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viernes, 16 de septiembre de 2011

Extraña impunidad

María Luisa Cava de Llano es la Defensora del Pueblo interina. Ha pedido –nada más y nada menos- que se legisle para que el despilfarro del dinero público sea tipificado como delito.

Parece que a ningún partido se le había ocurrido la idea –sólo UPyD la venía considerando-. Y sin embargo, responde a una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos: ¿por qué unas conductas que son causa de despido fulminante o de demandas civiles en la empresa privada, quedan impunes en el ejercicio del poder?

Existen, eso sí, figuras jurídicas como la malversación de fondos públicos, la apropiación indebida o el cohecho. Pero no hablamos de eso, sino del mal uso de los recursos públicos por incompetencia, irresponsabilidad negligencia o capricho.

Probablemente, no va a ser fácil definir con precisión jurídica lo que es “despilfarro”, aunque todos tenemos en la cabeza actuaciones gubernamentales o municipales descabelladas, inútiles, desproporcionadas. Quizá el término más homologable sea el de “negligencia”. Un médico que causa un daño involuntario a un enfermo, igual que un aparejador al que se le cae una casa, un conductor que atropella a un peatón, tienen que someterse a una investigación para determinar si los daños se han debido a causas totalmente imprevisibles, o si deberían haberse previsto, y por lo tanto, evitado. Un juez determinará si ha habido o no negligencia, y podrán sufrir pena de prisión, o hacer frente a las correspondientes indemnizaciones con su patrimonio personal.

¿Por qué no sucede lo mismo con los ministros, consejeros o alcaldes? En democracia cualquier ciudadano puede ser elegido para desempeñar cualquier cargo público. Pero tener la acreditación de las urnas en vez de la de una titulación académica no debería ser sinónimo de impunidad.