerca de las sociedades de Trípoli, El Cairo y Túnez que de la civilización de Londres, París o Washington.

Las tres caras del miedo

El miedo es una emoción que cualquier ser humano y cualquier animal puede experimentar. Dejando aparte los miedos irracionales, se trata de una emoción útil y funcional porque nos ayuda en la primera necesidad de cualquier ser vivo: la supervivencia. Es una luz roja que pone en alerta nuestros sentidos ante un peligro, y desencadena inmediatamente determinados mecanismos biológicos que facilitarán nuestra respuesta.

Esa respuesta dependerá de la evaluación que hagamos del peligro. Si creemos que podemos enfrentarnos a él, la respuesta será defendernos y luchar. Por el contrario, si creemos que no podríamos que nos sería imposible salir airosos de la lucha, la respuesta es la huída. Tanto en un caso como en otro, el organismo habrá reaccionado para proporcionarnos los recursos físicos necesarios para pelear o para correr.

Pero también puede producirse otra reacción ante la sensación de miedo intenso: la parálisis. El cerebro no consigue decidir si luchar o escapar, quedando así totalmente desvalido, incapaz de protegerse ni de ponerse a salvo.

Cada cierto tiempo sucede alguien, en algún país occidental, ejerciendo esa conquista social que es la libertad de expresión, publica algún documento, viñeta, película, en el que se menciona, se representa, o se hace humor sobre toda clase de reyes, gobernantes, jerarquías religiosas, personajes históricos, profetas, santos o dioses. Invariablemente, cuando lo publicado hace referencia a alguno de los iconos del Islam, se desencadena una ola de furia salvaje que recorre los países islámicos y sacude con violencia los países occidentales y sus representaciones en aquellos.

Cabrían dos respuestas a esos ataques. La huída, que supondría reformar las leyes occidentales, reprimiendo la libertad de expresión para prohibir la mención de cualquier elemento que pudiera ofender la sensibilidad islámica. Y la defensa, que supondría expulsar de los países occidentales a los islamistas radicales que en ellos residen, romper relaciones diplomáticas con los países que amparen los desmanes contra intereses occidentales, y la persecución y castigo de los agresores.

La huída nos llevaría, con el tiempo, a una sucesiva renuncia a nuestros principios democráticos, y probablemente a que dentro de unos años nuestras hijas llevaran burka para no molestar a los integristas. La lucha nos situaría ante la escalofriante tesitura de enfrentarnos a países de los que dependemos para el suministro de petróleo.

Difícil elección. Y quizá por eso la reacción de los gobiernos de Europa y Norteamérica es más bien la tercera salida: la parálisis. Una actitud indefinida, en la que no se quiere renunciar a la libertad de expresión, pero tampoco enfrentarse abiertamente a la sinrazón de cientos de millones de musulmanes. Es comprensible. Pero, paralizados seremos devorados. Parafraseando a Winston Churchill: “Teníais que escoger entre evitar la lucha y aceptar la indignidad, y habéis elegido evitar la lucha. Al final tendréis la indignidad y la lucha”

Política de lavadoras

Conocí una persona que, habiéndose estropeado la lavadora, se fue a un establecimiento, le enseñaron todos los modelos, y compró una nueva. Cuando la llevaron a su casa los operarios se encontraron con que no podían instalarla porque el aparato no cabía en el espacio disponible. Cuando me contó el hecho, le pregunté qué cómo se le había ocurrido comprar una máquina tan grande, sabiendo que disponía de un lugar estrecho. La respuesta fue la siguiente: “De todas las que había, ésta es la que me gustó. Pensé que era algo ancha, pero es que en cuanto la vi, sentí que esa era la que quería”.

Cuento esta anécdota porque es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando uno deja que los sentimientos guíen sus decisiones en cuestiones que no tienen nada que ver con los sentimientos. La compra de una lavadora es un acto racional: hay que considerar las dimensiones, la marca, la capacidad, el consumo energético, el de agua, el ruido, la robustez, las prestaciones y la asistencia técnica. Y sólo en último lugar cabe hacer alguna concesión a la estética.

Algo similar ocurre con la política. La forma en que se organiza una sociedad tiene que estar basada en criterios racionales. En datos demográficos y económicos. En hechos cuantificables y comparables. En teorías contrastadas, en deducciones lógicas y en previsiones esperables. Esos son los criterios oportunos, los que deben aplicar los políticos, y sobre todo, los ciudadanos.

Pero en España, desde la transición, predominan los sentimientos políticos sobre la razón. La gente “se siente” de izquierda o de derecha. Otros “sienten” que su bandera es la republicana. Aquellos “sienten” que su región es una nación, y los de más allá “sienten” que su comarca es un imperio.

Unos sienten que cualquier inmigrante tiene los mismos derechos que un español. Otros sienten que los que no piensan como él tendrían que irse de España; que la universidad en la que estudian les pertenece; que las leyes pueden ser interpretadas por él y no por los jueces; o que por haber nacido tiene derecho a ser siempre feliz.

Esa confusión es una de las razones por las que en España no se ha implantado un sistema democrático homologable con el británico, el norteamericano, el alemán, o el suizo. Alguien tendría que explicarle a los ciudadanos que los sentimientos son secundarios en política. Que el hecho de que uno se sienta un gran músico no basta para que le nombren director de la orquesta de RTVE. Que los psiquiátricos están llenos de personas que “se sienten” Napoleón Bonaparte, el caballo de Atila, o enviados de Dios.

Si no cambiamos ese modo de vivir la política, seguiremos siempre comprando lavadoras que no nos sirven.

Y si se van, ¡buen viaje!

En la manifestación del día 11, en Barcelona, cientos de miles de personas enarbolaron pancartas y corearon eslóganes pidiendo la independencia. El presidente Artur Mas había declarado su apoyo, y declaró –en inglés- que “se había abierto la puerta de la libertad para Cataluña”. Pronto se entrevistará con Rajoy, a quién se espera que le exija 5.000 millones, y eso que llaman “pacto fiscal”, y que es algo parecido al sistema privilegiado del País Vasco y Navarra.

Los independentistas están convencidos de que Cataluña es una nación que fue ocupada por España; de que tienen derecho a la autodeterminación; de que separarse de España les convertiría en un miembro más de la UE; y de que si se separan de España vivirán mejor, serán más ricos, más felices, y hasta más altos.

Vaya por delante mi respeto hacia los que desean que su región –o su pueblo, o su barrio- se convierta en un estado independiente. Cada uno sueña con lo que quiere, e idealiza sus sueños. Ahora bien, mi respeto se reduce ante la ignorancia, y desaparece ante el engaño, el dogmatismo, o el sectarismo en los que se basan esos deseos:

• Apelar a razones históricas para reclamar la independencia es tan inconsistente como si Romano Prodi reclamara para Italia la Península Ibérica, las Galias, y Britania; o como si España reclamara las Islas Filipinas.
• El argumento de que “Cataluña paga más de lo que recibe” podrían utilizarlo millones de ciudadanos que pagan más impuestos que sus vecinos que ganan menos. Cataluña no paga impuestos: los pagan los catalanes, igual que los valencianos, los aragoneses o los extremeños.
• Si Cataluña se independizara de España, quedaría fuera de la UE, tendría que acuñar moneda propia, crear su propio ejército, y dejaría de formar parte del mercado único, perdiendo además su principal mercado: el resto de España.

 Durante 35 años los independentistas han utilizado la amenaza de la independencia para obtener del gobierno del Estado concesiones, privilegios, y competencias que se traducen en dinero y poder que administran y ejercen sus políticos. Pero no se les puede culpar únicamente a ellos. No habríamos llegado hasta esta situación si no hubiera habido sucesivos gobiernos de España que han ido transigiendo y cediendo, esperando saciar el infinito egoísmo nacionalista. Y éstos han aprovechado muy bien la angustia que en el resto de España produce su hipotética independencia. Quizá haya llegado el momento de terminar con esa angustia, y de dejar de ceder a un chantaje sin fin.

Creo que la separación de Cataluña sería mala para España, y peor para los catalanes. Cuando Europa converge hacia una unión mayor, parece insensato seguir el camino inverso. Desearía que los políticos nacionalistas dejaran de jugar con los sentimientos de los catalanes. Desearía que se impusiera la racionalidad, que todos juntos aprovecháramos lo mejor de unos y de otros. Pero si el proceso continúa, si una mayoría de catalanes prefieren dormir con la senyera aunque sean más pobres, si al gobierno de España le falta la energía para hacer cumplir la constitución. Si a pesar de todo se van… ¡buen viaje! y dejen de amenazarnos con que se van a ir.

Toro de fuego

Un espectáculo que no puede faltar en muchos pueblos de Levante es el toro de fuego. Se clava sólidamente un poste robusto en la plaza, y por un orificio que lo atraviesa horizontalmente se hace pasar una soga de más de 50 m. Un extremo de la cuerda se sujeta al toro encerrado en el toril. El otro queda en manos de los mozos del pueblo, y el poste queda en medio. Al abrirse la puerta del toril, el toro se lanza a la plaza, por la que puede moverse dentro del radio de 25 ó 30 metros de la soga que le une al poste. La cuerda puede deslizarse por el orificio, y el animal intenta alejarse, pero los 15 o 20 mozos que tiran del otro extremo se lo impiden. En esta pugna, los mozos van ganando cuerda, y el toro dispone cada vez de menos radio para moverse. Finalmente, los mozos ganan, y el toro –aterrado- queda con la cabeza amarrada al poste. En ese momento otros mozos le rodean y lo inmovilizan, colocándose entonces en los cuernos las bolas. Se les prende fuego, y por último se corta la cuerda, dejando que la res pueda evolucionar libremente por la plaza.

Me acordaba de este ritual ayer, viendo a Rajoy en su entrevista, cuando insistía una y otra vez en la austeridad. Le preguntaban sobre el crecimiento y el empleo, y él volvía a hablar de la austeridad como el único requisito que algún día debería permitirnos crear empleo.

Los recortes del gobierno me hicieron evocar esa soga que se va acortando hasta que el toro queda casi indefenso, atado al poste, y ahí ya se le pueden poner las bolas de fuego. Esa parece ser la estrategia de la UE, y de los gobiernos de los países que la forman. Han llegado a la conclusión de que el Estado de Bienestar, de las subvenciones generalizadas, del gratis total, del maná, es inviable. Pero saben que sería imposible convencer al toro de que hay que ponerle unas bolas de brea en los cuernos. Así que van recortando poco a poco prestaciones, beneficios y privilegios. Saben que la gente se resistirá -como el toro-, pero que inexorablemente terminará inmovilizada y rendida. Sólo entonces –colocadas las bolas ardientes- se podrá cortar la cuerda, y la sociedad podrá volver a moverse, la economía a crecer, el empleo a aumentar. Los ciudadanos respiraremos aliviados al final del tormento, y nos sentiremos felices de nuevo. ¡Qué importan unas bolas de fuego si podemos corretear por la plaza!

Érase una vez una tribu

Érase una vez una tribu formada por un centenar de personas. 70 adultos, 15 ancianos, y 15 niños de menos de 14 años. Habían llegado al valle tras un largo peregrinaje. Allí se instalaron, y los 70 adultos trabajaron duramente cultivando los campos, criando ganado, construyendo cabañas y fabricando herramientas. El primer año sufrieron grandes penalidades, pero poco a poco fueron recogiendo el fruto de su trabajo y su bienestar aumentó rápidamente.

Al cabo de diez años producían muchos más alimentos de los que necesitaban, así que decidieron dejar de fabricar herramientas y comprarlas a una tribu vecina. Los diez artesanos que habían venido haciendo ese trabajo se dedicaron ahora a construir instrumentos musicales y a amenizar con canciones las veladas de la tribu.

Diez años más tarde, seguían teniendo excedentes, y volvieron a reorganizarse: las diez personas que construían viviendas dejaron de hacerlo, y se ocuparon de enseñar las tradiciones a los niños. Al mismo tiempo se decidió que éstos, en lugar de empezar a trabajar a los 14 años, continuaran aprendiendo hasta los 20. Compraron los materiales de las viviendas y pagaron a gente de otra tribu para que las construyera. Decidieron también nombrar un Consejo de diez personas para que escribiera la historia de la tribu y para que redactara las leyes.

Ahora eran 15 ancianos, 30 niños y jóvenes estudiando, 10 músicos, 10 profesores, 10 miembros del Consejo. y 25 trabajando las tierras y cuidando el ganado. La producción descendió bruscamente, y como todos se habían acostumbrado a comer en abundancia, el Consejo decidió pedir alimentos prestados a las tribus vecinas.

Al cabo de otros cinco años, debían a las otras tribus más de lo que ellos producían en tres años. Los vecinos empezaron a ponerles pegas para prestarles más alimentos, y el Consejo convocó una asamblea tribal para decidir qué hacer. Un anciano medio ciego propuso volver a la organización anterior, y que al menos 60 personas se dedicaran a trabajar los campos. Todos se opusieron tachándole de loco. Todos –excepto el anciano- estaban de acuerdo en que era importante que los jóvenes continuaran estudiando hasta los 20 años, y en que la música formaba parte de sus costumbres. Los miembros del Consejo convencieron a todos de que no podían disolverse, ya que sin ellos la tribu sería un caos. Al final, para reducir gastos, decidieron reducir a la mitad la ración de comida de los ancianos.

La producción siguió cayendo, y era imposible devolver a sus vecinos todo lo que les habían pedido prestado. Una mañana vieron que se acercaba una multitud de más de mil personas, armadas con espadas y lanzas.

Sólo el anciano entendió por qué las tribus vecinas se habían aliado y les habían invadido.

Educación y enseñanza

A pocos días del comienzo del curso escolar, con los profesores soliviantados –unos porque ven en peligro sus puestos de trabajo, y otros porque ven van a tener que trabajar más-, los padres se preparan para entregar a sus hijos al Estado durante ocho o diez horas diarias.

Se compran ropas, mochilas, libros y material. Como cada año, se llevan las manos a la cabeza de lo carísimo que es todo –como si fuera un gasto inesperado, y no fuese tan previsible como el pago anual del seguro del coche-.

Muchos se suman a las protestas que organizan los sindicatos de profesores “contra los recortes en educación”, o “en defensa de la educación pública”; mientras otros padres se movilizan “en defensa de la educación concertada”. Unos y otros tan obcecados en su batalla, que no se dan cuenta de que la guerra es otra, y a nadie se le ocurre manifestarse “en defensa de la educación”, a secas.

En este clima efervescente, padres, profesores, sindicatos, y partidos políticos se llenan la boca con la palabra “educación”, sin pararse un momento a reflexionar sobre su significado. Se identifica “educación” con “enseñanza”, sin darse cuenta que la segunda es sólo una parte de la primera.

Educar es dirigir, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales. Educar es proporcionar habilidades para vivir en sociedad. Enseñar es instruir, transmitir conocimientos sobre uno mismo y sobre su entorno físico y social. Enseñar es hacer que un niño aprenda a sumar, o que conozca la ley de la gravedad. Educar es acostumbrar a un niño a no hacer trampas en la suma, o a dar los buenos días al encontrarse a alguien en el ascensor.

Enseñar se corresponde con aprender. Educar, con acostumbrar. La enseñanza es principalmente cosa de los maestros, aunque cualquiera puede enseñar algo. La educación es principalmente cosa de la familia, aunque también educan los vecinos, los amigos, los juegos, los cuentos o la televisión.

Los padres no deben esperar del Estado que les “eduque” a sus hijos. Es su principal responsabilidad, y deben ejercerla desde el primer día del nacimiento. Si no lo hacen ellos, no lo hará nadie. Y si lo hacen muy mal –como bien dice el juez Emilio Calatayud-, conseguirán formar un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un delincuente.

¿Los chicos con los chicos?

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que impide que los colegios que impartan la enseñanza en clases distintas para niños y niñas puedan establecer conciertos con el Estado. Sobre esa base se ha abierto un debate sobre la educación separada (que algunos llaman “discriminada” y otros “segregada”)


Vaya por delante que no tengo una posición tomada al respecto. No estoy en condiciones de afirmar que uno u otro tipo de enseñanza sea mejor para los alumnos. Tampoco existe unanimidad entre los expertos en pedagogía, y los hay que defienden la educación conjunta, y otros la separada. Por su parte, la UNESCO, en la Convención para la lucha contra la Discriminación en la Enseñanza, considera que no supone discriminación la enseñanza separada para alumnos de distinto sexo.

Lo que me llama la atención es desde un amplio sector ideológico de España se rechace simplemente el debate. Confunden “separación” con “segregación”, y se aferran a que hay que educar en igualdad entre sexos. No consideran otros principios importantes como son la libertad de elección de los padres, y ni siquiera el de la eficacia en los resultados de la enseñanza. Evocan el modelo de separación que existía durante el franquismo, y con eso les basta.

Para empezar, si niños y niñas estudian en aulas distintas, no tienen por qué recibir enseñanzas diferentes. No se trata de que las niñas aprendan a ser amas de casa y los niños rudos trabajadores. Los contenidos pueden ser exactamente los mismos.

Por otra parte, con el modelo actual conjunto, en cuanto niños y niñas tienen la oportunidad de actuar por su cuenta –en el patio de recreo o a la salida del colegio- tienen a agruparse por sexos, practican juegos distintos, y forman pandillas de chicos y de chicas, sin que nadie se lo imponga.

En cuanto a la eficacia de la enseñanza, las chicas –como promedio- son más aplicadas, más responsables, más cuidadosas, y obtienen mejores calificaciones. En este sentido, más bien parece que la educación conjunta puede suponer cierto lastre para el rendimiento académico de las chicas.

A partir de la preadolescencia, la educación en las mismas aulas de chicos y chicas da lugar a numerosas ineficiencias, derivadas del comportamiento natural de chicos y chicas en una edad en la que despiertan los instintos de aproximación sexual.

Por último, la ideología que pretende imponer la mezcolanza en todo demuestra su incoherencia en otros aspectos de la vida: a nadie le parece mal que chicos y chicas estén segregados en la práctica de los deportes; y nadie ha protestado porque los lavabos de los bares y de todos los edificios públicos estén segregados y rotulados por sexos.

Sin duda es bueno que chicos y chicas se vean como equivalentes, que se conozcan, y que aprendan a respetarse y valorarse desde niños. Ambos sexos están condenados a atraerse, a unirse, y a formar familias que seria deseable que gozaran de la máxima estabilidad. Pero habrá que reconocer que tras 40 años de enseñanza conjunta, el machismo sigue campando a sus anchas en la sociedad, y los divorcios no han hecho sino aumentar.

No tengo una postura definida al respecto. Pero creo que, al menos, merece la pena reflexionar sobre la cuestión.

El Estado del revés

Un Estado de Derecho es aquél que está estructurado mediante instituciones que desempeñan diferentes funciones en el marco de un ordenamiento jurídico preciso. Se le llama “de Derecho” por esa razón: porque todo está subordinado a la ley, de manera que instituciones y ciudadanos conocen las reglas del juego, y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer.
Los ciudadanos eligen como representantes a aquellos que mejor pueden defender sus opiniones o intereses, y esos representantes redactan modifican o derogan las leyes que obligan a todos. Esos representantes designan también un gobierno, cuya misión consiste en dirigir la Administración del Estado, proponer textos legislativos, y siempre cumplir y asegurar el cumplimiento de la ley.
España quedó configurada como un Estado de Derecho a partir de la aprobación de la Constitución, en 1978. Sin embargo, la realidad del funcionamiento de las instituciones es muy distinta. Los diferentes poderes no son independientes, sino que se solapan y se confunden en un continuo toma y daca para el beneficio electoral de los grandes partidos. Presidentes de CC.AA. incumplen sentencias del Tribunal Supremo, y no pasa nada; gobiernos autónomos deciden no aplicar las normas del gobierno central que no les gustan, y no pasa nada; diputados autonómicos asaltan supermercados y no pasa nada; dirigentes sindicales anuncian públicamente que van a cortar carreteras, y no pasa nada; médicos proclaman que no van a cumplir la ley sobre atención a inmigrantes irregulares, y no pasa nada.
La confusión es total. Los partidos políticos interpretan el Estado de Derecho a conveniencia; retuercen las leyes, o las ignoran, directamente. Muchos ciudadanos creen que vivir en un Estado de Derecho significa que todo el mundo puede disfrutar de todos los derechos que se le ocurran. Piensan en los derechos como en cosas preexistentes, que estaban ahí, y sólo hacía falta alargar la mano, cogerlos, y quedárselos para siempre. No pueden entender que son las leyes las que establecen los derechos concretos, y que también las leyes pueden modificarlos o suprimirlos.
Creemos tener un Estado de Derecho, pero lo que tenemos es un estado de confusión, un estado manga por hombro. Un Estado del revés.

Entre todos la mataron, y ella sola se murió

Tenía muchos años; estaba desilusionada, cansada y muy débil. En otros tiempos había sido muy poderosa; había sido el objeto de la admiración y la envidia de sus vecinos. La familia había atravesado muchos momentos difíciles, que habían ido arrancando jirones de aquél antiguo esplendor. Ahora seguía estando a la cabeza de una familia de larga estirpe, pero le faltaban las fuerzas, y su mirada ya no reflejaba orgullo, sino melancolía.


En el pasado reciente unos rayos de optimismo le habían hecho pensar que la familia podría recuperar su prestigio. Se había producido la alianza con otras importantes familias. La casa solariega había sido totalmente reformada. Se había colocado moqueta por todas partes. Los muebles eran ahora nuevos y de calidad; se había instalado aire acondicionado. Se había construido un enorme garaje, que albergaba los diecisiete lujosos coches de que disfrutaban todos los hijos, sobrinos, nietos, yernos y nueras. Se habían gastado todos los ahorros, se habían vendido los retratos de los antepasados, y se habían empeñado las antiguas joyas familiares, pero todos vivían suntuosamente.

Pero no era una familia bien avenida. Los hijos malcriados exigían más y más, sin querer ver que ya no había de dónde sacarlo. Discutían y peleaban entre sí, disputándose los dormitorios, echándose en cara unos a otros la responsabilidad por la decadencia que estaban viviendo. Desobedecían a la abuela, se mofaban de ella, habían ocultado su retrato, y únicamente le dirigían la palabra para reclamarle más dinero.

La abuela veía aproximarse su fin, y contemplaba con pena a aquellos hijos y nietos desunidos, que se encerraban en sus habitaciones como si fueran castillos, sin dejar entrar a los demás. Sólo ella veía venir la terrible tormenta que se abatiría sobre todos ellos cuando ella hubiera desaparecido. Sólo ella sabía que aquellos majaderos caprichosos serían incapaces de sobrevivir aislados y divididos.

Pensando en todo esto, cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Fuera se oía el griterío de las discusiones de unos, y las risas de otros que comían y bebían en la terraza. En un futuro alguien diría eso de “entre todos la mataron, y ella sola se murió”. España tenía ya muchos años.

El espíritu de D'Artagnan

La Unión Europea se tambalea. Aquél ambicioso proyecto que surgió tras la dramática inyección de sentido común que recibieron los estadistas tras la 2ª Guerra Mundial puede estar a punto de desvanecerse. Lo que podía haber sido un proceso que desembocara en una unión efectiva, que borrara todos los recelos y egoísmos nacionales, se ha quedado a medias. Los países se han puesto de acuerdo para regular los cierres de las latas de refresco, pero han sido incapaces de establecer una fiscalidad común, un sistema financiero compacto, o una política exterior unificada.

Los burócratas que canibalizan el poder político, tanto en Bruselas como en Berlín, París, Roma o Madrid, han olvidado la lección de 1939. Adocenados en suntuosos despachos, son incapaces de ver Europa, y sólo ven las urnas de su propio país. Todo parecía ir medio bien mientras los PIB aumentaban cada año. En cambio, cuando la recesión impone su tiranía reaparecen los intereses nacionales. La idea inicial al estilo D’Artagnan “todos para uno y uno para todos” se transforma la clásica de los naugragios: “sálvese quien pueda”.

Exactamente igual que ha ocurrido en España. A la muerte de Franco, el recuerdo de la Guerra Civil inyectó una buena dosis de sentido común a los políticos del momento, que fueron capaces de firmar los Pactos de la Moncloa. Pero se promocionó de forma desmedida el sentimiento nacionalista-regionalista-aldeano de la gente, y 35 años después, al igual que en Europa, tenemos 17 nacioncitas, con sus aeropuertitos, sus televisioncitas, y sus banderitas.

Mientras había crecimiento, la cosa iba funcionando: cada virreinato se daba por satisfecho con ir arrancando algo del Estado. Malcriaron a sus ciudadanos diciéndoles que les regalaban toda clase de cosas innecesarias: universidades en poblaciones de 40.000 habitantes; líneas AVE para unir ciudades sin pasajeros; polideportivos para pueblos de 200 habitantes envejecidos. Crearon cientos de miles de puestos de trabajo ficticios: en la minería para extraer carbón que no se utiliza; en las televisiones autonómicas para emitir programas calcados de las privadas; en las universidades para dar clases en carreras que ninguna empresa necesita.

Los españoles, nuevos ricos, llevábamos a nuestros hijos a estudiar para que fueran ingenieros, abogados, biólogos marinos o educadores sociales. Con nuestros hijos estudiando ocho años carreras que deberían aprobarse en cinco, hacían falta camareros, peones agrícolas, trabajadores de la construcción, de la limpieza, del servicio doméstico. Y vinieron de África, de América, de Europa del Este a hacer esos trabajos. Nos compramos pisos a precios astronómicos sin tener dinero ni para pagar una tienda de campaña decente. En verano, las ciudades europeas y las playas del Caribe rebosaban de españoles felices y confiados, que habían pedido un préstamo para pagarse unas buenas vacaciones.

¿Y ahora, qué? ¿Quién le explica a los funcionarios que muchos de ellos sobran porque no deberían haber obtenido su plaza? ¿Quién les dice a los jubilados que sus exiguas pensiones son demasiado altas? ¿Quién les cuenta a los padres que sus niños tienen que hincar los codos porque no puede haber un maestro por cada diez alumnos? ¿Seremos capaces de entonar el lema de los tres mosqueteros? ¿O nos disputaremos unos a otros los salvavidas en el naufragio?

¿Para qué sirve UPyD?

El juez Fernando Andreu ha decidido admitir a trámite la querella interpuesta por UPyD, y tendrán que declarar como imputados Rodrigo Rato y los demás exconsejeros y exdirectivos de Bankia. Los delitos de los que se les acusa son estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La economía española está agonizando, a causa de la mala gestión de unos, la avaricia de otros, y la irresponsabilidad de casi todos. El hundimiento de Bankia ha dañado gravemente la estructura financiera del país, y ha contribuido de manera importante a la desconfianza internacional. Además ha dado lugar a que miles de personas perdieran sus ahorros, y ha hecho subir dos puntos el enfado social ante las multimillonarias retribuciones de los gestores que tan mal han gestionado.

Y en ese panorama la partitocracia se ha mostrado completamente insensible. Ni el gobierno, ni el mayor partido de la oposición; ni los defensores oficiales de los pobres; como IU, BNG; ERC, CHA, etc.; ni los tahúres de dos barajas de CiU y el PNV; ni los come-ricos de UGT y CC.OO.; han movido un sólo dedo para intentar aclarar lo qué ha pasado en Bankia y en las cajas de ahorro que la formaron.

Sólo gracias a la existencia de un partido joven, sin hipotecas, sin ataduras, que llama a las cosas por su nombre, y que tiene ideas en vez de un catecismo ideológico, se ha podido dar el primer paso para aclarar lo sucedido. Todos los demás partidos se han negado a que los directivos de Bankia dieran explicaciones en el Congreso. Ningún partido y ningún sindicato han tomado la iniciativa de presentarse ante un juez. Ejemplo lamentable de la gran hipocresía nacional: todo el mundo critica a todo el mundo, pero nadie toma medidas porque todos están chupando de la vaca.

Ahora la justicia tendrá que investigar, y en su momento dictar sentencia, que puede ser absolutoria o condenatoria. Pero sea cual sea el resultado, ahora los ciudadanos saben con mayor claridad para qué sirve un partido como UPyD. Sin duda, el único que, si los ciudadanos quieren, –y con mucha dificultad- podría llegar a limpiar este establo político-financiero llamado España. Los que están instalados en el sistema perverso no lo van a hacer porque el sistema perverso son ellos. Ahora se entiende por qué les molesta tanto UPyD, y no sólo porque sea el único partido que no ha aceptado venderse a cambio de un cargo institucional.

El virus de la insidia

De todos es conocido el aforismo que dice “calumnia, que algo queda”. Los efectos del rumor, de la calumnia insidiosa son siempre muy superiores al esfuerzo que cuesta lanzarlos. Adquieren su propia inercia, y pueden crecer y crecer hasta hacer aparecer como verdadero lo que nunca ha existido.


Veamos uno de los métodos de propagación del virus:

V le dice a A en un lugar discreto: “Voy a contarte algo porque mereces toda mi confianza. Pero no se lo digas a nadie. X es un borracho, aunque lo disimula muy bien”.

Después, V –de nuevo en plan confidencial- le transmite a B el mismo virus: “X es un borracho”.

“No me digas, nunca le he visto bebido”, responde B.

“Claro, lo disimula perfectamente. Pregúntale a A y verás”.

Y va repitiendo el mensaje a C, a D, etc. Ninguno tiene motivos para desconfiar de V; y todos ellos se sienten halagados por la confianza que V ha depositado en ellos.

Pero A, B, C, y los demás se relacionan también entre sí. Un día C le comenta a B: “creo que X tiene problemas con el alcohol”, a lo que B responde: “sí, eso tengo entendido”, demostrando así a C que está bien informado. Escenas parecidas se van repitiendo, y al final todos están absolutamente seguros de que X es un bebedor incorregible, aunque ninguno de ellos le haya visto tomar una gota de alcohol.

Existen numerosos expertos en el lanzamiento de insidias. A menudo se trata de personas mediocres, carentes de escrúpulos y que desconocen el significado del la palabra “ética”, y que utilizan esa táctica para medrar en el mundo laboral, social, o político. Otras veces son individuos con patologías mentales, que buscan desesperadamente el protagonismo para sentirse importantes. En ocasiones, se combinan ambas cosas.

En cualquier caso, el daño que pueden hacer es muy grande. Si bien es cierto que la verdad suele terminar imponiéndose antes o después, no es menos cierto que ese camino puede ser largo, y destruir en el proceso a una empresa o una organización. Y en el mejor de los casos, siempre habrá alguien que siga observando a X, intentando descubrir en él un ligero temblor de manos.

El catalanés

Contra lo que pudiera pensarse, “el aragonés oriental” no es el propietario del bazar chino de la esquina. Se trata de la última ocurrencia del gobierno de Aragón, destilada sin duda por las profundas mentes políticas del PAR. Consiste en eliminar de la nueva ley de lenguas el término “catalán” para referirse al idioma que hablan muchos aragoneses de Nonaspe, Maella, y demás localidades de la zona. Como cualquier nacionalista de pro, se trata de aplicar la máxima de “al enemigo, ni agua”, considerando enemigo a todo aquél que no es de su aldea. Cuando entre en vigor la ley, todas esas personas ya no hablarán oficialmente catalán, sino “aragonés oriental”, que es mucho más patriótico.

El proceso de atontamiento generalizado de la sociedad española le debe mucho al empleo profuso de los eufemismos. A base de dejar de llamar a las cosas por su nombre, terminamos sin saber qué significa cada cosa, lo que asegura la confusión más absoluta. Y de la dificultad en el hablar a la dificultad en el pensar sólo hay un paso. Algo muy bueno para nuestros políticos, ya que cuando es difícil pensar, es más fácil votar al más tonto, al más inepto, o al más corrupto.

Lo de “aragonés oriental” es como si en Méjico decidieran llamar a su idioma “mexicano europeo”; o en Argentina llamaran al suyo “argentino boreal”. Ya puestos a hacer ingeniería lingüística, podrían haber buscado una única palabra, en vez de dos. Seguro que en Valderrobres estarían orgullosos de hablar “catalanés” o “aragolán”. El ridículo sería el mismo, pero tendría algo más de originalidad.

Tocar fondo antes de remontar

La situación económica de España es crítica. Todos lo sabemos. El entramado institucional, la partitocracia hinchada, las subvenciones generalizadas, y los servicios de primera son imposibles de mantener, al menos, no todos al mismo tiempo. Algunos lo sabemos. Otros no quieren ni oír hablar de ello. La situación política y económica de la UE es cada semana más precaria. Todos lo sabemos. Europa camina torpemente, como una minusválida con una pierna de atleta y la otra atrofiada. Con la pierna sana ha creado un bosque administrativo-institucional. Parlamento, Comisión, Consejo, directivas, supervisiones, normativa, y moneda común. La otra pierna apenas se mueve: cada país sigue siendo un coto cerrado de soberanía, en el que todos se miran de reojo, tratando de superar al vecino, incapaces de fijar una fiscalidad común ni una política exterior común. El gran sueño de Schuman, Adenauer, Monnet y Di Gasperi languidece, pilotado por unos dirigentes de mirada corta que sólo sueñan con las urnas del año siguiente. España cae cada día un poco más, y con ella Europa se derrite un poco más. Nos debatimos para no caer como un borracho en una pista de hielo. Llevamos tres años de “situación crítica”. Tanto, que ya nos hemos acostumbrado, que casi pensamos que la crisis es un estado y no un proceso. Faltos de un liderazgo europeo sólido, todo apunta a que continuará la deriva hacia ninguna parte. Todo indica que tendremos que llegar a tocar un fondo tenebroso –en el que no queremos ni pensar- para, quizá, después volver a enderezarnos. Más pobres, más torpes, menos orgullosos, menos ambiciosos. Como en tantas ocasiones, será una terrible realidad la que nos despertará de un espejismo que nos resistimos a abandonar. Aceptaremos entonces -¡qué remedio!- que Europa ha dejado de ser la quintaesencia mundial, y buscaremos humildemente un hueco junto a China y EE.UU.

Menos gestos, y más hechos

Hoy, en las redes sociales está haciendo furor una iniciativa que consiste en escribir al revés, poner fotos del revés, o hacer cualquier cosa al revés. Todo, supuestamente “para ayudar a los demás, dándole la vuelta a las cosas”. Me vienen a la mente docenas de ideas similares: lazos de diversos colores, pegatinas, camisetas; mil maneras de expresar que uno está contra algo o a favor de algo. Gestos. Pero me sigo preguntando en qué favorecen esos gestos a los pobres de Somalia, a los enfermos de SIDA, a los niños con cáncer, a las mujeres maltratadas, o a los refugiados del Sahara. Me lo pregunto, pero una y otra vez me respondo que absolutamente de nada. Con lazos, pegatinas o fotos del revés no les llega ni un paquete de arroz a los somalíes no se compra ni un tratamiento contra el SIDA, no se salva una sola mujer asesinada por su pareja, y no llega un sólo litro de agua al desierto. Pero estas campañas son ingenuas pero no inútiles. Sirven para que cientos de miles de personas se queden más tranquilas penando que han hecho algo útil para otros. Sirven para que una vez colocado el lazo o la pegatina, uno se pueda ir a tomar unas cañas con los amigos, sin sentir remordimiento por los que no pueden ni beber agua. Sirven para demostrar a los demás que uno es solidario, bueno, justo, y benéfico, y poder a continuación despellejar a la compañera de trabajo, o mirar con desprecio al negro que vende pulseras. Y de paso también sirve para ayudar a los que lo organizan, a los que venden las chapas, los lazos o las camisetas; a los que venden libros, discos, o folletos sobre el asunto; a los que obtienen una popularidad mediática gracias a estas campañas tan infantiles como inútiles para los que se supone que van a beneficiar. Más valdría hacer menos gestos y más hechos. Hay mil formas de contribuir de verdad a aliviar las tragedias ajenas. Claro que eso suele hacerse de manera anónima, sin que nadie tenga por qué enterarse. Y, al parecer, lo que importa es que se sepa.

Jibarizar el Estado

Jibarizar el Estado De nuevo Esperanza Aguirre ha dado la campanada con una propuesta rompedora. Para ahorrar unos mil millones, ha anunciado reducción de salarios a funcionarios, aumento de tasas judiciales, peajes en carreteras, menos dinero para guarderías, y –esto es inaudito- ¡reducción a la mitad del número de diputados de la Asamblea de Madrid! Ya veremos si la cosa prospera. Ya veremos si la idea se extiende a las demás CC.AA. Pero es el primer asomo de tijeretazo a esa estructura política elefantiásica de un Estado que lastra a una sociedad muy debilitada. Aparte de las reducciones de sueldos de los políticos –que ya se han producido- en casi todas las administraciones, esta iniciativa supone el primer mordisco a la cabeza del pulpo que nos atenaza a todos. Sin duda, la reducción de diputados no tendría un efecto significativo en las cuentas públicas. Es evidente que el dinero se escapa en grandes cantidades por otras infinitas grietas, desde la proliferación de organismos públicos, el excesivo número de funcionarios y la baja productividad de buena parte de ellos, la construcción de infraestructuras innecesarias, las subvenciones generalizadas a todo bicho viviente, el fraude fiscal socialmente tolerado, y el abuso de lo público en beneficio del particular. Pero el efecto simbólico de esa medida es de la mayor importancia. Supone plantearse que igual el Estado no necesita tantas cabezas pensantes y legislantes. Que se puede adelgazar la nube de políticos que viven del erario público, y que además se han especializado en crear problemas donde no los había. España se ha convertido en un monstruo con una cabeza gigantesca, unas extremidades poco musculosas, y poca sangre corriendo por sus venas. Como ocurría en el Ejército del franquismo, sobran generales y sobran soldaditos enchufados. Hay que reducir esa cabeza en vivo, y no esperar a tener un cadáver para aplicar las técnicas de los jíbaros.

Ponerse las pilas

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha vuelto a hacer sonar la campana con unas declaraciones cuyo sonido destaca en el apagado murmullo de este bosque en el que millones de animalillos huelen el incendio, sin atreverse a levantar la cabeza para no ver las llamas. Al decir que “España será intervenida si los españoles no se ponen las pilas”, el empresario ha polarizado la opinión pública. Muchos se han escandalizado porque varios millones de españoles no pueden ponerse a trabajar aunque quieren hacerlo, y porque otros millones cumplen cada día responsablemente con sus obligaciones. Pero un número no menor de ciudadanos está de acuerdo con Roig, porque también hay varios millones de españoles que obedecen escrupulosamente a la vieja ley del mínimo esfuerzo, que aprovechan todos los resquicios para escaquearse del trabajo, para arañar unos eurillos de donde sea, y para amorrarse a la teta del Estado del Bienestar. Eso sí: enarbolando grandes banderas reivindicativas de sus derechos, y echando pestes contra todo aquél que tiene más que ellos, sin diferenciar entre los que lo han conseguido por su esfuerzo, su inteligencia, y su tesón; y aquellos otros que lo han logrado a costa de aprovecharse ilícitamente de los demás. No se puede generalizar. No es cierto que todos los españoles sean unos vagos oportunistas, tramposos y caraduras. Pero tampoco es cierto lo contrario. Hay de todo. Pero los millones de ciudadanos honrados, cumplidores, trabajadores. esforzados e íntegros no pueden contentarse con serlo. Además tienen que ser agentes activos para desmontar el cáncer que suponen los otros españoles. No basta con clamar contra la corrupción política, contra la mala gestión financiera, o contra la sumisión de los medios de comunicación. En estos momentos críticos para todos, esos españoles que se consideran limpios –y que lo son- tienen la obligación de denunciar a los otros españoles, a los Rinconetes y los Cortadillos que pululan en su entorno. En su familia, en su edificio, en su taller, en su oficina, en el colegio de sus hijos, en su parroquia. Es imprescindible la colaboración ciudadana en ese terreno. Hay que mirar a los ojos a esos sinvergüenzas conocidos y mostrarles el rechazo y el desprecio que merecen, en lugar de sonreírles educadamente, y comentar a sus espaldas sus fechorías. Aunque se suele creer lo contrario, hacen más daño veinte millones de personas robando a pequeña escala, que diez mil políticos o financieros despilfarrando o estafando.

Despersonalizando el personalismo

Una de las acusaciones que emplean los detractores de UPyD es la de ser un partido “personalista”. Como suele ocurrir con todos los tópicos, no se fundamenta en datos objetivos, y les basta con hacer vagas alusiones a la destacada personalidad de su líder, Rosa Díez.

Hace pocos días ha presentado la dimisión la que ha sido durante dos años Coordinadora del Consejo Territorial de Aragón, Cristina Andreu. Tal como ella ha manifestado, no existen discrepancias ideológicas con el partido, y afirma que continuará defendiendo los mismos principios como simple ciudadana. Tras esa dimisión, el Consejo de Dirección ha nombrado a Carlos Aparicio para dirigir la Comisión Gestora que regirá el partido en Aragón hasta que los afiliados elijan a un nuevo Consejo Territorial en los próximos meses. Todo ello supone una refutación de ese sambenito de “personalismo”, que tanto jalean los partidos mayoritarios y los nacionalistas. Por una parte porque Cristina Andreu, que ha desarrollado una importante labor política durante su mandato, ha sido coherente con lo que predica UPyD, y cuando no se ha sentido cómoda en el partido ha decidido apartarse. Podría haber tratado de capitalizar que ha llegado a ser una persona conocida en Aragón con una maniobra “personalista”, pero ha hecho lo razonable: dejar que el partido continúe su evolución natural, que viene siendo de lento, pero continuo crecimiento desde su fundación. La segunda prueba de que UPyD tiene menos de personalista de lo que dicen sus adversarios es que el Consejo de Dirección no ha designado al frente de la Gestora a uno de los fundadores de la formación, ni a una “personalidad” de las más destacadas del partido. Ha optado por un hombre riguroso y equilibrado, que ha venido desempeñando con eficacia y discreción la función de Responsable de Comunicación y Prensa, y que ha demostrado no tener el menor interés en destacar “personalmente”. Lo más alejado que pueda pensarse del dichoso “personalismo”. Y en tercer lugar la inmensa mayoría de afiliados y simpatizantes de Aragón, que continúan adelante trabajando para dar a conocer a los ciudadanos unas propuestas políticas que resultan revolucionarias: regenerar la política y la sociedad; poner las ideas por delante de los intereses personales; mantener el mismo discurso en cualquier lugar de España; actuar coherentemente con lo que se predica; y pedir a los españoles que actúen como ciudadanos y no como súbditos. Esos afiliados y simpatizantes que conocían a la anterior Coordinadora, y que respetando su decisión, se disponen a seguir participando en política, con independencia de quién dirija el partido, demuestran claramente que también para ellos lo importante no son las personas, sino las ideas. Algo muy poco común en la práctica política española, y de lo que deberían aprender aquellos que acusan a UPyD de ser un partido “personalista”.

La niña bonita ha perdido la virginidad

Unión Progreso y Democracia se fundó en 2007 como una opción política diferente, centrada en las ideas y no en las ideologías; orientada al futuro y no a recordar las heridas del pasado; dirigida a los que votan con la cabeza, y no con el corazón; para defender los derechos de las personas, y no de los territorios; para administrar el interés general, y no el de sus afiliados. La tarea no era fácil en una España con más adeptos que afines. Durante cuatro años Rosa Díez fue la única voz que defendía esos principios en un Congreso de rebaños balando al unísono. Rosa Díez se mantenía en primer lugar en la valoración pública, y el porcentaje de votos de UPyD iba aumentando de manera lenta y constante. El partido magenta era opción limpia, libre de ataduras, sin compromisos previos y sin nada que agradecer a nadie. Era la niña bonita de la política. Tras las elecciones de Asturias, el voto de Ignacio Prendes era decisivo para la formación de un gobierno “de izquierda” o “de derecha”. Por primera vez en los últimos 35 años, un partido ha estado negociando su apoyo, no a cambio de consejerías, ni de un puñado de lentejas para un terruño, sino para obtener avances en la línea de sus principios fundacionales. Al final UPyD apoyará un gobierno del bloque PSOE-IU. Ante la incapacidad de entenderse PP y FAC, el partido magenta tenía que optar por apoyar al otro bloque o asumir la responsabilidad de nuevas elecciones. La decisión ha supuesto la pérdida de la virginidad de UPyD. La mitad de esa España sectaria ya puede proclamar que UPyD es “de izquierda”, al igual que habría hecho la otra mitad si el apoyo hubiera sido para el bloque “de derecha”. Una parte de los afiliados, de los simpatizantes, y del largo millón de votantes de UPyD están decepcionados. Pero hay que recordarles que para UPyD hacer política es tomar decisiones. Es elegir lo menos malo. Es pensar a largo plazo, y no sólo en la inmediatez. Es trabajar con un horizonte amplio, y no mirándose el ombligo. El reto de la regeneración democrática y social de España es mucho más ambicioso que el gobierno de un territorio de un millón de habitantes. Los grandes objetivos de UPyD se mantienen íntegros. Sus cinco diputados en el Congreso, sus representantes en la Asamblea de Madrid, y en gran número de ayuntamientos están dando a diario ejemplo de que se puede hacer política de otra manera. Nacho Prendes lo ha demostrado. Los españoles que votan con la cabeza y no con el corazón así lo entienden, y saben que apoyar a PSOE-IU en Asturias no significa entregar nada ni renunciar a nada. La niña bonita ha perdido la virginidad. La niña bonita se ha hecho adulta.

La burbuja del Estado

A estas alturas todos sabemos en qué ha consistido la “burbuja inmobiliaria”, ese espejismo de riqueza que, al estallar, nos está obligando a volver dolorosamente a una situación menos ambiciosa, pero más acorde con la realidad. En esencia, la burbuja inmobiliaria ha consistido en la edificación de millones de viviendas, adquiridas por millones de españoles con cientos de millones que no tenían, y que bancos y cajas les prestaban alegremente. Convencidos todos de que la prosperidad estaba garantizada por los siglos de los siglos, los ciudadanos –con el aliento de unas entidades bancarias complacientes- pidieron dinero para pisos más grandes, con terrazas más amplias, con muebles más caros, electrodomésticos más sofisticados, y cortinas más lujosas. Todo al fiado, como sus abuelas compraban los garbanzos en el colmado de la esquina. En paralelo, el Estado ha ido creando su propia burbuja, ha edificado un enorme entramado institucional, con administraciones duplicadas; lujosos edificios para sedes de gobiernos autónomos y parlamentos regionales; cientos de empresas públicas –porque hace falta mucha gente para ganar elecciones, y hay que agradecerles el esfuerzo colocándolos bien-; unos sindicatos bien engrasados para garantizar su docilidad; universidades por doquier, aeropuertos en cada esquina; líneas de AVE para llenar el mapa; prestaciones sanitarias universales; ordenadores en las aulas; prejubilaciones para post-adolescentes; subvenciones a miles de ONG’s; polideportivos para septuagenarios; auditorios monumentales, carriles-bici para no desgastar las calzadas; festivales; conciertos; y hasta condonación de la deuda de otros países. Al igual que en el caso de la otra burbuja –la inmobiliaria- todo ello sin tener dinero para hacerlo. Recurriendo al préstamo de los inversores internacionales –antes generosos y complacientes-, como si la prosperidad estuviera garantizada por los siglos de los siglos. Ahora nos encontramos con que la primera burbuja ha estallado, el colmado está a punto de cerrar, y ya no encontramos quién nos fíe los garbanzos. Los bancos, antes complacientes, son ahora malvados buitres que se alimentan de nuestros despojos. Desesperados por la necesidad, volvemos la mirada hacia el Estado, última esperanza –aparte de la Providencia Divina-, implorando, exigiendo, gritando para que nos saque del pozo en el que nos hemos metido. Pero el Estado está a punto de ver como estalla su propia burbuja. Los inversores internacionales, antes complacientes, son ahora malignos especuladores que se han propuesto arruinarnos. Los gobiernos se debaten en el laberinto que ellos mismos han ido creando, incapaces de encontrar la salida. Necesitan a los votantes para existir, pero les resulta imposible darles todo lo que les habían ofrecido para conseguir sus votos. Ya no tienen nada que ofrecerles, sino sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo, desconcertado e incrédulo, asiste entre indignado y aterrado al desmoronamiento de una quimera de Estado Providencia; al estallido de la inmensa burbuja de un Estado que les ha engañado. Que les dijo que la democracia era la garantía de la libertad, de la justicia, de la prosperidad y de la seguridad. Que les hizo creer que con democracia todo sería maravilloso, que los derechos no tendrían límites, que alguien se encargaría de subsanar las consecuencias de sus errores, que podían despreocuparse de todo… excepto de votar cada cuatro años.

El peso de los escombros

El gobierno se ha puesto el traje de faena y se ha metido en obras. Pretende reformar España de arriba a abajo: el salón de la educación; el cuarto de baño de la sanidad; el dormitorio de las pensiones; el despacho del sistema bancario; y el trastero de la reglmentación laboral. Somos muchos los que pensamos que debería reformar también la instalación eléctrica del sistema autonómico; las ventanas de la separación de poderes; los desagües de las subvenciones; y los armarios empotrados de la partitocracia. Y ya puestos, tendría que hacerse un buen pulido y abrillantado del funcionariado. Se necesitan reformas, muchas y de envergadura. Pero, como en toda obra- se producen gran cantidad de escombros. Nadie está a salvo de que le caiga algún cascote en la cabeza, y todos vamos a quedar manchados con el polvo. Es inevitable: tendremos que soportar las incomodidades durante un tiempo, si queremos después disfrutar de una España convenientemente rehabilitada. Pero el gobierno debería planificar bien las obras, y tener mucho cuidado con los escombros. Existe el peligro de que –si se acumulan en exceso, sin orden ni previsión- el peso de esos desechos supere la resistencia de la estructura. A ver si por reformar a lo loco se nos va a hundir el edificio entero.

La importancia de las motos

En un lejano país había un labrador que mantenía a sus cuatro hijos con el fruto de unas tierras que trabajaba con ahínco. Deseando que tuvieran un futuro digno del siglo XXI los envió a estudiar a la ciudad. Como los gastos eran muchos, pensó en instalar invernaderos para aumentar la producción de sus tierras. Obtuvo un préstamo del banco del pueblo para adquirir los materiales, y al año siguiente la cosecha se multiplicó, con lo que pudo devolver parte del crédito y dedicar el resto al mantenimiento de sus hijos en la ciudad. A la vista de la buena situación, los hijos le explicaron que estudiarían mejor si pudieran disponer de en un piso amplio, en vez de en vivir en la estrecha habitación de una pensión junto a la universidad. El padre lo entendió, y solicitó y obtuvo un nuevo préstamo del banco. La cosecha volvió a ser cuantiosa, y pudo devolver la parte del préstamo de ese año. Entonces los hijos le dijeron que perdían mucho tiempo en desplazamientos desde el nuevo piso de la ciudad hasta la universidad. Le propusieron que comprara una moto para cada uno, y que tenía que ser de gran cilindrada, para no ser menos que sus compañeros. El padre volvió a hablar con el banco, y obtuvo un nuevo préstamo para comprar cuatro soberbias máquinas. Ese año la cosecha fue también buena, pero las tormentas primaverales habían dañado las instalaciones del invernadero. El hombre volvió al banco para pedir dinero para reparar su explotación, pero esta vez el banco no accedió a su demanda. Habló entonces con sus hijos, y les pidió que vendieran las motos para con ese dinero arreglar el invernadero. Los hijos le dijeron que eso era imposible porque todos sus compañeros se burlarían de ellos. Para no enfrentarse con ellos, el hombre aplazó las reparaciones. La cosecha fue menor ese año, y el invernadero se deterioró aún más. No pudiendo devolver lo pactado al banco, les dijo a sus hijos que no podría enviarles sino la mitad del dinero de otros años. Los hijos se enfurecieron: le dijeron que estaban en mitad de sus carreras, que él les había enviado a estudiar, que tenían derecho a hacerlo, y que no podían ir en autobús a la universidad. Tampoco aceptaron alquilar dos de las habitaciones de la casa a otros estudiantes porque estarían todos demasiado apretados. El padre se resigno. El dañado invernadero produjo ese año una cosecha ínfima. No pudo devolver los préstamos. El banco embargó las tierras, el piso de la ciudad, y las motos. Los hijos tuvieron que abandonar los estudios, y sin un lugar donde vivir se alistaron en el ejército del país vecino. No volvieron a dirigir la palabra a su padre, culpándole de haber administrado mal las tierras y de haberles dejado sin dinero y sin futuro.

Quimioterapia social

Standard & Poor’s rebaja la calificación de la deuda española en dos grados. El desempleo aumenta hasta el 24,44%. El crédito bancario continúa asfixiado. Decenas de miles de jóvenes buscan una salida fuera de España. Estudiantes, sanitarios, sindicatos, y los del 15-M se preparan para demostrar en las calles su cabreo. Rajoy ya no sabe dónde esconderse. La situación es terrible; el horizonte plomizo; el pesimismo cunde; seguimos avanzando en un larguísimo túnel sin saber cuánto falta para llegar a la salida. Es la consecuencia del tratamiento con quimioterapia. El enfermo está muy grave. Lo estaba desde hace años, y durante demasiado tiempo han intentado curarlo a base de pomadas, masajes, analgésicos y dieta blanda. Pero la enfermedad era mucho más profunda. Es imprescindible un tratamiento agresivo. La quimioterapia tiene unos efectos secundarios dramáticos. El enfermo se queda para el arrastre, y la familia termina odiando al equipo médico, pero es la única manera de que después pueda recuperar la salud. Hay que aguantar y tener paciencia. Sin embargo, no estoy tranquilo. De momento parece que esos médicos se olvidan de los 8.300 ayuntamientos, de los 460.000 políticos que viven del dinero público, de la televisiones autonómicas, de los servicios duplicados y triplicados, de las CC.AA. que continúan gastando con alegría porque no recaudan ellas. Creo que pese a su dureza, el tratamiento va en la buena dirección. Pero temo que estén tan obsesionados con la quimioterapia que se les está olvidando que hay que extirpar el tumor.

Sálvese quien pueda

Ahora que parece que casi todo el mundo –a excepción de los partidos nacionalistas- va reconociendo que sí, que UPyD tenía razón, que este Estado de las Autonomías es inviable, que nos hemos pasado 8.300 pueblos –literalmente-, el gobierno central aprieta las tuercas a las CC.AA., y éstas se ven obligadas a reducir lo que siempre dijeron que no tocarían: la sanidad y la educación.

La reacción ha sido inmediata. Los maestros y profesores, y el personal sanitario, a través de sus variopintos sindicatos han visto venir la pérdida de miles de puestos de trabajo interino, y puede que empiecen a sentir el vértigo de un futurible despido de funcionarios con oposición. En otros países ha ocurrido, y no hay razón para pensar que en España no llegue a ser posible.

Por su parte, los padres de alumnos, los universitarios, los enfermos, y los candidatos a enfermos –que somos todos- también han puesto el grito en el cielo, temiéndose que van a verse perjudicados por una u otra vía.

Es curiosa la diferente vara de medir que utilizamos las personas para evaluar las situaciones y establecer soluciones. La conciencia de que existe un gasto público desmesurado es universal. La asunción de la necesidad de reducir gastos y servicios se extiende cada día más. Pero cuando llegamos a lo concreto, y esa reducción se plasma en consecuencias que nos afectan directamente a cada uno, olvidamos lo anterior, y exigimos que a nosotros no nos toquen los derechos adquiridos.

No sé si España será capaz de salir airosa de esta dura y larga prueba. Se necesitaría mucha cordura, visión de futuro, y sentido de estado por parte de los dirigentes políticos; y no son esas las características que más les distinguen. Pero haría falta también grandes dosis de responsabilidad y coherencia por parte de los ciudadanos. Si todos nos obstinamos en que los sacrificios los hagan los demás, podemos entrar en la peligrosa espiral del “sálvese quién pueda”.

Recortes o reformas

Ayer defendía la necesidad de reformar el sistema sanitario -y lo mismo ocurre con el educativo, que abordaré otro día-. No se puede seguir manteniendo el espíritu de buffet libre en la prestación de servicios, porque los ciudadanos no son del todo conscientes de lo que les cuestan, y porque fomentan el abuso y la ineficiencia.

Con todo, las medidas anunciadas en Sanidad no me parecen las más convenientes. Dejando aparte el hecho de que todo el alud de medidas del gobierno deja en evidencia la falsedad y la cobardía que desplegó el PP durante la campaña electoral –hecho gravísimo en sí mismo-, en todas ellas se aprecia la imperiosa necesidad de recortar, y una insuficiente elaboración de reformas estructurales imprescindibles.

Las medidas de racionalización en Sanidad podrán ser aplicadas o no en las CC.AA., con lo que pueden aumentarse la diferencia en los derechos de los españoles en función de la región en que habitan. Si no todas las CC.AA. las aplican, el efecto esperado en cuanto a recuperar confianza de los mercados internacionales se habrá perdido en buena medida. Como viene proponiendo UPyD, habría sido necesario, primero, devolver al Estado las competencias normativas sobre estos servicios, para que la Sanidad fuera la misma para todos, aunque siguiera estando gestionada por lso gobiernos autonómicos.

Se crea, además, un sistema complejo, ligado a la renta de cada usuario, lo que supondrá un elevado coste, una mayor burocracia, y abrirá una puerta más al fraude y al chanchullo –cosas en las que somos expertos en España-. Nada garantiza que muchos médicos vayan a dejar de recetar alegremente todo lo que le piden sus pacientes. Nada garantiza que los pensionistas –y ahora también los parados sin prestación- sigan consiguiendo recetas para toda la familia. No se hace nada para evitar el abuso de las urgencias, ni de las consultas de atención primaria.

En definitiva: un parche para ir tirando. Una leve mejora respecto a lo anterior. Pero todavía muy lejos de una reforma que fomente la responsabilidad de los usuarios y del personal sanitario. Aceptamos el recorte. Pero esperamos la reforma.